Fiscalía hondureña envía comisión a EE.UU. para investigar declaraciones sobre asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo

La investigación por el asesinato de Saíd Lobo Bonilla y otros tres jóvenes hondureños podría ingresar en una etapa decisiva luego de que el Fiscal General de la República Johel Antonio Zelaya ordenara el envío de una comisión especial de fiscales a Estados Unidos para acceder directamente a las declaraciones de un presunto implicado capturado, dato confirmado por el Ministerio público.

El crimen, que ocurrió en circunstancias de gran impacto mediático y social, podría esclarecerse si el testimonio del detenido permite identificar a los autores materiales e intelectuales aún no procesados.

Según el comunicado oficial difundido, Gerson Cuadra Soto, conocido también como “Fantasma”, habría ofrecido información a agentes del FBI sobre su participación directa en el asesinato de Saíd Lobo Bonilla, José Salomón Vásquez Chávez, Norlan Enrique Rivera Rodríguez y Luis Armando Zelaya Rivera. El sospechoso también habría detallado la planificación del ataque y señalado a posibles responsables intelectuales.

La comisión especial designada tiene la tarea de mantener reuniones con funcionarios judiciales y de investigación estadounidenses. El objetivo central es recoger documentación y testimonios oficiales sobre las declaraciones de Cuadra Soto. Así, las autoridades hondureñas buscan verificar la veracidad de los datos provistos y determinar si estos aportan nuevos elementos para profundizar la investigación sobre el caso y dilucidar el móvil, así como identificar a otros posibles implicados.

El Fiscal General Zelaya indicó que la cooperación judicial internacional es esencial en delitos graves con posibles ramificaciones transnacionales, especialmente cuando involucran a detenidos fuera de Honduras.

Mientras la investigación avanza en el ámbito internacional, en Tegucigalpa el expresidente Porfirio Lobo Sosa se presentó este miércoles en las instalaciones del Ministerio Público para reunirse con el titular del ente acusador. El motivo de la visita fue informarse del estado de las pesquisas vinculadas con la muerte de su hijo Saíd Lobo Bonilla y los otros tres jóvenes.

Durante la comparecencia, el ex mandatario anunció la presentación de una denuncia para que se investigue la posible implicación del expresidente Juan Orlando Hernández en el crimen. En su declaración a los medios, afirmó: “La información que tengo es que la muerte de mi hijo había sido por órdenes de Juan Orlando Hernández a raíz de un tema con mi hijo que iba a declarar en un juicio. Yo no puedo dar fe de nada, por eso vengo acá a la fiscalía para que ellos puedan investigar”.

Lobo Sosa puntualizó que la denuncia responde a datos que ha recibido en torno al caso y solicitó que sean las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer si existe alguna relación directa entre los hechos y los señalados.

Agregó además que su hijo Fabio Lobo, residente en Estados Unidos, le comunicó haber recibido amenazas relacionadas con un eventual testimonio en un proceso judicial: “Fabio Lobo dijo que lo habían amenazado, que si iba a testificar en el juicio de Juan Orlando le iban a matar a alguien de la familia”. El expresidente insistió en la necesidad de que se verifiquen exhaustivamente estas versiones y se determine la verdad judicial detrás del crimen.

En la fase actual, el caso ya cuenta con sentencias firmes para cuatro personas, Ever Ezequiel Espinoza Martínez y Daniel Alejandro Almendárez Ordóñez fueron condenados a 96 años de prisión cada uno. Por su parte, Erick David Macías Rodríguez recibió 12 años de cárcel y Norma Alicia García fue sentenciada a 12 años y ocho meses por su participación en los hechos.

Saíd Lobo Bonilla poseía ciudadanía estadounidense, circunstancia que, según su padre, abre la posibilidad de intervención de autoridades de Estados Unidos si la investigación determina que existen elementos para ello. Lobo Sosa recordó que “si sufre una agresión, donde quiera que esté el que lo hizo va a tener su castigo”, en referencia a la capacidad de la justicia estadounidense para actuar cuando sus ciudadanos son víctimas.