Llamó para ofrecer asesoría por problemas judiciales con el logo de un estudio jurídico, pero era un funcionario de tribunales

Un empleado judicial quedó procesado por presunta “utilización de datos e información de carácter reservado que conoció por su cargo y con fines de lucro”. Todo comenzó en septiembre del año pasado, cuando contactó a un acusado en una causa penal que tramitaba en su Defensoría Oficial para informarle que estaba citado a declaración indagatoria y ofrecerle patrocinio. Hasta ahí, algo rutinario, salvo un detalle: envió los mensajes desde un usuario de WhatsApp con logo de un estudio jurídico privado y nunca informó al imputado que se comunicaba desde un despacho de la defensa oficial ni que tenía derecho al servicio jurídico gratuito si así lo deseaba, según la acusación.

A esa altura del caso, el acusado ya estaba en tratativas con un abogado particular, le contó lo sucedido y se presentó la denuncia penal. La Cámara Nacional en lo Criminal de la ciudad de Buenos Aires acaba de confirmar el procesamiento del Oficial Mayor de la Defensoría Oficial del fuero, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que a esta altura de la investigación hay “sospecha suficiente” para avanzar a la etapa de juicio oral que “permitirá determinar en forma definitiva la responsabilidad que cabe al imputado”

El suceso ocurrió entre el 11 y 12 de septiembre de 2023, cuando el funcionario judicial S.L.P mensajeó a J.F.S.. Hubo un intercambio a través de WhatsApp. A su vez, en la información del número de mensajería del oficial de la Defensoría, se remitía a una cuenta de Instagram. “Tanto en la descripción de la cuenta de Instagram como en los mensajes automatizados de la de WhatsApp empresarial con la que se comunicó con S” se utilizaba “terminología propia del ámbito privado”

La defensa del ahora procesado intentó desvirtuar la acusación y argumentó que se trató de “simples errores o equivocaciones” y que el actuar del empleado judicial estuvo “dentro del ejercicio legítimo de sus funciones”. No negó el intercambio de mensajes ni la creación de la cuenta en Instagram.

Sostuvo que al procesarlo en primera instancia, el juez de instrucción no valoró “de manera adecuada el descargo” El empleado judicial explicó que adquirió un nuevo chip para el teléfono, los motivos por los cuales creó la cuenta en la que figuraba la mención a un ‘bufete de abogados’ o ‘clientes’. También sostuvo que no podía generar una cuenta oficial de la Defensoría porque “no tenía facultades para ello” y “que no había restricciones para que utilizara su línea personal u otras paralelas para contactarse con los asistidos”

También aseguró que “en ningún momento le requirió dinero al imputado” y que de los intercambios no se desprendía la prestación de un servicio pago. El empleado judicial “no podía asumir la defensa de persona alguna” de manera privada porque su matrícula como abogado no está habilitada, agregó su defensa.

También destacó que “no se obtuvo información que acreditara que el estudio jurídico denominado “E. L. A.” se hubieran presentado a alguna causa de intervención de la defensoría donde se desempeñaba” P. Si bien pudo haber una mala decisión en la manera de identificar el teléfono y la cuenta de Instagram, “ello no acreditaba la existencia de una actividad lucrativa” y el error pudo enmarcarse en un contexto de un delicado cuadro de salud que atravesaba.

Frases como “Somos un bufete de abogados especializados en Derecho Penal”, son “incompatibles con la naturaleza de una Defensoría Oficial y tienen una connotación vinculada claramente con un estudio jurídico privado, que por su naturaleza se exhibe oneroso”.

Los jueces advirtieron que “no hay ninguna justificación para que los mensajes de la cuenta empresarial de WhatsApp que creara, no contuvieran referencia alguna a que el mandato que habilitaba esa comunicación residía en su condición de empleado de una Defensoría Oficial”. Tampoco se puede calificar como “error” que el empleado judicial no haya respondido a una pregunta del acusado vinculada al costo de los servicios.

“Esta omisión refuerza la conclusión de que el imputado buscaba ocultar la naturaleza pública y gratuita de los servicios de la Defensoría, en beneficio de una captación de clientes para una labor privada cuyos honorarios podía y pretendía percibir”, concluyeron en la resolución los jueces Pablo Lucero y Mariano Scotto.

El empleado judicial habría omitido identificarse como miembro de la Defensoría, no le hizo saber “en absoluto” a su interlocutor la posibilidad que tenía de ser asistido gratis y " en cambio, habría aprovechado la oportunidad y el acceso que tenía al expediente para intentar captarlo como cliente de un estudio jurídico identificado con el nombre de fantasía D. L. A. "

La cuenta desde la cual se contactó mostraba en la foto de perfil una balanza dorada sobre fondo negro. “Este usuario de WhatsApp se encontraba a su vez ligado al perfil de la red social Instagram identificado como D. L. A. , que presentaba la misma foto que la cuenta anterior, contaba con una descripción debajo del nombre de perfil que consignaba Somos un bufete de abogados especializados en Derecho Penal. No generamos contenido de clientes ni de cuestiones técnicas. Secreto de Sumario”.

A su vez, “presentaba un enlace a través del cual se accedía a una conversación vía WhatsApp con la línea que usó” el acusado. El empleado judicial se limitó a ofrecer sus servicios el 11 de septiembre, “dejando el resto a la interpretación del contactado”

Al día siguiente, el 12 de septiembre de 2023, el candidato a cliente se contactó a través de la misma línea para preguntar costos y recibió una respuesta “aparentemente automatizada que rezaba Gracias por comunicarte con D. L. A. . Por favor, haznos saber cómo podemos ayudarte. A la brevedad me estaré contactando Para acelerar el asesoramiento, por favor envíenos datos del juzgado, n° de causa y el hecho que se le imputa - puede adjuntar foto/captura de la notificación-. Si necesita hacer una denuncia, desarrolle el motivo”

S. respondió que no conocía los datos del expediente y que había tomado conocimiento de aquel por su mensaje anterior, a lo que P. contestó “Te podemos llamar para asesorarte mañana, te parece a la mañana?” Pero esa misma tarde, el ahora procesado se enteró de la denuncia, llamó a S. y le hizo saber que “cumplía funciones en una Defensoría Oficial y que la asistencia letrada que estaba ofreciéndole era gratuita y opcional.” Las aclaraciones llegaron tarde.