Se suman más avales del Poder Judicial para Ariel Lijo

El juez Ariel Lijo, uno de los candidatos junto al catedrático Manuel García Mansilla propuestos por el Gobierno para la Corte Suprema de Justicia, sigue sumando adhesiones en el proceso que se abrió el pasado 15 de abril cuando el Poder Ejecutivo oficializó las candidaturas de ambos en el Boletín Oficial.

Entre los magistrados que enviaron sus adhesiones en favor de la postulación de Lijo se encuentran los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal federal del país, se encuentran Daniel Petrone, Carlos Mahiques, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

A estos magistrados se suman Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, María Servini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°5, Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, y Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10.

Estos destacaron la trayectoria, formación, seriedad y cualidades morales y personales del juez Lijo, propuesto para ocupar el lugar disponible en el máximo tribunal.

Actualmente, Lijo está a cargo del Juzgado Federal N°4 y subroga en los juzgados N° 6 (ex Rodolfo Canicoba Corral) y 12 (ex Sergio Torres). En tanto, Julián Ercolini subroga en el juzgado N°11 cuyo titular fue Claudio Bonadio hasta su fallecimiento en 2020.

El máximo tribunal del país está integrado por cuatro ministros desde noviembre de 2021, cuando se oficializó la renuncia de la Dra. Elena Highton de Nolasco. Y en diciembre de este año, cuando el juez Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años, quedará con tres miembros: el presidente Horacio Rosatti, quien también preside el Consejo de la Magistratura, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, y el juez Ricardo Lorenzetti. Por eso desde el Poder Ejecutivo se propusieron dos nombres para llenar esas vacantes: el 20 de marzo el Gobierno anunció a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente las postulaciones del juez federal Ariel Lijo y del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García-Mansilla, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lijo es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerció la docencia. Empezó a trabajar en el Poder Judicial como meritorio, y luego se sumó al equipo de trabajo de la fiscal María Riva Aramayo. En 1993 Riva Aramayo pasó a trabajar en la Cámara Federal, en la Sala I, y Lijo la acompañó durante varios años, llegando hasta el cargo de secretario de Cámara. En 2004 concursó para cubrir una de las cuatro vacantes en los juzgados de Comodoro Py. Quedó entre los primeros puestos, su pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, y en octubre de ese año su pliego fue aprobado. Desde entonces se desempeña como titular del Juzgado Federal Nº4.

El pasado lunes, en el Boletín Oficial, el Gobierno publicó las propuestas para las vacantes que quedan en el Máximo Tribunal con el extenso currículum de los magistrados. Además, señalaron que “en todos los casos se trata de una síntesis de los datos” que componen los curriculum vitae, que podrán ser consultados en detalle en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación: www.jus.gov.ar.

“Déjase establecida como finalidad última de los procedimientos adoptados, la preselección de los candidatos para la cobertura de vacantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”, resaltó el Gobierno sobre ambos postulantes en el Artículo 2° del texto oficial.

“Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de 15 días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos”, agregó el Poder Ejecutivo.