La defensa de Katya Daura pidió su absolución en el juicio oral por la contratación de seguridad privada

La defensa de la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura pidió su absolución en el juicio oral en la que está acusada por haber contratado entre 2012 y 2015 un sistema de seguridad privada para ella, su familia y su domicilio cuando no estaba justificado. Lo hizo el abogado Matías Molinero al exponer sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7.

Durante esta mañana, Molinero señaló que la contratación de la seguridad estaba justificada y que no había ninguna norma que lo impedía. “La Fiscalía no mencionó una sola norma que diga cuál es la conducta debida para valorar la situación de los imputados. Es un principio básico de legalidad, del derecho penal ¿Qué norma decía que Casa de la Moneda estaba obligada a pedirle al Ministerio de Seguridad de la Nación? Hay que indicar una norma”, dijo Molinero.

Hace dos semanas el fiscal federal Gabriel González Da Silva pidió que Daura sea condenada a cinco años de prisión porque la contratación de la seguridad no estaba justificada le significó un millonario gasto al Estado de 5.511.166,51 de pesos, que actualizado alcanza los 98.090.716,24 de pesos. En su alegato, la Fiscalía también pidió condena para los otros acusados del juicio: tres años de prisión en suspenso para el entonces asesor de seguridad de la Casa de la Moneda, Mario Enrici, y para el ex gerente general, Raúl Desmarás.

Los tres fueron acusados del delito de peculado de servicios y la fiscalía además solicitó para ellos la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los 98 millones de pesos. Además, para Enrici y Desmarás reclamó la realización de tareas comunitarias tres horas por semana en una institución pública.

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Hoy el TOF 7 - integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero- comenzó los alegatos de las defensas. La primera fue la de Daura que estuvo presente en la videoconferencia por la que se desarrolló la audiencia.

El abogado Molinero repasó la declaración de los peritos que declararon en el juicio oral y concluyó que dijeron que las medidas adoptadas para la custodia de Daura y su familia era “las adecuadas y las mínimas para cumplir con el objetivo del dispositivo”.

Otro punto central de su alegato fue que esa contratación fue legal. “No había ninguna norma que obligara a Casa de la Moneda a pedirle custodia al Ministerio de Seguridad”, sostuvo el abogado y agregó que el actual titular del organismo ”tiene la misma seguridad”.

“Históricamente Casa de la Moneda cubrió su custodia con personal del organismo, con empresas privadas y de Policía Federal. Ninguna norma la condicionaba a contratar seguridad privada”, señaló Molinero y enfatizó que “la fiscalía no probó nada en este juicio”.

Este es uno de los dos hechos que juzga el TOF 7. El segundo es por el uso de 800 mil pesos para la impresión del libro “La Década Ganada” durante el gobierno de Cristina Kirchner, que en rigor nunca salió.

Por ese caso, la fiscal federal Dafne Palópoli pidió la absolución del senador nacional Oscar Parrilli y de otros tres acusados, entre ellas la propia Daura ya que la Casa de la Moneda iba a estar a cargo de la impresión del libro.

Palópoli señaló en su alegato que hubo errores en la interpretación del caso durante la investigación en primera instancia y que la acusación contra los ex funcionarios no se pudo probar. Que en rigor pudo haber existido incumplimientos en funcionarios de segunda línea pero todos ellos fueron sobreseídos. Aseguró la fiscal que los funcionarios padecieron “obsecuencia institucional” porque prometieron hacer el libro para que la presidenta de entonces lo tuviera en sus manos para el 25 de mayo de 2013.

Los otros dos acusados con pedido de absolución son Javier Grossman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y de Matías Njirjiak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda. En la causa no hay querella, por lo que con el pedido de absolución de la Fiscalía solo resta que la decisión del Tribunal Oral en ese sentido.

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