El Gobierno busca que la justicia nacional pase a la órbita porteña en tres años

Aunque el megaproyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso tiene más de 350 páginas en donde desgrana distintas reformas e iniciativas, uno de los temas más sensibles para el mundo del Palacio de Tribunales ocupa solo unas palabras. Dice textualmente: “CAPÍTULO X – TRASPASO DE LA JUSTICIA NACIONAL. ARTÍCULO 439.- Instrúyese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la JUSTICIA NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en un plazo máximo de TRES (3) años”.

La decisión del Ejecutivo ya despierta resistencia en el mundo judicial. “Vamos a seguir defendiendo nuestra postura: más allá de cualquier coyuntura de los distintos gobiernos de turno y de los intentos de recurrentes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios tiene una inalterable decisión de rechazar el traspaso de la justicia nacional y lo va a seguir haciendo”, dijo a Infobae el flamante titular de asociación, el juez Andrés Basso. Y aclaró: “en esto estamos todas los sectores internos juntos, acá no hay grieta”.

La reacción del mundo judicial no es una sorpresa para el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Basso ya había disparado sobre el tema un dardo certero hace quince días en la cena de esa agrupación frente al ministro y los jueces de la Corte Suprema cuando advirtió en su discurso que el traspaso no es “una demanda social” y recomendó que se debería “abandonar la idea”.

Pero no solo son las palabras de Basso en su calidad de presidente de la Asociación. La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país firmó un comunicado en las últimas horas, cuando el tema todavía no se había oficializado, en donde se rechaza tajantemente el traspaso: sostiene que asumieron como jueces de la Nación y eso no puede cambiarse.

A casi 30 años de la reforma de la Constitución Nacional y 28 años de la sanción de la Constitución porteña, el Estado Nacional y la Ciudad fueron avanzando a paso lento en la transferencia de la justicia nacional ordinaria al fuero local. Pero el asunto está pendiente: hoy conviven en Buenos Aires tres sistemas distintos: el federal, el local y el nacional.

El largo proceso comenzó en el año 2000, cuando tras un convenio entre el entonces presidente Fernando de la Rúa y el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra se transfirió la Tenencia y portación de armas de uso civil y luego otros delitos como lesiones en riña, abandono de personas, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la medicina, omisión de auxilio y malos tratos contra animales. Después se reactivó en la gestión de Mauricio Macri en la presidencia y Horacio Rodríguez Larreta en Ciudad, cuando traspasó la competencia de más delitos del fuero nacional al porteño.

Pero ni jueces ni empleados del fuero nacional fueron tocados: : en materia penal, los jueces en lo criminal y correccional siguen al frente de la investigación de delitos graves como homicidios, abuso sexual y estafas, entre otros. Y siguen activos el fuero civil, comercial, laboral y seguridad social.

La posibilidad de ser pasados a ser “porteños” no parece ser un tema a negociar entre jueces y empleados. Entre los argumentos aparece el principio constitucional de inamovilidad de los jueces en sus cargos impide su transferencia forzada de una jurisdicción a otra y su sometimiento a un régimen distinto en lo atinente a sus remuneraciones, jubilación, sistema disciplinario y de remoción o facultades de superintendencia. Entienden que eso avanza sobre la independencia judicial.

La Asociación de Magistrados sostiene que “hace más de dos décadas que, con mayor o menor virulencia, se pone de manifiesto la intención de muchos actores de la política de facilitar el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires” y ahora “una vez más, han aparecido manifestaciones públicas a favor y con la intención de facilitar el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires”.

“Nuestra posición no es un capricho, sino que es una manifestación más de nuestra responsabilidad por el respeto institucional. La Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad de Buenos Aires porque violaría la Constitución Nacional y nosotros orgánicamente no podemos permitir un hecho de tales características”, sostiene Basso. “Existen razones jurídico-políticas que privan de adecuada fundamentación a la propuesta de traspaso y que hacen injustificable que se insista en llevarlo a la práctica”, afirman.

Ayer por la tarde, cuando el tema ya estaba en debate en los despachos oficiales, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales firmó un extenso comunicado titulado “INVIABILIDAD DEL “TRASPASO” DE LA JUSTICIA NACIONAL AL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”. Y tras hacer un detallado análisis sobre los temas sobre los que resuelven, dijeron: “los fundamentos que hoy permiten oponerse a toda forma de traspaso de la justicia nacional a la local no son solo de soporte constitucional, normativo, estructural o presupuestario”.

“Incluso si se soslayara la naturaleza federal de varias de las competencias que ejercen los fueros nacionales, el hecho de que sus decisiones se proyecten en todo el territorio de la República, y tengan un efecto muy concreto para los habitantes de las diversas provincias que la componen, justifica ampliamente que los magistrados que los integran sigan perteneciendo a la Justicia Nacional, sean nombrados con la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional, y con acuerdo del Senado”, afirman desde la entidad que encabeza el juez Javier Leal de Ibarra.

Según sostienen, “de otro modo, si la selección y el enjuiciamiento de esos magistrados dependiese únicamente de la Ciudad de Buenos Aires, se consagraría en la práctica un notable retroceso del federalismo, pues las Provincias –y sus habitantes- se verían afectadas en aspectos esenciales de su actividad económica y social por decisiones de jueces en cuya designación y contralor no habrían tenido ninguna participación –situación esta que, ciertamente, también ocurriría si se reconociera injerencia a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en la revisión de decisiones emanadas de los tribunales nacionales”.

“Los magistrados integrantes de la Justicia Nacional han sido designados con arreglo al procedimiento formal previsto por la Constitución Nacional y se les ha tomado juramento como jueces de la Nación, por lo que su investidura no puede ser alterada sin su consentimiento -señalaron- El Congreso Nacional carece entonces de atribuciones para disponer el traslado de los magistrados nacionales a otra jurisdicción; y esa decisión tampoco puede justificarse en la sola referencia del art. 129 de la CN a las facultades de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, porque una cosa es que el Estado local goce de esas facultades y pueda eventualmente ejercerlas mediante el Poder Judicial de la Ciudad, y otra muy distinta es que eso habilite sin más la integración de este último con magistrados de una jurisdicción distinta, prescindiendo del consentimiento de estos”.