La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de planteos que la Inspección General de Justicia (IGJ) había llevado al máximo tribunal por presuntas irregularidades en la empresa Hotesur, de la familia de la ex presidenta Cristina Kirchner, y el contra el fideicomiso de sus empresas que había armado Mauricio Macri cuando asumió la presidencia de la Nación.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el máximo tribunal rechazó las apelaciones que la IGJ había hecho para que se ratifiquen sus decisiones y que habían sido previamente revocadas en otras instancias judiciales.
En el caso de Hotesur, la sociedad de los Kirchner por la cual alquilaban sus hoteles en Santa Cruz, la IGJ le había impuesto una multa al interventor de la empresa por haber omitido la presentación de los estados contables de esa sociedad durante los períodos 2017-2020. Pero la Sala F de la Cámara Comercial revocó esa sanción, ante lo cuál la IGJ apeló para ir a la Corte que, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, desestimó los planteos.
Hotesur y Los Sauces son dos empresas de la familia Kirchner que fueron creadas para el alquiler de propiedades. Por ese caso hay una causa penal en la que la ex presidenta está acusada de lavado de dinero de dinero y asociación ilícita junto a otros imputados.
El caso llegó a la instancia de juicio oral y, sin hacer el proceso, el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py sobreseyó a todos los acusados pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó que se haga el juicio. La decisión de si se hace o no el proceso fue apelado a la Corte Suprema.
En el caso de Macri también la IGJ fue la que impulsó los expedientes. El entonces jefe de Estado había asumido la presidencia e impulsó un fideicomiso ciego para que allí se administren sus sociedades. Esto ocurrió el 12 de abril de 2016, fecha en la que Macri celebró con “Seguridad Fiduciaria SA” un contrato de fideicomiso de administración en el que cedió acciones emitidas por las sociedades “4 Leguas SA”, “Molino Arrocero Río Guayquiraró SA”, “María Amina SA” y “Agropecuaria del Guayquiraro SA”. Y también sus derechos en el fideicomiso denominado “Fideicomiso Inmobiliario Caminito”.
El objetivo era que durante su presidencia él no maneje sus negocios para que no haya sospechas de posibles beneficios a las compañías.
Sobre el fideicomiso ciego, la IGJ inició el 23 de marzo de 2021 una actuación sumarial con respecto al contrato a la que se agregaron todos los expedientes administrativos correspondientes a las sociedades vinculadas a la operatoria. Se realizaron inspecciones, pedidos e intimaciones para que se aportase información que la IGJ requería y luego el organismo -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación- inició una acción judicial en la que solicitó la de nulidad del contrato de fideicomiso ciego y pidió declarar la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de diversos actos societarios de las sociedades vinculadas.
Pero la Sala C de la Cámara Comercial dejó sin efecto una serie de decisiones de aquel organismo vinculadas a las sociedades “Agropecuaria del Guayquiraro SA”, “4 Leguas SA” y “María Amina SA”. En los tres casos, la Cámara entendió que el organismo carecía de legitimación para iniciar las acciones de impugnación de asambleas previstas en la Ley de Sociedades, las que de todos modos se hallaban caducas.
La IGJ apeló a la Corte Suprema que por unanimidad de sus cuatro jueces, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó los planteos.
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