Un fiscal imputó a Emerenciano Sena y a su mujer en la causa por trata de personas

El fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, imputó hoy al dirigente piquetero Emerenciano Sena, a su mujer Marcela Acuña, y a Osmar “Quintín” Gómez, un ex funcionario del gobierno de Jorge Capitanich y allegado a los Sena, en una causa que se inició en 2010 por el delito de trata de personas.

La denuncia la hizo Sergio Schoklender cuando todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos. Acusaba al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11.

La causa estuvo parada durante casi 13 años pero fue reactivada tras el asesinato de Cecilia Strzyzowski con nuevos testimonios.

Para el fiscal, los tres imputados “habrían captado a los denunciantes al ofrecerles trabajo, engañándolos haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían, aprovechándose de la clara situación de vulnerabilidad de los mismos producto de las necesidades económicas, la falta de acceso a una vivienda adecuada, al empleo regulado y adecuadamente remunerado”. Además, Sabadini los acusa además de haberse valido “del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológico, desvalorización, para mantenerlos en esa situación de subordinación, ante el riesgo constante de quedar sin trabajo”.

El fiscal Sabadini es el que investiga el dinero encontrado en la casa de los Sena y sostiene que la trata de personas podría ser el delito precedente del lavado de dinero. En ese expediente, se pidieron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Unidad de Información Financiera (UIF), y a varios Registros de la Propiedad y del Automotor. También se libró un oficio a la Secretaría General de Gobierno de la Provincia del Chaco para que informe cada una de las transferencias que recibió el clan Sena.

Pocos días después, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo oficial de la provincia del Chaco, confirmó que este año le transfirió $141.395.812,83 a la Fundación “Saúl Andrés Acuña”, que sigue intervenida por el gobierno de Jorge Capitanich. Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia Strzyzowski.

En la causa de trata, el fiscal citó a dos mujeres que ya habían declarado como testigos. Una de las ellas, Marcela Beatriz Leiva, contó cómo llegó al clan Sena y reveló las condiciones en las que trabajaban. “El trato era siempre malo, habían insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha y a la vez sirvan de escudo para que no los repriman”, declaró ante la Fiscalía.

Sabadini también citó a María Soledad Vega, quien ratificó el maltrato que sufrían los trabajadores. “Un día Marcela Acuña golpeó a una compañera llamada Alejandra cuando estaba trabajando porque decía que provocaba a los compañeros y la humilló después en una reunión ante todos”, recordó.

Hace un mes, el fiscal quiso escuchar a Schoklender, el mismo que promovió la causa. El ex apoderado de los Madres le apuntó al rol del gobernador Jorge Capitanich, quien habría mediado a favor del dirigente social. “Hubo una decisión política de la gobernación de negociar entre comillas con Emerenciano Sena y Marcela Acuña para no generar conflicto y cortes de puente y cortes en la ciudad”, sostuvo Schoklender. El ex apoderado se reunió en ese momento con el gobernador y le explicó los motivos del conflicto. Según el ex apoderado de las Madres, Sena pretendía que los pagos a los obreros se realicen en efectivo para “manejar el dinero”. En cambio, la Fundación impulsaba la bancarización de todos los empleados.

Schoklender acusó a Capitanich de no enfrentar a los Sena para no tener más conflictos en la provincia. “Creo que el gobernador tomó una decisión equivocada, que fue en lugar de poner orden y un límite al accionar de esta gente, negoció con ellos para que no le generaran más conflicto en la capital. Y, bueno, esto se deriva en que este tipo de organizaciones cada vez piden más, piden más, piden más, van creciendo, va creciendo su poder político, siguen captando gente en los barrios, desvían gran parte del dinero y los recursos que reciben para su beneficio personal y someten a la gente que tienen, a la cual ellos supuestamente dicen representar, los someten a un régimen de virtual esclavitud”, dijo.

La denuncia original apuntaba a tres delitos:

1) sometimiento a servidumbre a los trabajadores que prestaban servicios en el lugar, a quienes bajo extorsión y amenaza le sacaban parte de sus salarios, los sometían a horarios extendidos de trabajo, sin permitirles salir del predio, también debían asistir a las protestas sociales y desobedecer las directivas de la fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que incluyó el cese de actividades

2) sustracción y apoderamiento ilegítimo de ropa de trabajo, equipos de seguridad (cascos, barbijos, antiparras etc), dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de construcción- de aproximadamente 40 viviendas- remitidos por la Fundación

3) usurpación del predio del ex campo de tiro, cuya tenencia había sido conferida por el estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios.