Qué sanciones pueden recibir Juan Grabois y Leila Gianni tras el fallo de la Cámara Federal en la causa de los alimentos

La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó hoy que el ministerio de Capital Humano evalúe la conducta de su subsecretaria de Legal, Leila Gianni, y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) la de Juan Grabois por su participación en la escandalosa audiencia que tuvieron ayer en el tribunal.

Lo hizo la Sala II, por mayoría, en el fallo en el que confirmaron la resolución del juez federal Sebastián Casanello por la cuál Capital Humano debe presentar un plan para la entrega de los alimentos que tiene en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán.

“Libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”, resolvió el tribunal.

Así, ahora será por un lado el Poder Ejecutivo el que analice la conducta de Gianni y el CPACF, bajo la presidencia de Ricardo Gil Lavedra, el que haga lo propio con Grabois, ya que el dirigente social es abogado.

En el caso de Gianni, por tener el rango de subsecretaria y por ser de carrera en la administración pública el caso se entiende que pasará a la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo hoy a cargo de Rodolfo Barra y que tiene una dirección de sumarios. Pero esa decisión puede ser discutida y que el caso tramite en el ministerio de Sandra Pettovello Para los casos de rango más inferior la investigación la hace cada Ministerio.

Lo que se inicia es un sumario administrativo para evaluar la conducta de la persona denunciada. Ese sumario tiene distintos pasos que incluye la defensa de la persona acusada. Y las posibles sanciones van desde las más leves como un apercibimiento o un llamado de atención por su actuación hasta el descuento de sus haberes o la suspensión por un plazo determinado, entre las intermedias. Las sanciones más graves son la cesantía o la exoneración en el cargo.

En el caso de Grabois, la denuncia llega a la Presidencia del Tribunal de Disciplina del CPACF. Allí se da el primer paso que es el análisis de que la denuncia cumpla con los requisitos formales que establece la ley. Es un mecanismo de aceptación o no de la denuncia. Si las cumple lo que se hace es sortear una de las tres salas del Tribunal donde el caso quedará radicado. Cada sala está integrada por cinco abogados.

El caso lo lleva un sumariante que es quien presenta la primera opinión de la denuncia. Es mediante un dictamen el que expresa si hay motivo para sancionar al abogado o si la denuncia debe ser rechazada. Ese dictamen pasa al pleno del Tribunal de Disciplina. La opinión del sumariante no es vinculante y los jueces del tribunal pueden tener otro criterio.

Si el Tribunal entiende que hay motivo para una sanción convocan al abogado a una audiencia oral para que se defienda y presente sus argumentos. También se puede abrir una instancia de prueba en la que el tribunal ordene medidas para tener más información del caso.

Luego, el tribunal de abogados decide si impone una sanción. Esas sanciones van desde un llamado de atención o multas de dinero que tiene un tope del salario de un juez primera instancia o la suspensión por un determinado plazo que determine el tribunal. La sanción más fuerte es la expulsión de ese abogado de la matricula del colegio, lo que no le permite ejercer en el ámbito de la justicia nacional y federal.

Cualquier sea la decisión que tome el tribunal se pude apelar para que sea revisada ante la Cámara Contencioso Administración Federal. Según fuentes del CPACF, el organismo recibe 20 denuncias por semana contra abogados por su desempeño.