El tribunal que condenó a Cristina Kirchner ahora deberá resolver si ordena su detención e inhabilitación perpetua

El Tribunal Oral Federal 2 que en diciembre del 2022 condenó a seis de prisión a Cristina Kirchner deberá resolver si hace lugar al pedido de una ONG que solicitó la inmediata ejecución de la sentencia: su detención y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así se desprende de la resolución que tomó este martes la Cámara Federal de Casación Penal, que recibió la presentación.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron que su competencia es recursiva y remitió el pedido al Tribunal Oral. Así las cosas, serán los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tendrán que resolver el pedido para ejecutar la sentencia, ahora que el fallo fue respaldado en Casación.

La decisión de Casación se conoció un rato después de que la ex presidenta apareciera en los tribunales de Comodoro Py 2002 para notificarse del fallo en su contra. Bajo un coordinado hermetismo, Cristina Kirchner ingresó por el subsuelo de los tribunales federales para subir por ascensor al sexto piso y, en apenas un par de minutos, firmar la notificación impuesta. Llegó sobre las 2 de la tarde.

Algunos periodistas habían estado haciendo guardia en la puerta del despacho hasta las 13.30 la hora que termina la atención al público en ventanilla y, por la falta de movimientos y certezas, dieron por hecho que ya no se presentaría durante esa jornada. Todavía tenía chances de hacerlo mañana, pero este miércoles se espera al ex presidente Alberto Fernández, su ex compañero de formula, para declarar en indagatoria en la causa de los seguros.

Vestida de blanco y con una escarapela en el pecho, fueron pocos los que la vieron. Una joven alcanzó a sacarse una foto con ella. Fue todo tan rápido que sólo el policía de guardia en el sexto piso del tribunal alcanzó a verla. Sus abogados quedaron unos minutos después hablando con el secretario del TOF pero para cuando los periodistas llegaron la ex presidenta ya se había retirado.

El 6 de diciembre del 2022, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad y fue absuelta por mayoría por el delito de asociación ilícita. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejercía. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme. Es que tanto la fiscalía como la querella anunciaron que apelarán la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Esos planteos recién se formalizarían, con sus fundamentos, a mediados de febrero próximo.

Pero ayer la ONG Será Justicia se presentó en la causa para ser tenida como “amicus curiae” y le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que ordene la detención y una medida cautelar para que la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner no pueda ejercer cargos públicos por la ratificación de la condena en la causa de la obra pública en Santa Cruz. La entidad también reclamó que se inicie el decomiso de bienes que se ordenó en la causa.

A lo largo de su presentación, la ONG -con la firma de los abogados Raúl Daniel Aguirre Saravia, Inés Arias y María Eugenia Talerico- explicó que la Constitución Nacional en su artículo 36, establece que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

“La citada cláusula constitucional, no es más que la decisión del pueblo argentino a través de sus representantes, elegidos libremente para integrar la Convención Constituyente de 1994, de impedir el ejercicio de cargos públicos cuando mediaren actos de corrupción graves. Semejante prerrogativa, viene a consolidar una idea que se ha arraigado fuertemente en nuestra sociedad relativa al enorme daño que provoca la corrupción estatal al país, su cultura, su economía y a la calidad de nuestra democracia”, sostuvo la presentación.

La entidad agregó que ya hay un doble conforme de condena en el caso y planteó dos escenarios para dictar la medida: “Existen razones suficientes que la justifican. Una de ellas, dentro de las más salientes, es que la eventual intervención extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta ajena a cuestiones de hecho y prueba, de modo tal que los actos de corrupción verificados en autos en cabeza de Cristina Fernández no deberían ser modificados. Otra de las razones destacables es que, con esta disposición, se pretenden asegurar y garantizar los fines del proceso en sus últimas instancias, evitando maniobras que le faciliten su impunidad o posibles injerencias desde el poder en la actividad de la justicia”.

También señaló que si no dicta lo contrario, Cristina Kirchner podría ser candidata en las elecciones del año que viene “y, a partir de allí, obtuviera fueros parlamentarios que impedirían el futuro cumplimiento de la condena”. “Sumado a ello, su condición de presidenta del Partido Justicialista, cuyo bloque de senadores ostenta la mayoría del recinto, podría hacer recaer bajo sus designios -conforme dominio político que ejerce sobre sus miembros- la selección de uno o más integrantes del Máximo Tribunal de Justicia del país que, paradójicamente, deberán resolver su situación procesal”, agregó.

Otro punto que planteó Será Justicia ante la Cámara de Casación es que analice si la ex presidenta no debería ser detenida ante un posible riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación y citó como antecedentes reciente el del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y el del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, quienes fueron detenidos la semana pasada con una condena confirmada pero no firme en un caso de corrupción.

Los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña derivaron el tema ante los jueces del tribunal. Señalaron que sólo tienen jurisdicción recursiva por lo cual remitió la presentación al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su disposición el caso. Según trascendió, los jueces tuvieron en cuenta que la ONG no es parte en el expediente ni ha tenido ninguna intervención previa y que la presentación se encontraba dirigida al tribunal y no a la Casación.