La Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos de Personas LGBTI+ (ASPIDH) registró 922 agresiones contra personas LGBTI en El Salvador entre 2023 y 2025. Los casos incluyeron principalmente situaciones de discriminación, amenazas y acoso, según informó EFE tras la presentación del relevamiento este jueves en San Salvador.
Organizaciones de la diversidad sexual documentaron más de 600 asesinatos de personas LGBTI en el país desde 1993. Sus registros también incluyeron 151 casos de desplazamiento forzado entre 2018 y septiembre de 2019.
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El informe Restricción de derechos y violencia estructural contra personas LGBTIQ+ en El Salvador (2023-2025) identificó a 2024 como el año con mayor cantidad de agresiones dentro del período relevado. Vale mencionar que en el estadístico frecuente de asesinatos de la Policía Nacional Civil (PNC) no se desglosan los casos por orientación sexual de las víctimas.
Discriminación, amenazas y acoso entre las formas más denunciadas
La discriminación concentró 454 casos, seguida por 154 amenazas y 102 episodios de acoso. El 30% de los hechos involucró a agentes estatales, sobre todo integrantes de los cuerpos de seguridad.
Las agresiones físicas sumaron 66 registros y la violencia intrafamiliar, 64. El documento también consignó 21 detenciones ilegales, 19 extorsiones, 16 desplazamientos internos, un caso de mala praxis y un secuestro.
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Solo 58 episodios derivaron en una denuncia formal. La investigadora Loidy Guardado, autora del relevamiento de ASPIDH, indicó que el 93% de los casos no llegó a esa instancia por la falta de respuestas efectivas, el temor a represalias y la percepción de impunidad.
“Hay una brecha entre la violencia documentada y el uso efectivo de los mecanismos de protección y justicia, pero no necesariamente porque no existan, sino por la percepción que tiene la población de la impunidad, derivado del 0% de resultados en las instituciones”, sostuvo Guardado.
La falta de datos estatales y los reclamos de las organizaciones
La directora de ASPIDH, Mónica Linares, afirmó que la respuesta institucional fue limitada y que en 2025 no recibieron datos oficiales sobre esta población.
“Las cifras permiten palpar de primera mano la realidad de nuestras poblaciones, que contrasta demasiado con los datos que puedan existir de parte del Estado, porque no existen datos”, señaló.
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Las organizaciones de la diversidad sexual reclaman desde hace años normas para reducir la discriminación, habilitar la adecuación de nombres de acuerdo con la identidad de género y avanzar en las investigaciones por asesinatos motivados por odio. A la fecha, son las organizaciones las que lideran las campañas de concientización e información del tema de la diversidad sexual a lo largo del territorio.
En San Miguel, Santa Ana y San Salvador viven aproximadamente 6.000 integrantes de esta población, según los registros de los colectivos. Una edición de la revista Nuestra Mirada, elaborada por organizaciones salvadoreñas, indicó que la discriminación, la estigmatización y la violencia afectan a estas personas en el ámbito familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional.
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Hace más de tres décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
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