Hondureña vinculada a la MS-13 es entregada a El Salvador por el delito de extorsión

En una muestra reciente de cooperación regional para combatir el crimen organizado, las autoridades de Honduras entregaron el jueves 26 de marzo a Ciria Griceli Figueroa Hernández, de 34 años, a la Policía Nacional Civil de El Salvador en la frontera de El Amatillo, departamento de La Unión.

Un informe oficial de la Policía Nacional Civil salvadoreña detalla que Figueroa Hernández tenía una orden de captura emitida por un tribunal de San Salvador desde 2022, donde la vinculan a tareas de cobro ilegal de “renta” en escenarios dominados por la pandilla MS-13, una de las organizaciones criminales más extendidas de la región.

El fenómeno de la extorsión, persistente en los países del Triángulo Norte Honduras, El Salvador y Guatemala, ha generado sistemas organizados de cobro que impactan de manera directa en pequeños y medianos empresarios.

La MS-13, documentada por su capacidad transnacional, ha instalado redes que imponen tarifas semanales o mensuales a vendedores y transportistas. Esto eleva el costo de vida y obliga al cierre de negocios, la pérdida de empleos y el desplazamiento interno de familias, según advirtieron expertos en seguridad citados en el informe policial. Las víctimas más habituales son comerciantes que, para operar o transitar en determinados sectores, deben pagar bajo amenaza.

El caso de Figueroa Hernández se origina el 30 de mayo de 2024, fecha en la que fue capturada en Cantarranas, Francisco Morazán, por agentes de la Policía Militar del Orden Público tras una notificación roja de la Interpol. Este mecanismo internacional permitió su localización y detención bajo normativas que garantizan los procedimientos y los derechos del acusado.

El trámite judicial avanzó el 2 de septiembre de 2024, cuando un juez de extradición de primera instancia hondureño concedió la solicitud presentada por el Estado salvadoreño. El proceso incluyó verificaciones legales y el cumplimiento de tratados internacionales vigentes, hasta culminar con su entrega formal en la frontera, bajo estrictas medidas de seguridad y sin incidentes, según informaron las autoridades de ambos paíse

Desde el año 2014, Honduras ha extraditado a más de 60 ciudadanos, en su mayoría a Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico, conforme a los registros citados en el informe oficial de la Policía Nacional Civil salvadoreña. En años recientes, se incrementaron las solicitudes de países vecinos, reflejando una adaptación en los flujos y respuestas ante el avance del crimen transnacional.

Ciria Figueroa Hernández quedó bajo custodia salvadoreña y será presentada ante el tribunal correspondiente en San Salvador, donde enfrentará cargos por extorsión agravada. La legislación local establece penas especialmente graves en casos vinculados a organizaciones como la MS-13.

Funcionarios de seguridad de ambas naciones indicaron en el informe de la Policía Nacional Civil: “estas operaciones demuestran el grado de coordinación regional alcanzado para enfrentar delitos que trascienden las fronteras”.

En los últimos años, los países del Triángulo Norte han optado por el intercambio de información y operativos conjuntos para restringir el margen de maniobra de grupos como la MS-13, que han perfeccionado sus estructuras para operar de manera transnacional.

La entrega de Figueroa Hernández se encuadra en esta política de fortalecimiento de la colaboración. Las autoridades señalan que: “ninguna persona vinculada a actividades delictivas, sin importar su nacionalidad o ubicación, está fuera del alcance de la ley”. El proceso será monitoreado tanto por instancias locales como por organismos internacionales interesados en la consolidación de métodos eficaces de justicia y cooperación.

La extorsión se mantiene como uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad centroamericana, afectando la cotidianidad de comerciantes y comunidades vulnerables

La reciente operación en la frontera de El Amatillo destaca el resultado de la colaboración internacional y su potencial para debilitar redes criminales responsables de alterar la seguridad económica y social de la región.