La polémica se disparó a partir de un fallo de la Sala I de la Cámara de Garantías de Morón, que le otorgó la prisión domiciliaria, de manera inmediata, a un hombre acusado de un intento de asesinato pese a que la medida no estaba firme y que todavía no se le había colocado la pulsera electrónica, dos de los requisitos que exige el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Esta semana se presentó un habeas corpus, en esa misma jurisdicción, que activó la domiciliaria de otro detenido. Ahora, la situación podría extenderse a toda la Provincia. Según pudo saber Infobae, la Asociación de Penalistas Litigantes Independientes resolvió este viernes, en una reunión extraordinaria, que presentarán habeas corpus en los 19 departamentos judiciales.
Podría tener consecuencias inmediatas sobre cientos de presos que tienen una domiciliaria otorgada, aunque no esté firme, o que están esperando la colocación de la pulsera electrónica, que suele demorar algunos días. “Las presentaciones se basan en el fallo de la Sala I de Morón, queremos que se respete la igualdad ante la ley. Todos tienen derecho a una domiciliaria”, explicó el titular de la entidad, Damián Barbosa.
El caso que motivó el polémico fallo de la Cámara de Morón tiene como protagonista a Santiago Martínez, quien está acusado de haber atacado a Nicolás García (20) porque estaba charlando con su ex novia. El hecho ocurrió el 12 de noviembre del año pasado en un boliche de Hurlingham. Martínez lo agredió con un vaso roto y lo dejó al borde de la muerte.
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En un primer momento, Martínez fue acusado de intento de homicidio y quedó detenido en una comisaría. Pero en marzo de este año la Cámara cambió la calificación a “lesiones graves”, apartándose de su propia jurisprudencia. Los jueces opinaron que el acusado no tuvo intención de matar. “Al contrario de lo sostenido por la fiscal en su pedido de prisión, en cuanto a la utilización del elemento contundente de forma intempestiva, artera y reiterada, debemos considerar que, la agresión con un vaso o una copa de vidrio, no lo convierte por sí solo en un medio idóneo para causar la muerte”, dijeron los jueces Fernando Bellido, Diego Grau y Fabián Cardoso.
A partir de ese momento, la defensa de Martínez reclamó la libertad morigerada, lo que fue rechazado en primera instancia por la Justicia ante un pedido de la querella, a cargo del abogado Gastón Marano. Al momento de decidir, la Sala I de Morón decidió dejarlo en libertad de manera automática pese a que la resolución no estaba firme, no había pasado por la Cámara de Casación, y que todavía no se le había colocado una pulsera electrónica, lo que finalmente ocurrió el 21 de abril.
Con ese antecedente, el abogado Fernando Sicilia presentó esta semana un habeas corpus y reclamó que se haga lugar al pedido de prisión domiciliaria de todos los detenidos que estén en las mismas condiciones en Morón. El caso le tocó al juez Ricardo Fraga, quien le pidió a todos los magistrados de Morón que informen si tienen casos de “morigerados con espera de la efectivización de la medida por parte de la Dirección General de Monitoreo electrónico perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense”. En pocos días se determinó que en esa jurisdicción solo aplicaba el caso de Gregorio Diaz, detenido por tenencia de droga, y se le otorgó la domiciliaria.
Ahora, la Asociación de Penalistas Litigantes Independientes, con sede en La Plata, resolvió presentar habeas corpus en todas las jurisdicciones. ”Queremos saber cuáles son los criterios y las estadísticas concretas. Hay un caso en La Plata que tuvo que esperar un triple conforme y llegar hasta la Suprema Corte bonaerense para que le otorguen la domiciliaria. Hay mucho oscurantismo en el sistema Pena”, explicó Barbosa en diálogo con Infobae.
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¿Cuántos presos podrían beneficiarse? No hay datos concretos. Las estadísticas oficiales muestran que actualmente hay 52 mil personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales casi 26 mil están procesados. De manera informal, se calcula que el universo al que apuntan los habeas corpus son cientos de personas.
Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguran que “en este momento no hay faltante de pulseras”, aunque admiten que puede haber una demora de “unos días” entre la orden judicial y la colocación de las pulseras por los informes técnicos. “Hacen todo lo posible pero la Dirección de Monitoreo está sobrecargada”, apunta Barbosa. En la actualidad, un total de 3770 personas tienen ese dispositivo colocado, solo en la provincia de Buenos Aires.
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