La fiscal federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, le pidió al juez federal, Daniel Herrera Piedrabuena, que inicie una investigación contra 1.060 personas que se desempeñaban en el gobierno provincial y que habrían cobrado indebidamente los planes sociales del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.
Carmona reclamó que sean indagados por los delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y que la investigación también apunte a individualizar a los funcionarios provinciales y nacionales que hubieren intervenido en el hecho, según informó la Procuración General de la Nación.
La fiscal explicó que los funcionarios habrían infringido “la normativa que impide el otorgamiento del mismo a quienes no cumplan con los requisitos legales establecidos, en tanto debieron haber llevado el control y seguimiento correspondiente” para evitar no solo “un perjuicio económico para el Estado Nacional, sino también que el dinero destinado a tal fin sea acreditado efectivamente a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir”.
La causa en La Rioja se inicia como un desprendimiento de la investigación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan. Allí se “detectaron presuntas maniobras ilícitas por parte de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, quienes resultaron ser a la vez empleados del Gobierno de la Provincia de La Rioja, incumpliendo la normativa del referido Programa, ya que el mismo establece -entre otros requisitos- que los pretensos beneficiarios no pueden cumplir funciones en relación de dependencia, y si esa circunstancia aconteciera con posterioridad a su inclusión en el Programa, el mismo debería inmediatamente darse de baja”.
El fiscal Marijuan detectó que en 14 provincias empleados públicos cobraban el plan Potenciar Trabajo. Son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz. Lo hizo al cruzar los datos del padrón de beneficiarios del plan con los trabajadores estatales de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la investigación de la UFISES, se identificaron una serie de pagos que salían de las arcas del Estado para solventar el plan social a personas que no cumplían con los requisitos para percibirlo, lo que habría causado un perjuicio estimado en $82.680.000 al patrimonio nacional.
El titular de la UFISES envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de las provincias involucradas y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”. El fiscal detalló los números de beneficiarios involucrados: Tucumán con 1.145 empleados; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
En ese marco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió dar de baja 4.588 planes Potenciar Trabajo, porque los beneficiarios eran empleados públicos. En su requerimiento, la fiscal Carmona pidió habilitar la feria judicial de enero para tramitar la causa y que cite a las 1.060 personas imputadas a prestar declaración indagatoria en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública. La Fiscalía también solicitó una serie de medidas de prueba y que el juez que pida al Ministerio de Capital Humano que, de manera urgente, suspenda los planes sociales involucrados.
El 25 de octubre pasado Marijuan le solicitó a la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz -actual diputada de Unión por la Patria- la baja de 159.919 personas que cobraban el Potenciar Trabajo y salieron del país en cruceros, barcos, aviones, micros y autos y hasta aviones privados “mientras percibían un beneficio estatal”.
En su investigación preliminar Marijuan detalla que el Estado destinó más de 10 mil millones de pesos mensuales a casi 160 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no deberían percibirlo. Y afirmó que existe “descontrol en los planes sociales” desde hace 14 años.
El 1° de noviembre, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social envió un oficio dirigido a Tolosa Paz para ponerla al tanto de la investigación que impulsó. En su misiva también le dijo: “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”.
El escrito judicial fue enviado después de que Tolosa Paz diera de baja a sólo 1.129 inscriptos por viajar, mientras cobraban el plan, según ella misma reconoció a Alemania, España, Francia, Holanda, Panamá, México, países árabes, Qatar -durante el mundial de fútbol en que Argentina se coronó campeón y Cuba. También a países limítrofes.
Desde la Secretaría de Niñez y Familia, a cargo de Pablo de la Torre, y que por ahora está a cargo del Potenciar Trabajo, le dijeron a este medio que “el que las hace las paga”, que “se cumplirá con lo que solicite la justicia” y recordaron que ya iniciaron una auditoría propia.
El propio vocero presidencial Manuel Adorni dijo que la decisión del gobierno de Javier Milei es “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada; y se va a cumplir a rajatabla”, al ser consultado por el cuestionado Potenciar Trabajo.
El mismo fiscal ya había denunciado penalmente a Tolosa Paz y Emilio Pérsico por las supuestas irregularidades en el otorgamiento del Potenciar Trabajo después de una serie de medidas de prueba que incluyeron las declaraciones testimoniales del ex titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del ex jefe de Gabinete, Juan Manzur, al descubrirse que, según un informe elaborado por la AFIP, 253.000 beneficiarios cobraban el plan de manera irregular en 2022. En esa oportunidad Tolosa Paz dio de baja solo a 2.243 personas.
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