El Juzgado Federal de Caleta Olivia se declaró competente para intervenir en un caso donde se investiga la presunta trata de personas con fines de explotación laboral de unos marineros senegaleses que integraron la tripulación de un barco pesquero encabezado por un capitán español que navegaba por las Islas Malvinas para pescar en la milla 200. En ese marco, el comandante del buque fue llamado a prestar declaración en conformidad con el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en material penal firmado con España.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la jueza federal Marta Isabel Yanez hizo lugar al pedido del fiscal Lucas Colla respecto a la declaración judicial de competencia con el fin ulterior de llamar a indagatoria al comandante español acusado de cometer el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral por acogimiento y recepción triplemente agravado por haber aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el haber consumado dicha explotación y la pluralidad de víctimas”.
En rigor, la investigación penal se inició tras la denuncia en 2017 de una médica argentina que atendió a un marinero senegalés que cumplía funciones en la bodega de un buque pesquero y que tuvo que ser auxiliado por razones de emergencia sanitaria a través de la intervención de un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina.
El buque en cuestión había partido el 15 de febrero de ese año desde la República de Cabo Verde hasta Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, desde donde zarpó con rumbo a Montevideo en un derrotero que repetiría en “reiteradas oportunidades, cada vez que iban a pescar a la zona de la milla 200″, consignó el MPF.
El 5 de junio de 2017 la Prefectura llevó a cabo un rescate aéreo sobre el barco extranjero, que se encontraba fondeado a 135 millas náuticas dentro de las aguas jurisdiccionales del país. Previamente, la embarcación había solicitado por radio la asistencia médica urgente de uno de sus marineros senegaleses, quien fue trasladado a un hospital de Puerto Deseado, en Santa Cruz.
El tripulante arribó al lugar en un estado de coma. Allí recibió la atención de una médica que dispuso su internación en virtud del nivel de hipotermia y deshidratación del marinero. La mujer le informó a las autoridades marítimas el cuadro médico y, un día después, decidió radicar una denuncia en la Justicia por el “alto riesgo social” y el “agotamiento psicofísico” que evidenció el paciente.
Una semana después, la fiscalía de instrucción de Caleta Olivia llamó al marinero a prestar testimonio en la causa, donde manifestó ser un marino mercante contratado por una empresa pesquera radicada en la ciudad de Vigo, España. Contó que había sido contactado desde Senegal, donde vivía, y que lo habían hecho viajar en avión hasta Cabo Verde para embarcarse en el buque pesquero dotado de 15 senegaleses, 11 indonesios y un mauritano, y encabezado por el comandante español.
Además, el tripulante auxiliado declaró que desde el momento en que empezó a trabajar en el barco “el capitán no le dio un respiro”, y que en la zona de pesca llegó a estar activo “casi tres días sin dormir”. Describió asimismo las tareas de estibado que llevó a cabo en la bodega de la embarcación, con ropa inadecuada debido a las “medias y botas de agua de mala calidad”.
Según su testimonio, durante un periodo de tres meses de trabajo forzoso empezó a sentirse mal, con fuertes dolores en el pecho, sin embargo, no quiso abandonar a sus compañeros en esas condiciones y decidió seguir trabajando. Poco después perdió la visión, se desvaneció y fue rescatado por un helicóptero de la Prefectura Naval.
Tras su declaración en la etapa instructoria, tomó intervención el área de Asistencia a las Víctimas por Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para gestionar, en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones, su partida a su país de origen.
En tanto, el expediente volvió a tomar impulso con la reciente declaración de competencia de la jueza Yañez y su orden, en línea con la fiscalía federal, de llamar a indagatoria al capitán español como imputado. La audiencia se llevará a cabo bajo los parámetros del protocolo de cooperación internacional, delineado por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en material penal firmado con España.
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