La Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional de Honduras propuso la destitución de cuatro altos funcionarios electorales tras presentar su informe final al pleno legislativo.
La recomendación afecta al consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa; al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán; y a los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
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La citación para que los acusados ejerzan su derecho a defensa quedó fijada para este jueves a la 1:00pm. Así lo confirmó el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, quien detalló que cada uno recibirá la notificación personalmente.
Durante la entrega del informe, la presidenta de la comisión, Tania Pinto, subrayó que la investigación se desarrolló con transparencia y objetividad, resaltando la colaboración de todos los miembros del grupo de trabajo.
Según informó Diario El Heraldo, Pinto recalcó: “La comisión ha concluido su etapa de investigación y deliberación, hemos tenido un trabajo arduo y quiero felicitar a todos los miembros de la comisión porque todos han colaborado para que este proceso se lleve a cabo con transparencia y con objetividad”.
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La entrega formal del documento marca el cierre de la fase de investigación y la apertura del proceso de defensa. Según el procedimiento, los funcionarios señalados deberán presentarse ante el pleno del Congreso para ejercer su derecho de declaración y defensa.
El informe advierte que la decisión final sobre la destitución recaerá en el pleno legislativo. Para aprobar la medida, será necesario el voto favorable de al menos dos tercios de los diputados presentes. El texto enfatiza que corresponde a los legisladores evaluar la responsabilidad política de los funcionarios implicados y decidir si corresponde su destitución inmediata.
La comisión también incluyó en sus recomendaciones la urgencia de realizar los nombramientos necesarios para evitar que queden vacantes estos cargos clave en los órganos electorales.
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Testimonios y acusaciones: el trasfondo de un proceso
Durante las audiencias previas, diversos testigos atribuyeron a Marlon Ochoa y Mario Morazán acciones que, según sus declaraciones, pusieron en riesgo la democracia durante el proceso electoral de 2025.
Entre estos testimonios, el abogado José Antonio Barahona responsabilizó a Morazán y al exfiscal Johel Zelaya por la muerte de su hija, la magistrada Miriam Barahona, al sostener que una persecución institucional le impidió acceder a tratamiento médico.
En otra comparecencia, el funcionario del Consejo Nacional Electoral Marco Martínez denunció la extracción de información sensible de dispositivos USB, acción que habría ocurrido por órdenes directas de Ochoa. Martínez consideró este hecho como un “incidente de alto riesgo para la integridad del proceso electoral”.
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El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Eduardo Enrique Fuentes, señaló amenazas verbales a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, atribuidas a Ochoa, quien habría advertido que “estaban jugando con fuego” al intentar cumplir el cronograma.
Por su parte, la secretaria general del CNE, Telma Martínez, detalló reiteradas ausencias de Ochoa a sesiones clave, lo que habría contribuido al desfase del calendario electoral. Las declaraciones apuntaron a un clima de presión institucional y presunto bloqueo administrativo dentro de los órganos encargados de garantizar la transparencia en las elecciones.
Durante la audiencia, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, defendió la legalidad de las sesiones y denunció ausencias reiteradas de Morazán, señalando que dichas acciones “tenían como objetivo obstaculizar el funcionamiento del tribunal”.
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Las acusaciones reunidas por la comisión especial consolidaron la hipótesis de una posible coordinación entre funcionarios del CNE y del TJE para obstaculizar el proceso electoral, situación que colocó bajo escrutinio público la legitimidad de los órganos garantes del sistema democrático hondureño.
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