La Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Gallegos ordenó que se investigue como “tentativa de femicidio calificado” a Cristina Kirchner y a Alicia Kirchner el ataque a la residencia oficial de la gobernadora en 2017 durante una protesta de docentes. La decisión fue tomada por mayoría y a pedido de la Fiscalía de la Cámara que incluye un pedido para que Cristina y Alicia Kirchner sean citadas a declarar como testigos en la causa.
El caso remite a la noche del 21 de abril de 2017 en el marco de protestas de empleados estatales por el falta del pago de los sueldos o el cobro de manera desdoblada. Esa noche, la entonces presidenta estaba en la residencia con su nieta Helena cuando manifestantes llegaron a la casa y comenzaron a protestar. La manifestación llegó a los jardines de la casa y hubo enfrentamientos con la Policía. Al día siguiente, Cristina Kirchner grabó un video en el que mostró los destrozos y acusó a Cambiemos de haberla organizada.
Hubo una causa penal en la que fueron procesados cinco personas, todas ellas empleados estatales y algunos dirigentes de partidos de izquierda. A seis años de los hechos y cuando el caso estaba a punto de pasar a juicio oral, el fiscal subrogante de la Cámara Federico Heinz solicitó que se modifique el delito a juzgar.
Heinz pidió que el caso se analice como una tentativa de femicidio. “La violación del domicilio es el principio de ejecución de un hecho más gravoso, de mayor envergadura, que es el que motiva la solicitud del cambio de la calificación jurídica”, explicó el fiscal y solicitó que por ese hecho sean citadas a indagatoria Juan Manuel Valetín, actual candidato a gobernador por el Frente de Izquierda, Diego Barrionuevo, Claudio Wasquín y Gabriela Ance. Al pedido adhirió el fiscal de estado Fernando Tanarro que actúa como querellante en la causa.
El juez de primera instancia rechazó el pedido por “improcedente” porque la calificación legal es provisoria y puede ser discutida en el juicio oral pero no se puede modificar la imputación formal de la indagatoria. Además, el fiscal hizo el planteo en la etapa de ofrecimiento de prueba para que la causa pase a juicio oral.
La Fiscalía apeló el rechazo y el caso llegó a la Cámara. Allí la primera opinión fue la del juez Joaquín Cabral. “Estamos en presencia de un verdadero dislate jurídico”, dijo el magistrado en el primer párrafo de su voto que consta en la resolución a la que accedió Infobae.
Para el juez el pedido del fiscal “carece de razón y sentido legal, resulta difícil pensar que después de haber transitado y estudiado los principios rectores del debido proceso se realice un planteo como éste donde se desconoce y quebranta el principio de congruencia procesal, la defensa en juicio, la preclusión procesal penal, el principio de progresividad y la cosa juzgada formal”
Cabral agregó que la imputación de tentativa de femicidio “surge de su pensamiento y convicción pero que es ajena al derecho, que cambia la identidad fáctica, que afecta la prohibición de doble persecución penal por un mismo hecho y la extinción de la potestad procesal por no haber sido ejercida en tiempo legal”.
Sobre la violencia de género y la perspectiva de género que conlleva la figura de femicidio “no puede ser livianamente utilizada como argumento para justificar la pretensión fiscal”. “Frente a este concepto es desacertado acudir a esta particular y delicada forma de interpretación judicial del análisis del contexto de pruebas producidas en un proceso o en cualquier otra situación que demande una decisión sobre el derecho de la mujer, solo para pedir y sostener un desacierto jurídico como el que propicia el presentante”, agregó.
Los jueces que avalaron el cambio de calificación fueron Jorge Yance y María Vila. Los magistrados no hicieron referencia a la figura de femicidio y concentraron su opinión en sí la calificación se podía rever. Entendieron que sí porque la causa está en la etapa de actos preliminares que pueden ser modificados por quien es el acusador y que todo se discutirá en juicio. “El retroceso que pretende el acusador en esta instancia es de nula gravitación en cuanto a los derechos fundamentales de los imputados”, señalaron.
Así la causa vuelve a la etapa de primera instancia -las defensas de los acusados pueden apelar- para que se investigue un presunto femicidio. El fiscal Heinz pidió como medidas de prueba que Cristina y Alicia Kirchner sean citadas a declarar como testigos y que se pidan las cámaras de seguridad internas de la residencia oficial de la gobernación.
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