En un expediente que investiga presuntas irregularidades en la contratación de la firma brasileña Odebrecht S.A. para llevar adelante la ampliación de dos gasoductos, la Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves un recurso de queja presentado por la defensa del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien había impugnado la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso penal.
Se trata del expediente que analiza supuestas maniobras ilegales entre exfuncionarios pertenecientes al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) para favorecer a la constructora Norberto Odebrecht S.A., cuya casa matriz confesó haber pagado coimas en Argentina, y direccionar un trámite de contratación vinculado a obras de ampliación de la capacidad de transporte de gas, conocidas como TGS y TGN.
En ese marco, el conflicto en el que terminó interviniendo el Máximo Tribunal comenzó el 19 de diciembre de 2018, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió admitir la petición de la UIF para ser considerada parte querellante en el expediente. Dicha decisión fue cuestionada por la defensa de De Vido, quien recurrió a sucesivas apelaciones para revertir el fallo.
Las actuaciones llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia por intermedio de un recurso directo firmado por los abogados defensores del ex ministro durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Allí, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el planteo quedó desestimado por incumplir con “el requisito previsto en el artículo 7°, inciso c, del reglamento aprobado por la acordada 4/2007″ -esto es, no acompañar copia del escrito de contestación del traslado-.
En Argentina, la empresa constructora está involucrada en tres causas judiciales distintas: la investigación sobre el soterramiento del tren Sarmiento; el caso de los gasoductos -dividida en dos tramos-; y el de la planta de Aysa en Tigre -ya elevada a juicio oral y público-. El foco de las tres es el mismo: el presunto direccionamiento de las licitaciones por medio del pago de sobornos a funcionarios para ser beneficiados en esos proyectos.
En Brasil, durante el estallido del escándalo Odebrecht, conocido como Lava Jato, los ex ejecutivos de la firma Marcio Faria y Luiz Antonio Mameri admitieron bajo acuerdos de colaboración que la compañía pagó coimas relacionadas con esas tres obras en Argentina. Estas declaraciones quedaron registradas en videos y documentos oficiales que forman parte de las confesiones de ambos. La Procuraduría de Brasil remitió esas pruebas a la justicia argentina, incluyendo registros de transferencias y pagos vinculados a supuestos sobornos a funcionarios locales.
En el caso del gasoducto, la investigación se dividió en dos etapas. Por un lado, ya fueron enviados a juicio varios exfuncionarios acusados de negociaciones incompatibles con la función pública. Entre los involucrados figuran el ex ministro de la cartera de Planificación Federal; el ex secretario de Energía Daniel Cameron; y otros funcionarios como Bautista Marcheschi y Cristian Alberto Folgar, quienes se desempeñaron como subsecretario de Energía y director suplente de CAMMESA, respectivamente. También aparecen los entonces representantes de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat.
La hipótesis acusatoria establece que los funcionarios públicos habrían beneficiado de manera ilícita a Cammesa y a Odebrecht en la adjudicación de contratos para la ampliación de los gasoductos TGS y TGN, por un valor de 2.300 millones de dólares. Y es que, de acuerdo a los elementos recogidos por la acusación, desde el Ministerio de Planificación Federal se diseñó una licitación privada que se ajustaba a los intereses de Odebrecht, alterando las normativas vigentes hasta entonces.
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