El fiscal federal Ramiro González imputó hoy al ex presidente Alberto Fernández y a un ex directivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, tras la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES. También fueron imputados Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA, y el responsable de TG Broker S.A.
La denuncia la había presentado el jueves pasado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntos irregularidades durante la administración anterior.
Alberto Fernández y Pagliano ya están imputados en la otra causa que también impulsó el fiscal González y tiene a cargo el juez Julián Ercolini. Por ese expediente, anoche se ordenó un allanamientos en la casa del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa, María Cantero, quien fue durante tres décadas la secretaria del ex presidente. En ese procedimiento, la Policía Federal secuestró varias agendas, teléfonos y computadoras que ahora serán peritadas, pero no encontró documentación vinculada con la causa judicial.
La causa principal sigue muy activa. Esta tarde, el juez firmó 27 órdenes de presentación a distintas compañías de seguros para obtener contratos, pudo saber este medio de fuentes judiciales.
En paralelo, el ex presidente y Pagliano hoy sumaron una nueva imputación por la segunda causa judicial.
Además de impulsar la investigación, el fiscal González pidió varias medidas de prueba y que sea convocado, como testigo, Osvaldo Giordano, el ex titular de ANSES que fue echado por el presidente Javier Milei tras detectar las comisiones que pagaba el organismo por los seguros.
González seguirá al frente de este expediente, pero en la causa principal será reemplazado desde el lunes próximo por su colega Carlos Rívolo, que estaba de licencia.
Entre otras cosas, González reclamó que la Superintendencia de Seguros de la Nación informe “si registra actuaciones vinculadas con San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y/o TG Broker S.A. a efectos de que dichas firmas intervengan - en carácter de organizador y de productor asesor respectivamente- en los Seguros de vida colectivos de saldo deudor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, y en su caso, remita las correspondientes constancias”.
También le pidió al juez que encargue un peritaje de la especialidad “con el objeto de determinar el perjuicio patrimonial, consistente en la variable entre el régimen pretérito al decreto 823/2021 y la operatoria de contratación a través de un bróker de seguros denunciado en autos”.
La denuncia original apuntaba al rol de D’Angelo -que ahora es concejal de Unión por la Patria en el partido bonaerense de Quilmes- para saber si “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
Los investigadores que trabajaron en la denuncia presentaron como prueba clave una nota firmada por D’Angelo, y enviada a Nación Seguros, donde le comunicaba la decisión de elegir a San Ignacio y a TG Broker como organizador y productor de seguros, respectivamente.
Esa nota nunca se incorporó al sistema GDE (Gestión Documental Electrónica) que debe utilizar ANSES.
En la denuncia se advirtió que “las pólizas oportunamente remitidas a la ANSES para ejercer su derecho legal de observación no merecieron del parte del área competente, es decir, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, observación ninguna. El Fondo no observó ninguna irregularidad cuando aparecían estas aseguradoras metidas cobrando comisiones en los contratos con Nación Seguros”.
Concretamente, D’Angelo está acusado de elegir a dedo las empresas intermediarias. “Las maniobra denunciadas se refieren a un universo de prima pura pagada por ANSES a Nación Seguros S.A. durante el período marzo 2022 – octubre 2023 que asciende a casi $10.000.000.000 nominales”, dijo el Gobierno al momento de denunciar.
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