En un operativo que abarcó múltiples localidades de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y CABA, la Gendarmería Nacional ejecutó más de 20 allanamientos relacionados con la causa que investiga presuntos delitos económicos en la empresa Vicentín y por orden de la Justicia detuvo a los exejecutivos, Daniel Buyatti (expresidente de la compañía) y Roberto Gazze (exgerente).
Las acciones fueron ordenadas por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, quienes lideran la investigación por estafa y administración fraudulenta contra la empresa. Los exdirectivos de la compañía ocupaban cargos clave cuando ésta declaró el default en 2019 y son considerados por los investigadores como los presuntos jefes del engaño.
Los fiscales consideran que, a pesar de no formar parte del directorio actual, los detenidos continuaban gestionando de manera irregular los fondos que ingresaban a la empresa. También pidieron la detención de Omar Scarel, otro expresidente de la firma, también tiene pedido de detención, y del contador público Alberto Julián Macua. Ambos siguen prófugos.
Esta situación habría motivado la solicitud de prisión preventiva, en el marco de una causa que ya había presentado acusaciones formales a finales de 2023 contra 16 exdirectivos y auditores de Vicentín. Los cargos incluyen asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, y las penas solicitadas por la Fiscalía de Delitos Económicos podrían alcanzar hasta 16 años de prisión.
Los allanamientos, realizados desde el mediodía del viernes, se llevaron a cabo en puntos estratégicos de la provincia de Santa Fe como Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué (PBA) y también en la Ciudad de Buenos Aires.
Estas acciones se desarrollaron de manera simultánea y estuvieron orientadas a recabar pruebas que permitan avanzar en la investigación. Los fiscales Moreno y Narvaja, pertenecientes a la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional, fueron quienes solicitaron los procedimientos, que forman parte de una estrategia más amplia para esclarecer las maniobras financieras de la empresa.
La cerealera Vicentín, una de las principales exportadoras de granos del país, enfrenta desde 2019 una compleja situación judicial y financiera tras haber declarado el default con una deuda que superaba los 1.500 millones de dólares.
Este colapso financiero derivó en múltiples denuncias y en una investigación penal que busca determinar si hubo irregularidades en la administración de los recursos de la compañía.
El caso contra Vicentín tomó un giro significativo a finales de 2023, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos presentó una acusación formal contra 16 exdirectivos y auditores de la empresa.
La decisión de detener a los exdirectivos se fundamenta en la sospecha de que, pese a no formar parte del directorio actual, continuaban involucrados en maniobras financieras irregulares. Los fiscales consideran que estas acciones habrían contribuido a agravar la situación de la empresa, que actualmente se encuentra al borde del colapso.
Los detenidos serán imputados en los próximos días, en el marco de una causa que busca determinar el alcance de las responsabilidades individuales en la crisis de Vicentin. Los fiscales Moreno y Narvaja han señalado que las pruebas recabadas durante los allanamientos serán clave para avanzar en el proceso judicial y esclarecer las presuntas irregularidades en la administración de la empresa.
La investigación
Los fiscales creen que el inesperado default de 2019 no fue consecuencia de una crisis sorpresiva sino de un proceso de endeudamiento y deterioro que comenzó años antes y que se ocultó a los bancos que le prestaban dinero y a las empresas agropecuarias que le entregaban mercadería.
La investigación da cuenta de que llegó un momento en que la cerealera no pudo afrontar el compromiso, interrumpió esos pagos y se presentó en concurso de acreedores. El mecanismo que el Ministerio Público de Acusación considera que se utilizó para construir una estafa en la que se tomaban recursos de bancos y vendedores, aun en medio de una situación financiera complicada, que luego se perdían en el laberíntico mundo de sociedades ligadas a la firma, fue con balances falsos, simulaciones y un flujo de fondos entre la concursada y un entramado de empresas vinculadas.
La Fiscalía acusa a los ex directivos de Vicentín de “haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales, con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018, que contenían información financiera falsa” para ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
También, de presentar ante cinco bancos internacionales informes trimestrales correspondientes a los períodos entre enero 2017 y julio de 2019 que exhibían una aparente sólida situación patrimonial, con el fin de “ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades y así, provocar bajo error disposiciones patrimoniales que superan los 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas”.
Dentro del periodo investigado (2017-2020), los fiscales encontraron que Buyatti, junto a su mujer Geraldín Vicentín, tenían a su nombre una cuenta en Suiza . Para 2020, contenía 450.000 dólares, monto que finalmente fue transferido a sus tres hijos, en concepto de donación. Los fiscales creen que lo hicieron “con el claro objetivo de eludir las consecuencias patrimoniales de los delitos cometidos”.
Sobre Gazze, los investigadores descubrieron que “con posterioridad al anuncio público de estrés financiero, cometió maniobras de disipación de activos”. Y que se destacan “las transferencias de cuantiosas sumas de dinero realizadas a bancos extranjeros, como así también la transferencia de acciones y la creación de empresas en cabeza de sus hijos, a los fines de encubrir su patrimonio y de esta manera eludir las consecuencias patrimoniales de los ilícitos investigados".
En la presentación realizada en diciembre de 2023 ante la Oficina de Gestión Judicial, los fiscales pidieron la apertura del juicio y reclamaron penas de prisión para la conducción que llevó al default de la empresa: para Daniel Buyatti (16 años), Alberto Macua (16 años), Roberto Gazze (17 años), Omar Scarel (14 años), Máximo Padoan (12 años), Cristian Padoan (10 años), Martín Colombo (13 años), Sergio Roberto Vicentin (10 años); Pedro Germán Vicentin (10 años), Yanina Colomba Boschi (10 años) , Javier Gazze (8 años) y Miguel Vallaza (8 años). Además, pidieron penas de 7 años de prisión para Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG (auditora de los balances de Vicentin en su momento) y de tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.
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