Solo el 40% de las normas anticorrupción se aplica en Honduras, Guatemala y República Dominicana, advierte la OCDE

La corrupción y el fraude mantienen un elevado costo para países como Honduras, Guatemala y República Dominicana, donde las reglas anticorrupción existen pero su cumplimiento práctico es bajo. Según el más reciente informe de la OCDE sobre Perspectivas de Anticorrupción e Integridad Pública, estos tres países forman parte de los 25 socios cubiertos en el estudio, junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú, lo que lleva a un total de nueve naciones latinoamericanas analizadas.

En el estudio, la OCDE advierte que existe una marcada distancia entre la existencia de normas y su aplicación real. Mientras que en los países socios el cumplimiento normativo de las reglas anticorrupción es del 66 %, la implementación efectiva alcanza solo el 40%. Entre los 37 países miembros de la OCDE, la solidez de las reglas llega al 63% y su aplicación práctica apenas al 44%. Esta brecha deja expuestos a los sistemas públicos ante el avance de la corrupción y el fraude.

Las investigaciones incluidas en el informe citan estudios realizados en 2022, que estiman que entre el 8% y el 25% de la inversión pública mundial —aproximadamente el 13% del PIB global— se pierde cada año a causa de la mala gestión y la corrupción. De acuerdo con información citada por EFE, esta fuga de recursos impacta de manera directa en la calidad de los servicios públicos y en la equidad en la distribución de fondos estatales.

La distorsión de las políticas públicas es una de las consecuencias más serias de estos delitos. Según la OCDE, la corrupción no solo añade ineficiencia y desalienta la innovación y la inversión, sino que también incrementa las desigualdades sociales y debilita la confianza en las instituciones. Cuando las normas se quedan en el papel, los mercados pierden estabilidad y las oportunidades de desarrollo disminuyen.

En la Unión Europea, el Parlamento Europeo calculó que entre 2016 y 2021 la corrupción en la contratación pública supuso un costo de 29.600 millones de euros. Por su parte, la Fiscalía Europea reportó que los daños por fraude y otros delitos contra el presupuesto de la UE alcanzaron los 25,000 millones de euros en el último ejercicio, lo que implicó un aumento del 22.5 % en comparación con el año anterior.

El informe de la OCDE remarca que el fraude en los programas públicos suele tener un costo real mayor al detectado oficialmente. En Estados Unidos, la Oficina de Rendición de Cuentas estimó que, durante la pandemia de covid, el fraude en el seguro de desempleo osciló entre USD 100,000 y USD 135,000 millones, lo que representó entre el 11 % y el 15 % de todas las prestaciones entregadas en ese periodo.

En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría calcula que los organismos estatales pierden entre el 0,5 % y el 5 % de su gasto anual debido al fraude, lo que representa una fuga importante de fondos públicos.

La expansión del crimen organizado agrava aún más el escenario. Según la OCDE y datos de la ONU, la globalización y la digitalización han incrementado el alcance y el impacto de estas actividades ilícitas. Se calcula que el costo económico del crimen organizado puede estar entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, es decir, entre USD 800.000 millones y dos billones cada año. En América Latina y el Caribe, este costo representa el 3,5 % del PIB; en el Reino Unido, equivale al 2 %; y en Australia, considerando los efectos indirectos, llega hasta el 4 %.

El informe concluye que la corrupción y el fraude no solo afectan a las finanzas estatales, sino que erosionan la confianza pública, amplían las desigualdades y facilitan un entorno donde el incumplimiento de la ley y la tolerancia hacia estos delitos pueden expandirse.

Para países como Guatemala, Honduras y República Dominicana, el reto es que las leyes y los sistemas de integridad pública dejen de ser una formalidad y se conviertan en una realidad cotidiana, capaz de frenar la pérdida de recursos y el deterioro institucional.