El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas sean enviadas a juicio oral y público por extorsionar a beneficiarios del plan Plan Potenciar Trabajo y por defraudar al estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Pollicita presentó un dictamen de 279 páginas en el que consideró cerrada una parte de la investigación y le solicitó al juez federal Sebastián Casanello que el expediente pase a la etapa de juicio oral y público. La acusación es por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.
“La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, sostuvo el fiscal en su dictamen en el que calificó a Belliboni como “jefe” de esa organización.
“Esta organización implementó un esquema de extorsiones y amenazas coactivas con el fin de controlar y manejar —en lo que públicamente se ha denominado ´gerenciamiento´— a miles de personas a lo largo y ancho del país, lo que les garantizaba el poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero que aquellos recibían del Estado como ayuda social, para lo cual corrompieron las facultades que le habían sido asignadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo", agregó Pollicita.
La acusación señaló que a febrero de 2024 el Polo Obrero tenía el manejo de 65 mil planes sociales a quienes les sustraían una parte del dinero público de los planes. El dictamen señaló que esa maniobra “les permitió obtener importantes sumas de dinero, siendo que la recaudación esperada solamente para el período comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos”.
Los acusados también fueron imputados por defraudación al estado nacional. La Fiscalóa sostuvo que a través del ex Ministerio de Desarrollo Social el Polo Obrero recibió fondos para proyectos de formación laboral de las personas pero fueron desviados “en beneficio propio mediante el uso de más de un centenar de facturas apócrifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementación de la política social señalada”.
La causa se inició a fines de diciembre de 2023, en el comienzo del gobierno de Javier Milei. El Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias anónimas si las personas que integraban organizaciones sociales eran obligadas a participar de la marcha del 20 de diciembre para recordar los crímenes ocurridos ese día del 2001 en la salida del gobierno de Fernando de la Rúa.
Hubo llamados y el gobierno hizo una denuncia en Comodoro Py que fue investigada por Pollicita y Casanello. En el caso se obtuvo el testimonio como testigos protegidos de cinco personas. Además fueron allanadas la sede del Polo Obrero y otros domicilios donde se secuestraron cuadernos, computadoras y otra documentación.
Belliboni y el resto de los acusados fueron citados a indagatoria y luego procesados por el juez Casanello, lo que confirmó la Cámara Federal en noviembre pasado y agravó los delitos. Con eso la causa quedó en condiciones de ser enviada a juicio oral.
En su dictamen, el fiscal Pollicita reveló que el líder del Polo Obrero y otros acusados cobraron una suerte de “sueldo”. “Se comprobó que la organización instauró una especie de ´salario´ o ´contraprestación´ para beneficio de los propios imputados, que se nutría tanto de las ´cápitas´ extraídas extorsivamente a las víctimas como de fondos del Estado Nacional y hasta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", explicó. Se trata de montos de hasta 156 mil pesos actualizados a febrero del año pasado y en el caso de Belliboni de 522.500 pesos en marzo de 2024.
El pedido de elevación a juicio oral es para un tramo de la causa. La investigación continuará para determinar si en el caso se cometieron los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
Pero también para investigar a otras personas. Entre ellas Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández y titular de Barrios de Pie, organización barrial cuyos dos integrantes están procesados junto a Belliboni.
Para la Fiscalía la maniobra del Polo Obrero “fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios públicos de la ex Secretaría de Economía Social —encabezados por Emilio Pérsico— quienes durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real". Pollicita pidió el año pasado la indagatoria de Pérsico y previo a tomar una decisión el juez Casanello ordenó una serie de medidas de prueba.
Belliboni fue indagado en la causa en junio del año pasado y negó las acusaciones. Durantes tres horas, el dirigente social contó cómo funciona el Polo Obrero y presentó tres biblioratos con documentación para contrarrestar la imputación. Señaló que los aportes que hacen los integrantes del Polo Obrero son voluntarios y que las empresas que hicieron facturación falsa eran autorizadas por la AFIP y que si había algún problema era responsabilidad de ese organismo que dejaba seguir operando a las compañías.
También acusó a Milei: “Justo esta causa comienza con la campaña antipiquetera y de representación que inició el gobierno el 20 de diciembre”. Durante la investigación, la defensa de Belliboni, a cargo de la abogada Liliana Alaniz, objetó que el juzgado no aceptó sus pedidos de medidas de prueba y denunció penalmente a Pollicita por presuntas filtraciones.
La Fiscalía pidió la elevación a juicio oral de Belliboni y de María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Roberto Albornoz, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Gloria Estrada y Rossemary Grande Arancibia.
Con el dictamen fiscal ahora el juez deberá pedirle opinión a las defensas y luego quedará en condiciones de enviar el caso a juicio oral y público.
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