En medio de la bochornosa audiencia que protagonizaron esta mañana la representante del área de legales del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni y el dirigente social Juan Grabois ante los jueces de la Cámara Federal, otras partes de la causa decidieron dar su batalla por escrito: por un lado, la propia Sandra Pettovello y por el otro el fiscal General interino ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe, quien sostuvo que “el intento” del Gobierno “de correr el eje de la discusión es evidente” y subrayó que aquí se están investigando “delitos”, no discutiendo política alimentaria de Gobierno.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, la ministra -a través de sus abogados- defendió la postura del Ministerio, en sintonía con los planteos que hizo públicos la representante del Ministerio. Insistió con la decisión política del reparto de alimentos y subrayó cómo se había asistido a los sectores vulnerables en esta gestión. También cuestionó los alcances de la medida cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello, y que motivó la apelación ante la Cámara Federal.
Por su parte, el fiscal Agüero Iturbe presentó su memorial para apoyar a fiscalía de Paloma Ochoa y advirtió que “no se está invadiendo ninguna esfera de reserva que importe quebrantar la división de poderes”. “Bajo el mote de cuestión política no justiciable se trasluce una discrepancia de criterio con la decisión del caso. El magistrado no se está atribuyendo facultades propias de la apelante. No se alza el juez en contra del sistema normativo. Es inexistente la invocación de competencias y en consecuencia de este agravio”, sostuvo.
Según subrayó, “la decisión solo se limita a requerir información y pedir que se elabore un plan de entrega conforme a los parámetros que establezca el Ministerio de Capital Humano, para la entrega de alimentos que ha declarado tener. Ello no importa en modo alguno entender que el magistrado haya delineado una política pública, aún cuando dicha política podría ser sometida a consideración judicial”.
Agüero Iturbe afirmó que “Casanello, con su proceder, se mantuvo dentro de las facultades jurisdiccionales. Entonces más allá del carácter debatible de la pretensión de atribuir el carácter de cuestión de política no justiciable a un plan estructurado por la propia normativa nacional y constitucional, nos encontramos frente a un proceder judicial desplegado dentro, reitero, de los poderes jurisdiccionales”
Para el fiscal, “el intento de correr el eje de la discusión es evidente”. Y subrayó que aquí “se investiga un hecho delictivo”· en busca de “la averiguación de la verdad y en virtud del cual se comprobó la existencia de los depósitos con mercaderías.” Por eso, añadió, “lo que advierto es que no se alcanza a comprender es que no estamos sustanciando ninguna litis sobre el marco de planes Nacionales de Seguridad Alimentaria. Aquí se investigan delitos”.
Tras sostener que la cautelar “no es un capricho del magistrado o un contrasentido”, el representante del Ministerio Público respondió también a los argumentos del Ministerio de Capital Humano señalando que ya estaba entregando los alimentos que estaban por vencer, mediante un convenio con la Fundación Conin a través del Ejército. “Ni el rugir de los camiones colmados de alimentos para su entrega deben o pueden solapar lo que realmente acontece en este caso”, disparó.
La decisión sobre el futuro de la cautelar está en manos de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que hoy encabezaron la escandalosa audiencia que tuvo lugar en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, en donde Grabois y Gianni -representante de legales del Ministerio de Capital Humano- decidieron pelearse en la audiencia y en los pasillos frente a los periodistas.
En la causa, mientras tanto, la inspección que se hizo el sábado en el galpón de Villa Martelli demostró de 30.240 unidad de leche en polvo de un kilo que estaban informadas había solo 18.640, por lo que faltaban 11.600. Con otro lote de 49.950 unidad de leche en polvo informadas faltaban 8. En tanto, de otras 229.034 unidades de leche en polvo hay 11.600 de más. Tampoco no se encontraron en el depósito los aceites de marca “Costa del Sol” no se encontraron pero sí había 25.350 unidades del aceite “Alsamar” que no estaban registradas. Lo mismo ocurre el producto de puré de tomate.
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