El procurador le reclamó recursos al Gobierno para asegurar la implementación del sistema acusatorio

En el marco de la aplicación del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones del país, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le envió este viernes una nota al Gobierno nacional para informarle acerca de la “acuciante situación presupuestaria“ que atraviesa su organismo y, a su vez, reclamarle recursos para seguir adelante ”eficientemente" con el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.

La carta del procurador interino estuvo dirigida al Ministerio de Justicia de la Nación, en manos de Mariano Cúneo Libarona, encargado desde el Poder Ejecutivo de poner en práctica el nuevo paradigma procesal, que le otorga más facultades a los fiscales, acorta los plazos de los procesos y elimina el expediente de papel. Los distritos pioneros en su aplicación fueron Salta y Jujuy, luego llegaron Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia. Sin embargo, Casal puso en alerta al ministro respecto a la falta de herramientas para que las jurisdicciones lleven a cabo el trabajo acusatorio.

“En primer lugar, en relación con los recursos tecnológicos de las últimas dos jurisdicciones donde se lo implementó, cabe señalar las siguientes cuestiones. En lo atinente a las licencias del software UFED Inseyets para el Distrito de General Roca - implementado el 4 de noviembre de 2024- fueron entregadas dos en el mes de diciembre, una con Pack de Desbloqueos ilimitados y otra sin desbloqueos. No obstante, pese al tiempo transcurrido, la Dirección de Apoyo a la Investigación Penal informó a esta Procuración General que la empresa proveedora hizo saber que todavía no se le ha ejecutado el correspondiente pago”, expresó el jefe de los fiscales.

“Por otra parte -agregó-, al Distrito de Comodoro Rivadavia -implementado el pasado 2 de diciembre, es decir hace ya dos meses- todavía no le fueron provistas dichas herramientas, ni se tiene conocimiento del estado de las gestiones para su anunciada adquisición, de conformidad con el compromiso interinstitucional asumido al respecto”.

Y señaló: “Por tal motivo, se reitera la solicitud, destacando nuevamente que se trata de un elemento indispensable para que los fiscales puedan llevar adelante las investigaciones complejas de manera más eficiente garantizando el cumplimiento de los plazos procesales establecidos por el Código Procesal Penal Federal (CPPF)“.

Casal hizo hincapié en la adquisición de “computadoras potenciadas” con el propósito de lograr un “uso adecuado y eficiente de las citadas licencias” y “optimizar su rendimiento”. Dijo que la falta de recursos tecnológicos “limita significativamente el potencial de la herramienta y afecta la calidad y celeridad que le podría aportar a las investigaciones penales”.

Al referirse a las próximas jurisdicciones donde se pondrá en funcionamiento el nuevo sistema procesal -Mar del Plata el 7 de abril y Bahía Blanca el 5 de mayo de este año, el jefe de los fiscales remarcó la necesidad de volver a señalar “la acuciante situación presupuestaria que atraviesa esta Institución, analizada a la luz de pormenorizados diagnósticos que fueron adjuntos a la última nota dirigida a esa cartera, de la cual este Despacho no ha tenido respuesta pese al tiempo transcurrido”.

Bajo esos parámetros, le hizo saber a Cúneo Libarona que la semana pasada la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía convocó a una reunión con distintos organismos nacionales donde se adelantó que no se otorgarán incrementos en los créditos presupuestarios del actual ejercicio. Es decir, que la Procuración, entre otros, no recibirá más recursos por afuera de los ya estipulados.

“Entiendo entonces que -advirtió Casal al ministro de Justicia-, ese Ministerio debe fijar como prioridad el avance de la implementación del sistema acusatorio a nivel federal, para lograr los recursos necesarios, puesto que tal como ya fue mencionado en las anteriores notas, el Ministerio Público Fiscal no cuenta con los medios tecnológicos, la estructura edilicia ni los recursos humanos y materiales necesarios para poder continuar implementado un nuevo sistema procesal que le otorga más funciones y obligaciones”.

A su vez, al citar el artículo 43 de la ley 27.148, que diseñó la estructura del Ministerio Público Fiscal, aseveró: “La norma es clara y coherente al considerar que el aumento de funciones que el nuevo proceso le asigna a esta institución debe ser acompañado de los recursos pertinentes. Sin embargo, según lo informado en el ámbito del Ministerio de Economía, cabe concluir que esto no sucederá”.

Luego agregó: “En tal sentido, tampoco hemos tenido respuesta en orden a la propuesta del eventual traspaso de personal desde estructuras judiciales que triplican en promedio a este Ministerio Público Fiscal que ahora asumirá en forma exclusiva la responsabilidad de llevar adelante todas las investigaciones penales”.

Al finalizar la nota, el procurador resaltó que su organismo siempre acompañó y priorizó “con todos sus recursos tanto humanos como materiales” una política pública “de austeridad”. “Ahora bien -precisó-, esa predisposición y prioridad sigue vigente a tal punto que esta nota no busca detener ese proceso -de implementación del nuevo Código- sino que se comprenda que no puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos para tal fin, en tanto y en cuanto los que habían sido administrados y proyectados desde el inicio de mi mandato como Procurador, fueron totalmente utilizados en las implementaciones del año 2024 para suplir las deficientes que hubo, entre otras cosas, por solo haber existido una ley de fortalecimiento con adjudicación de los recursos correspondientes en la jurisdicción federal de Rosario“.