Después de dos años, este viernes empiezan los alegatos en el juicio contra el ex juez federal Walter Bento. El Tribunal Oral Federal 2 escuchará los cierres del debate por la investigación que apunta a presuntos actos de corrupción que fueron ejercidos por el ex magistrado y que lo señala como la cabeza de una organización ilícita de 33 personas.
Tras más de 300 testigos y un entramado de delitos, la causa finalmente se encamina hacia su definición: este viernes, a las 9 de la mañana, comenzarán los alegatos del Ministerio Público Fiscal.
La fiscal María Gloria André será la encargada de abrir la exposición, en una serie de jornadas que, según estimaciones judiciales, podrían extenderse hasta fin de año o incluso cruzar a 2026. A André la acompañarán el fiscal Dante Vega, quien instruyó la causa, y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El esquema está previsto para que los fiscales desarrollen primero la estructura de la presunta asociación ilícita, luego aborden los quince hechos de cohecho y, finalmente, analicen la dimensión patrimonial del caso.
El expediente que llegó a juicio el 26 de julio de 2023 expone una de las investigaciones más complejas y comprometedoras de la historia judicial de la provincia de Mendoza. Las acusaciones contra Bento comenzaron a principios de 2021 y su caída se consolidó cuando el Consejo de la Magistratura lo suspendió.
Justamente, el 8 de noviembre del mismo año, fue destituido por un Jury de Enjuiciamiento y desde entonces permanece detenido en el penal federal de Cacheuta, con salidas esporádicas para asistir a uno de sus hijos con discapacidad.
Cuál es la acusación contra Bento
El Ministerio Público sostiene que Walter Bento lideraba una organización dedicada a ofrecer favores judiciales a cambio de sobornos en dólares, propiedades o vehículos. En la estructura, el fallecido Diego Aliaga actuaba como lobista o valijero, mientras que los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba cumplían roles de organización. La red, de acuerdo a lo que se trabajó en la investigación, se apoyaba también en policías, informantes, y funcionarios aduaneros.
“La metodología operativa se remonta al menos al año 2007”, sostiene la acusación, en la que se detallan múltiples delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, abuso de autoridad y omisión de deberes, entre otros.
Las causas judiciales se manipulaban a partir de contactos con imputados por narcotráfico, contrabando o delitos económicos, quienes eran convencidos —siempre de acuerdo a lo que se planteó en la acusación— de que con la intervención de Bento obtendrían beneficios procesales.
En el centro de la acusación no solo figura del ex juez, sino también su esposa Marta Boiza Yorino y sus hijos Luciano y Nahuel Bento Boiza, a quienes la fiscalía señala como beneficiarios o partícipes de operaciones destinadas a blanquear activos de origen delictivo. Según la fiscalía, Bento utilizaba a su familia para canalizar la adquisición de bienes y ocultar el enriquecimiento obtenido ilegalmente.
Por esa razón, la etapa patrimonial de los alegatos estará a cargo del fiscal Velasco (Procelac), quien detallará las maniobras de presunto lavado y enriquecimiento ilícito. La defensa de Bento es llevada por Mariano Fragueiro Frías. A pesar de su experiencia en fueros federales, hasta ahora no ha logrado frenar el avance del proceso.
La estructura del juicio
El camino hasta el inicio del juicio no fue sencillo. La conformación del Tribunal Oral Federal 2 atravesó numerosas recusaciones e inhibiciones, hasta que finalmente quedó integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Ratta y María Carolina Pereyra. El proceso se desarrolló en más de un centenar de audiencias y solo en su fase testimonial se escuchó a más de 300 personas.
La etapa de alegatos no permitirá interrupciones por parte de las defensas, que deberán esperar su turno en los próximos meses. Luego de esa instancia, las juezas emitirán un veredicto sobre la culpabilidad o no de cada imputado. En caso de hallar responsabilidad penal, se abrirá un “mini juicio” para definir las penas.
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