El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, indagará hoy a tres empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que habrían autorizado el ingreso de un diplomático de la embajada de Venezuela en Argentina, identificado como José Jesús Jatar Díaz, hasta un sector reservado del aeropuerto de Ezeiza donde estaba estacionado el avión de Emtrasur, ahora en poder de Estados Unidos. En ese lugar, sacó varias fotos de la aeronave con su teléfono celular hasta que fue sorprendido por efectivos de la PSA.
El episodio, revelado por Infobae, ocurrió el lunes 5 de febrero, en horas de la tarde y derivó en una investigación judicial. La semana pasada, el juez pidió varias medidas de prueba para saber cómo entró el diplomático al aeropuerto, por qué lugar, quién lo autorizó, entre otras cosas. También solicitó las cámaras de seguridad del aeropuerto como en otros episodios que ocurren dentro de la terminal.
Ahora, el juez Villena citó a indagatoria a Nelson Fedele, Damián Juffia y Eugenio García.
Un informe de la PSA destaca que Jatar Díaz (luego expulsado del país) estaba acompañado por un empleado de la ANAC, que le habría permitido el ingreso hasta el área restringida. “Estuvo demorado por unos minutos mientras se hacía la consulta con el juzgado”, explicó una fuente aeronáutica sobre el episodio.
Jatar Díaz habría llegado hasta ese lugar con una orden de sus superiores para confirmar si el avión ya se había ido a Estados Unidos. Era un rumor falso. La aeronave fue decomisada recién este lunes a la madrugada por agentes norteamericanos y ahora espera definiciones en el aeropuerto de Dade-Collier, ubicado dentro de los Everglades de Florida, a 58 kilómetros del distrito central de negocios de Miami, en el condado de Collier.
Según pudo saber Infobae, la aeronave terminaría siendo desguazada y vendida por partes. “El avión vale entre USD 6 y 8 millones pero fabricante (Boeing) no puede certificar la trazabilidad de las partes, detalló una fuente judicial.
El decomiso había sido ordenado por un Tribunal de Columbia el 3 de mayo del año pasado. Dos días después, el pedido llegó al Ministerio de Justicia pero estuvo congelado por orden del entonces ministro Martín Soria y del vice Juan Martín Mena, que tiene estrechos vínculos con Venezuela. Apenas asumió, Mariano Cúneo Libarona dio la orden de cumplir con el Tratado de Asistencia entre ambos países y remitir las actuaciones al juez federal Federico Villena.
Antes de fin de año, el nuevo secretario de Justicia, Sebastián Amerio, le mandó al juez dos solicitudes complementarias de asistencia jurídica remitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante 2023. Antes de decidir, el magistrado le corrió traslado a la fiscal Cecilia Incardona, que en menos de 48 horas dictaminó a favor del decomiso. Esa decisión desencadenó otra dura embestida del gobierno venezolano.
Con la operación terminada, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, agradeció la colaboración y cooperación del gobierno argentino y en particular del Ministerio de Justicia.
En Argentina, la causa por el decomiso no está cerrada. La orden de Villena fue apelada por la empresa Emtrasur, representada por el estudio de Maximiliano Rusconi, y ahora está bajo estudio de la Cámara Federal de La Plata. Aunque esa apelación impedía el traslado, finalmente se autorizó con el compromiso de Estados Unidos de regresar el avión si “hay una decisión de una instancia superior”, reveló una fuente de la investigación.
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