Alertan que en Brasil hay comunidades de libaneses chiitas que mantienen fuertes vínculos con Hezbollah

El agente especial de la Policía Federal de Brasil y subsecretario de Inteligencia e Integración de la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais, Christian Vianna advirtió sobre alrededor de un millón de libaneses chiítas que mantienen estrechos lazos con Hezbollah. El experto internacional disertó en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA). El ciclo de 12 exposiciones a cargo de expertos internacionales cuenta con el apoyo institucional de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT) y de TAEDA; y el auspicio de Infobae.

Además del funcionario brasileño, en esta ocasión disertó también Marcelo Daniel El Haibe, Comisario General de la Policía Federal Argentina, Superintendente de Cooperación Policial Internacional de Interpol en Argentina.

El comisario El Haibe destacó la importancia del curso para conocer con qué herramientas cuenta Interpol para “no sólo prevenir el terrorismo sino para investigarlo en el caso de que éste se produjera.” En su exposición explicó en forma detallada el funcionamiento del organismo internacional.

Mencionó además los siete objetivos impulsados por la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC), que es nombre formal de Interpol, conforme con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Ellos son: combatir la amenaza del terrorismo, impulsar la seguridad fronteriza en todo el mundo, proteger a los grupos vulnerables, lograr un ciberespacio seguro para las personas y las empresas, promover la integridad a escala mundial, poner freno a los mercados ilícitos y prestar apoyo para la seguridad y la sostenibilidad del medio ambiente.

Interpol cuenta con 19 bases de datos mundiales sobre armas de fuego, datos forenses, explotación sexual de niños, documentos de viaje y oficiales, vehículos robados, combatientes terroristas extranjeros, y obras de arte entre otras. En total son 124 millones de registros policiales, se hacen 20 millones de búsquedas diarias y el tiempo de respuesta ante una consulta a cualquiera de esas bases de datos es de medio segundo.

Después del atentado del 11-S, las bases de datos de Interpol están en tres Centros de Comando y Coordinación que están ubicados en Singapur, Lyon (Francia) y en Buenos Aires. Este proyecto se llama “Siguiendo al Sol” en el que se distribuye la actividad de los Centros de Comando equitativamente en tres franjas de 8 horas cada una para evitar que un atentado a alguna de las sedes pueda dejar al organismo sin acceso a las bases de datos.

Otra herramienta con la que cuenta la Organización Internacional de Policía Criminal, y la más conocida, son las circulares o notificaciones. Son ocho: morada, notificación especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de la ONU, naranja, verde, negra, azul, amarilla y roja. Ésta última es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. Se fundamenta en una orden de detención o en una orden judicial expedida o dictada por las autoridades judiciales del país solicitante. Los países miembros aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona.

Luego expuso, Christian Vianna, agente especial de la Policía Federal de Brasil y subsecretario de Inteligencia e Integración de la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais. El experto brasileño se refirió a cuatro casos, dos de ellos relacionados con el grupo terrorista Estado Islámico, y los otros dos con Hezbollah.

La primera fue la operación Mendaz, del año 2015, a través de la cual una red de simpatizantes del Estado Islámico que durante 5 años movió ilegalmente, a través del lavado de activos, 50 millones de reales que tenían como destino El Líbano. Tenían empresas que usaban como fachada para lavar dinero proveniente de actividades como el contrabando que luego enviaban a El Líbano y de ahí a Siria.

Uno de los jefes de esta organización que operaba en Brasil es Hesham Eltrabily, considerado terrorista por Egipto, acusado y condenado por haber participado en el atentado de Luxor en 1997 en el que fueron asesinadas 62 personas. En 2003 Egipto pidió su extradición pero Supremo Tribunal de Justicia de Brasil denegó la solicitud.

La segunda, fue la llamada operación Hashtag que terminó frustró los planes de un grupo de brasileños que no tenían ascendencia árabe pero que se radicalizaron para el Estado Islámico. A comienzos de 2015 empezaron a formar una red usando Facebook y Telegram y comenzaron a planificar una operación que se realizaría durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Fueron detenidos 15 días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, y luego juzgados y condenados por los delitos de fomento de organización terrorista, acto preparatorio y asociación delictuosa, reclutamiento para acto terrorista y corrupción de menores. La intención del grupo era agregar elementos químicos a los tanques de agua de la villa olímpica para envenenar a los atletas.

Las otras dos operaciones a las que hizo referencia Vianna tienen vinculación con la organización terrorista Hezbollah que mantiene estrechos lazos con comunidades integradas por alrededor de un millón de libaneses chiitas asentadas en Foz de Iguazú, San Pablo y Curitiba.

El primer caso es el de Farouk Omairi, un empresario conocido en la Triple Frontera, acusado por Brasil de ser traficante de drogas y un importante financiador de las actividades terroristas de Hezbollah. Omairi tiene conexiones con el diplomático iraní Mohsen Rabbani acusado de ser uno de los responsables del atentado a la AMIA. También tiene vínculos con Mohamed Yussef Abdallah involucrado en el atentado a la AMIA y Ahmad Assad Barakat, jefe del clan investigado por lavar millones de dólares para financiar a Hezbollah. Farouk Omairi condenado en Brasil por narcotráfico a 11 años y 11 meses de prisión.

La segunda es la operación “Overweight” destinada a desbaratar una red libanesa de tráfico de drogas desde Brasil hacia El Líbano, liderada por Joseph Nasrallah.

Christian Vianna explicó que estos traficantes se especializaban en llevar cocaína a El Líbano a través de “mulas” que viajaban desde el aeropuerto de Guarulhos en San Pablo al aeropuerto Rafik Hariri de Beirut. Según contó Vianna la estación aérea libanesa está controlada por Hezbollah pero no de forma ostensible sino oculta o solapada. Algunos de los empleados del aeropuerto de Beirut son miembros o facilitadores de Hezbollah y la organización terrorista recibe información de inteligencia sobre lo que sucede en la terminal aérea.

El Director del CESH y Presidente de FININT, Juan Félix Marteau señaló, en diálogo con Infobae, que a lo largo de esta serie de conferencias hemos ido precisando, con los diferentes especialistas, un mapa de riesgos sobre la financiación del terrorismo y el crimen organizado trasnacional que nos advierte sobre la necesidad de que nuestros países posean dispositivos preventivos y represivos adecuados y, sobre todo, actúen cooperativamente.

En particular, con relación a las conferencias de hoy, hemos podido ver que las policías federales de Argentina y Brasil tienen una base institucional desarrollada para tratar temas de terrorismo. Habría que fortalecer y ampliar esa base: el terrorismo y la radicalización de la violencia, como muestra el caso de Hamas, llegaron para quedarse como amenazas graves a la paz y la seguridad de los países occidentales. “Que las autoridades gubernamentales tengan esto bien presente”, afirmó Marteau.