El juez federal Sebastián Casanello admitió analizar la legalidad del protocolo antipiquete que puso en marcha la gestión de Patricia Bullrich y le pidió a la ministra de Seguridad que presente un informe que justifique el procedimiento. Se trata de una demanda que impulsó María Celeste Fierro, la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda Unidad en el marco de un proceso de conocimiento donde se pide, como medida cautelar, que se deje de aplicar esta normativa. Todo sucede en el marco de los conflictos desatados la semana pasada frente al Congreso durante el debate del proyecto Bases de Javier Milei que, a partir de mañana, seguirá analizándose en particular.
El 14 de diciembre, a través de la Resolución 943/2023 dictada por el Ministerio, se puso en marcha el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. La izquierda denunció que con esta normativa se afectaba “el derecho de asociación, libertad de expresión, defensa en juicio” y se iba en contra de “los principios de legalidad, reserva, culpabilidad, lesividad, inocencia, pro homine, máxima taxatividad y responsabilidad penal personal”.
“Un país ordenado. Se inició un cambio en la manera de tratar con los piqueteros y con los violentos. La mayoría de la ciudadanía decidió ser libre y no concurrir al corte de calles previsto. Se terminó el “vale todo”. Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos”, dijo la ministra el 21 de diciembre, cuando el protocolo se puso a prueba.
Luego llegó la marcha de la CGT a fin de año y ahora los reclamos frente al Congreso en el marco de la ley Bases, que la semana pasada dejaron decenas de detenidos. “Otro show represivo. Nuevamente, la maldita policía provoca avanzando sobre una manifestación SOBRE LA VEREDA. Qué protocolo ni protocolo, quieren desviar la atención de la ley nefasta que quieren votar. Es una vergüenza”, decía Fierro en sus redes sociales el jueves pasado.
La denuncia de la legisladora de izquierda dio vuelta por varios juzgados. Según informó la propia Fierro, en ocho tribunales hasta que el caso recayó en manos de Casanello, que dispuso dar trámite de hábeas corpus.
En ese marco es que Casanello le pidió al Ministerio de Seguridad que dentro de las próximas 72 horas presente el informe en donde deberá “indicar pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”. También se le pidió informar “si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”.
Lo que Casanello quiere saber es cuáles fueron los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el Protocolo y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos. También reclamó detallar si el dictado de esa resolución “fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen” y de ser así detallarlos.
El juzgado también solicitó saber si se dedujeron otros planteos judiciales - habeas corpus, amparos u otros- contra la resolución y, en ese caso, precisar “qué trámite se les dio, en qué estado se encuentran y si desde la órbita de ese Ministerio se dispuso algún acto administrativo consecuente”. También reclamó informar si desde la puesta en vigencia del protocolo se recibieron denuncias “en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos”. De ser así, qué medidas se tomaron al respecto, señaló.
El trámite judicial también tomó en cuenta la información que solicitó el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas. Le pidió a la ministra saber “si se ha dado respuesta a los interrogantes allí formulados y si se ha aceptado la asistencia técnica allí ofrecida”.
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