La Asociación de Derecho Procesal cuestionó el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema

El Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal manifestó su preocupación por el anuncio del presidente Alberto Fernández de impulsar un juicio político al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti.

“La independencia judicial constituye uno de los pilares esenciales del debido proceso legal, pues le asegura a todas las personas sin excepción contar con un juez o una jueza imparcial que asegure sus derechos, en especial cuando se vulneren por quienes se encuentran a su respecto en una posición de poder. Para dotar de eficacia a esa independencia, la Constitución no sólo ha previsto exigencias particulares para designar a quienes desempeñen esa función (tendientes a evitar la manipulación partidaria directa sobre la integración de los órganos judiciales), sino que —además— consagra un régimen estricto de inamovilidad en sus funciones. Dicha inamovilidad no es un privilegio de las juezas y los jueces, sino una garantía más para las y los habitantes de nuestro país, quienes pueden así confiar en que la aplicación ciega y respetuosa de la ley y la Constitución, sin temor a ser asediados por los poderes políticos mayoritarios, en forma ilegítima o arbitraria”, señaló el comunicado firmado por las autoridades de la entidad en su primera parte.

En Año Nuevo, Alberto Fernández había anunciado su decisión de iniciar el juicio político tras la filtración de supuestos chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro referidos al fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación.

“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, había escrito el Presidente en su mensaje de Año Nuevo.

El encuentro con los gobernadores se llevó a cabo este mediodía en la Casa Rosada. Luego de esa reunión, apenas siete mandatarios provinciales anunciaron que apoyarán el pedido de juicio político.

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El Presidente sabe de antemano que la iniciativa no prosperará porque el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos por la extrema paridad que hay en Diputados. Sin embargo, el proyecto podría obtener en la Cámara Baja un dictamen favorable ya que en la Comisión de Juicio Político el oficialismo cuenta con una mayoría de 16 sobre 31 miembros.

Ante el anuncio, la Asociación Argentina de Derecho Procesal cuestionó que se acuse a un juez por el contenido de sus sentencias: “De acuerdo con una sana y consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, la garantía de independencia impide destituir a un magistrado o una magistrada por el contenido de sus sentencias. Es decir, que nunca puede la acusación a un juez o jueza basarse en el cuestionamiento del criterio jurídico que hubiera utilizado para resolver los casos sometidos a su conocimiento”.

“Corresponde siempre recordar estas reglas, que llevan a descartar cualquier forma de direccionamiento del poder disciplinario, poder que debe ejercerse en estrictas condiciones de igualdad y sin importar la ideología o criterio jurídico de quienes interpreten la ley —agrega el texto oficial de la Asociación—. La sola sospecha de una eventual utilización del juicio político o del sistema de enjuiciamiento de magistrados como instrumento para condicionar su independencia o para privarlos injustamente de la tranquilidad que requiere el ejercicio de su alta misión institucional, es suficiente para que la ciudadanía y las instituciones que —como la Asociación Argentina de Derecho Procesal— concentran su atención en el estudio de los problemas del servicio de Justicia, eleven una seria advertencia que busque evitar que dicho riesgo se materialice. El peligro para las instituciones es también un peligro para los derechos”.

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