Quién es Walter Bento, el ahora ex juez preso, clave para la política de Mendoza

Se dice que en las provincias las personas con más poder son el gobernador, el obispo y el juez federal. En Mendoza, Walter Bento ocupaba uno de esos roles. Era el titular del juzgado federal 1. No solo tenía a su cargo las causas por los delitos de crimen organizado, sino también la competencia electoral. Era quien organizaba y controlaba los comicios nacionales en la provincia. En definitiva, un juez clave para la política.

Bento hoy fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por cinco hechos de mal desempeño de sus funciones. Inmediatamente después quedó preso en la causa en la que está procesado con prisión preventiva, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que desde su juzgado le cobraba coimas a acusados para beneficiarlos en los expedientes. También está siendo juzgado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Católico, hincha de Boca y coleccionista de búhos, Bento fue nombrado durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el aval del histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón, ambos ya fallecidos. Asumió al frente del juzgado federal N°1 de Mendoza en septiembre de 2006, tras un concurso público del Consejo de la Magistratura de la Nación, el mismo organismo que en mayo pasado lo suspendió en el cargo y lo envió a juicio político.

El juzgado estaba vacante desde 2002 cuando el entonces juez federal Luis Leiva fue destituido, tras ser denunciado por el fallecido banquero Raúl Moneta, quién aseguró que ese magistrado le había pedido una coima.

El nombre de Bento resonó en la política nacional en 2011 cuando ordenó un allanamiento con la Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto del kirchnerismo con el Grupo Clarín. En aquel momento, la Corte Suprema anuló su intervención y Bento enfrentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura que terminó desestimada, con el aval del kirchnerismo.

Volvió a quedar en la mira cuando en marzo del 2020, el fiscal General Dante Vega investigaba una causa por narcotráfico y se encontró con información que salpicaba al juez . De la pesquisa sobre los teléfonos surgieron numerosos mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1″ o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado. A eso se le sumaron las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario y despachante de Aduana Diego Aliaga, vecino del juez y quien, se sospecha, habría actuado en nombre del magistrado.

Según la acusación, Bento lideraba una organización ilícita en la que habría operado con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba­, junto con el fallecido Aliaga, para llevar adelante un mecanismo delictivo mediante el cual se ofrecían beneficios procesales por el pago de dádivas.

Entre los procesados por haber pagado para obtener beneficios hay acusados de contrabando y de narcotráfico, delitos de competencia en la justicia federal y en cuyas causas tuvo intervención Bento. De acuerdo a esa acusación, bajo el liderazgo de Bento, esas personas habrían desplegado maniobras para beneficiar ilícitamente a determinados imputados, previo pago de coimas.

Los hechos comenzaron a ser juzgados en junio pasado por parte del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza que hoy detuvo a Bento. Entre los acusados están la esposa -Marta Boiza- y dos hijos de Bento, imputados de ser presuntos testaferros en el enriquecimiento ilícito del ahora ex magistrado.

“El doctor Walter Ricardo Bento ha incurrido en actos que “perjudican al servicio público, deshonran al país o a la investidura pública” [Fallos 305:113], lo que, en función de las consideraciones tenidas en miras en los párrafos precedentes, configura causal de mal desempeño”, sostuvo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el voto de la mayoría por el que fue destituido.

Los jurados agregaron que las acusaciones contra el juez “resultan verdaderamente graves e implican un serio desmedro de su idoneidad para continuar ejerciendo la judicatura, en tanto evidencia en su conducta designios que van a contrario de los principios que deben regir sus acciones como miembro de la Magistratura Nacional y representan faltas demostrativas de la pérdida de aptitudes imprescindibles para que un juez merezca la confianza pública, máxime si se atiende a las sensibles cuestiones sobre las que le toca emitir decisión”.