La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso y, con ello, dejó firme la condena impuesta a Armando Ramón Gómez Bravo por abuso sexual agravado y corrupción de menores en el instituto religioso Antonio Provolo de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza.
En este caso se investigaron los hechos que ocurrieron entre 2005 y 2016 en perjuicio de once niños sordomudos e hipoacúsicos, cuando las víctimas tenían entre 5 y 17 años. La mayoría de los chicos abusados provenían de hogares de escasos recursos, que eran dejados por su familias como pupilos.
Los curas y directivos del Provolo reclutaban a los chicos con el argumento de que era un instituto modelo donde se enseñaba el lenguaje oral y se dejaba de lado la lengua de señas. El padre de una de las víctimas explicó que esa técnica terminó siendo una trampa porque a los chicos no los dejaban comunicarse con su lenguaje original que era el de señas.
La condena tuvo un impacto mundial: fue la primera vez que los sacerdotes de una orden religiosa con sedes en Verona (Italia), en La Plata y Mendoza, en Argentina fueron enjuiciados en 50 años de denuncias por violaciones, abuso sexual, maltratos y corrupción de menores.
La Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la sentencia que condenó a Gómez Bravo a 18 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual término. El Máximo Tribunal provincial también ratificó las condenas impuestas a los sacerdotes Horacio Hugo Corbacho Blank y Nicola Bruno Corradi Soliman a 45 y 42 años de cárcel, respectivamente.
La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la queja presentada por los abogados defensores de Gómez Bravo, quien se desempeñaba como jardinero en el instituto.
El máximo tribunal -con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- desestimó el planteo y de esta manera, la condena quedó firme.
“Considerando: Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa”, dice el fallo de la Corte Suprema de una sola carilla.
Una de la víctimas, J.J.R, hoy de 23 años, nació en Misiones y tenía 8 años entró al instituto religioso para chicos sordos Antonio Provolo de Mendoza. Según su relato, fue violado al menos 8 veces mientras estuvo en el instituto, en ocasiones hasta llegaba a desmayarse por el dolor que sufría durante esos ataques. De acuerdo con su testimonio, J.J.R. -de condición humilde, lejos de su familia en un pueblo cerca de la Triple Frontera- fue violado en simultáneo por el jardinero Gómez y por otro ex trabajador del instituto, quien no llegó al juicio ya que fue declarado inimputable.
Luego de ser abusado el joven sufría múltiples lesiones y desgarros y era trasladado por el cura Horacio Corbacho, la monja Asunción Martínez o por el ex monaguillo Jorge Bordón para que lo revisara un médico, siempre fuera del instituto Provolo.
Una vez que era atendido por los médicos lo llevaban a un local de comidas rápidas donde le compraban el menú consistente en una hamburguesa, papas fritas y un juguete que después le quitaban. Todo esto fue relatado por la víctima en cámara Gesell, testimonio que fue registrado en 2017 y que duró más de cuatro horas.
A mediados de agosto de este año la Justicia ordenó indemnizar a 17 de las víctimas de los abusos ocurridos en 2016. “Los pagos corresponden al daño civil en concepto de indemnización y es un acuerdo de dinero entre las partes”, explicó Sergio Salinas, abogado de los jóvenes abusados cuando eran menores de edad.
Asimismo aclaró que “por respeto y seguridad a la intimidad” no se especificaron las cifras de los pagos hechos por la asociación civil Obra San José con dinero proveniente de la venta del inmueble en el que funcionaba el instituto Provolo, que compró la municipalidad de Luján de Cuyo.
Últimas Noticias
Un auto abandonado se incendió y le quemó el puesto de diarios: la Justicia condenó a la municipalidad
El siniestro ocurrió en 2019. Inspectores de tránsito habían labrado un acta semanas antes por el vehículo, pero lo dejaron en la calle porque “el playón municipal estaba lleno”. La Cámara de Apelaciones determinó que las fallas de logística del Estado no justifican el abandono y ordenó el pago de una indemnización
Se divorciaron, ella se quedó viviendo en la casa familiar y la Justicia la obligó a pagarle una renta mensual a su exmarido
La Cámara de Apelaciones determinó que el uso exclusivo de un bien ganancial por uno de los excónyuges genera el derecho del otro a percibir una compensación económica. La mujer deberá abonarle al hombre el 50% del valor locativo del inmueble, con efecto retroactivo a 2021 y una actualización cuatrimestral por inflación
Cayó en una boca de tormenta, se fracturó una pierna y nueve años después la Justicia confirmó la indemnización
Una mujer sufrió una grave fractura al caer en una boca de tormenta con la tapa rota. Tras casi una década, la Cámara de Apelaciones condenó a la empresa de agua potable y al municipio a pagarle $8,4 millones. La pericia reconstruyó el estado del lugar mediante imágenes de Google Maps y concluyó que el desperfecto persistió hasta 2021, un dato decisivo para atribuir la falta de mantenimiento y control
Casación ratificó a los jueces que estarán a cargo del juicio “Vialidad II”
La Sala IV rechazó una queja de la defensa del exfuncionario Sandro Férgola, quien había pedido apartar al tribunal por una superposición de audiencias. El cronograma fue modificado y el planteo perdió sustento
Denunciaron al abogado libertario que propuso esterilizar y bombardear al conurbano bonaerense
Es Alejandro Sarubbi Benítez, quien conduce un programa en el canal de streaming oficialista Carajo. La causa está en manos del fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini. Un ministro de Axel Kicillof prepara una segunda denuncia
