La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves una serie de planteos judiciales ligados a causas de corrupción durante la época del kirchnerismo. Casos de renombre como el de “Odebrecht-Aysa”, donde se investigan presuntas maniobras ilícitas en proyectos de infraestructura ligadas al agua, o el de “Skanska”, donde se averiguan supuestos sobornos para la construcción de dos gasoductos. También llegaron hasta el Máximo Tribunal expedientes asociados al ex Mininistro de Planificación Federal, Julio De Vido, acusado de cometer ilícitos en el manejo de fondos públicos con el complejo Yacimientos Carboníferos Río Turbio. A su vez, alcanzó esa instancia un desprendimiento del caso “Ciccone”, donde está involucrado el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
Todos los expedientes llegaron hasta la cima de la pirámide judicial por medio de recursos de hecho, que fueron desestimados de forma unánime con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Tal fue el caso del ex ministro De Vido en el expediente que investiga supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos vinculados al complejo Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Su defensa cuestionó la potestad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para ser querellante. El rechazo a este cuestionamiento motivó sucesivas impugnaciones hasta llegar a la Corte Suprema, que también desestimó el planteo.
En la línea de esas mismas actuaciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 no había hecho lugar a un pedido de De Vido para desestimar la acción penal por violación al principio que prohíbe la múltiple persecución, lo cual llegó -luego de ser confirmada esa decisión- hasta el Máximo Tribunal, que también decidió rechazar el recurso por no dirigirse “contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
Otro tanto sucedió con dos quejas presentadas por el ex ministro de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en el marco de la causa en la que se investiga la adjudicación de obra pública con especial foco en el Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno de la línea Sarmiento, donde están en juego los delitos de malversación de caudales públicos y defraudación contra la administración pública.
Ese expediente se inició el 16 de marzo de 2016 luego de la denuncia de la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Graciela Ocaña con base, entre otras pruebas, en documentación sobre información que obraría en jurisdicción de Brasil. El juez libró rogatorias internacionales a ese país para “acreditar la correspondencia entre la documentación aportada a la presente por la denunciante, con aquella obrante en la investigación conocida como ‘Operación Lava Jato’”. La defensa de De Vido cuestionó en todas las instancias esta medida, desestimada finalmente por la Corte.
Asimismo, la máxima instancia judicial no dio lugar a los recursos presentados por la defensa de De Vido bajo el marco de la causa que se sigue por la comisión de los delitos de tentativa de contrabando de importación de divisas, donde se analiza el intento de ingreso al país de Antonini Wilson con 800 mil dólares en una valija.
Por otro lado, la Corte rechazó por “inadmisible” una queja de la empresa Pecom Servicios de Enersgía SA (antes Skanska SA), en un caso donde se investigan los presuntos sobornos que pagaba la firma sueca “Skanska” a funcionarios públicos con motivo de la construcción de dos gasoductos bajo el “Proyecto de Expansión de Gas 2005″. También se investigan la utilización de facturas apócrifas para encubrir esos manejos y los posibles sobreprecios y otras irregularidades dentro de las licitaciones.
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En el pedido que rechazó el Máximo Tribunal, la empresa pretendía ser incorporada al auto de citación de juicio, teniendo en cuenta que el inminente debate oral tiene como imputados únicamente a sus ejecutivos. El Tribunal Oral Federal N° 4 porteño, a cargo del desarrollo del juicio, había descartado tal solicitud, decisión que este jueves quedó firme.
En otro orden, la Corte tuvo intervención en un planteo del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en un desprendimiento de la causa “Ciccone”, donde ya se condenó al ex vicepresidente Amado Boudou a cinco años y 10 meses de prisión por la adquisición irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcofráfica.
La queja de Echegaray vino a cuenta de un procesamiento sin prisión preventiva dictado por la comisión del delito de abuso de autoridad en una causa desprendida de la de “Ciccone”. Tal procesamiento tuvo idas y vueltas en distintas instancias hasta arribar al Máximo Tribunal, que desestimó el recurso del ex funcionario de AFIP por falta de sentencia definitiva o equiparable a tal.
Por último, y con los mismos argumentos, la Corte por unanimidad rechazó los planteos interpuestos por la constructora Odebrecht SA -sucursal argentina- y los empresarios Aldo Benito Roggio, Miguel Cabanne y Raúl Batallan. La causa que los involucra fue elevada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 porteño por presuntas irregularidades en el marco de un proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por la empresa pública de aguas Aysa en 2007.
Se trata, por un lado, de la planta de potabilización “Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y por el otro, la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.
En las quejas que descartó este jueves el Máximo Tribunal, Odebrecht SA solicitaba que se le autorice la transferencia de cinco autos de su propiedad embargados en la causa, mientras que Roggio, Cabanne y Batallan solicitaron la “excepción de falta de acción por inexistencia de delito”.
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