Jones Huala: cómo es el proceso de extradición y cuánto puede demorar

Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), será sometido a un proceso de extradición para ser enviado a Chile y terminar de cumplir una condena de seis años de prisión por quemar una vivienda. Se trata de un procedimiento estipulado en la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal. Es una norma que establece los pasos a seguir, en la que interviene el Poder Judicial y la Cancillería de los países involucrados -en este caso Argentina y Chile- y que según la postura que tome el acusado puede demorar más o menos.

El primer paso en un proceso de extradición es que el país que la solicite envíe el pedido formal y toda la documentación que la respalda en el que se debe cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, por el delito por el que se reclama al acusado también lo sea en la ley Argentina. Y en el caso de un condenado -es la situación de Jones Hualas- que le reste cumplir por lo menos un año de la pena.

Fuentes al tanto de la causa informaron a Infobae que la Justicia de Chile todavía no envió la documentación formal ya que está en el proceso de adecuar el planteo a la situación del acusado.

Jones Huala fue condenado a seis años de prisión por la quema de una vivienda en Chile en 2013. Un tribunal de ese país le otorgó la libertad condicional pero luego la Corte Suprema de Justicia de Chile la revocó y en febrero de 2022 se ordenó su detención. Como no fue encontrado se emitió un alerta azul de Interpol para dar con su ubicación. El líder de la RAM fue detenido ayer en una vivienda de El Bolsón, en Río Negro.

Con toda la documentación, primero interviene Cancillería que hace un análisis de los requisitos. La ley establece algunos puntos por los cuáles en esa instancia la extradición podría ser rechazada. Por ejemplo, si el acusado tiene en el país status de refugiado político. Si Cancillería concluye que el requerimiento cumple con todas las formas pasa el caso a la Justicia.

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En esa etapa, el juez a cargo del caso hace un juicio de extradición. El magistrado no analiza el caso penal, ni hace medidas de prueba, solo determina si la extradición procede en el marco de la ley argentina. El primer paso es citar a una audiencia con el acusado. Allí se le informa el motivo de la extradición, que puede designar un abogado particular -sino se nombra a un defensor oficial- y se le pregunta si acepta ser enviado al país que lo requiere. En una primera instancia puede negarse pero tiene todo el proceso para aceptarlo. Fuentes oficiales señalaron que todo indica que Jones Hualas rechazará ser extraditado.

Si el juez acepta la extradición y el acusado no la apela, la decisión queda firme para cumplirse. Pero el imputado tiene la posibilidad de apelarla. Eso es directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley establece establece que ante una apelación el fallo de extradición tiene “efectos suspensivos”, por lo que el envío al país reclamante no se lleva a cabo hasta la decisión del máximo tribunal.

En el caso que el magistrado la rechace, el acusado queda en libertad con prohibición de salida del país hasta que ese fallo quede firme ya que la Fiscalía -que también interviene en la causa- puede apelar ante el máximo tribunal de Justicia.

Si la extradición queda firme, el caso vuelve a pasar a Cancillería. En materia internacional la relación es entre los estados. El Ministerio de Relaciones exteriores puede no aceptar el envío del acusado. Eso ocurre si por ejemplo durante el juicio de extradición se le otorga el estatus de refugiado político.

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Uno de los motivos más comunes para que el acusado rechace la extradición es alegar que es un perseguido político en el país que lo reclama. La ley cooperación internacional en materia penal establece los casos que no son considerados delitos políticos: os crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad: los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de un jefe de Estado o de gobierno, o de un miembro de su familia; os atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas; los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la población o del personal civil inocente no comprometido en la violencia generada por un conflicto armado; os delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o la navegación civil o comercial; los actos de terrorismo; y los delitos respecto de los cuales la República Argentina hubiera asumido una obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar.

La ley establece que el juicio de extradición puede demorar 15 días. Sin embargo, los plazos no son fáciles de establecer. Depende de si el acusado acepta la extradición, si hay una apelación ante la Corte Suprema de Justicia -el máximo tribunal no tiene plazos para resolver- o si durante el proceso se requiere más o nueva información que se le debe pedir al país solicitante.

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