En los últimos cinco años, los embargos judiciales contra el Estado han implicado desembolsos cercanos a 10 mil millones de lempiras, mientras las demandas que pesan sobre el Tesoro General ya superan 3 mil millones de lempiras solo en los primeros 15 días de la nueva gestión, de acuerdo con datos oficiales citados en el debate parlamentario.
La legislación establece que los órganos de la administración pública, centrales y descentralizados, deberán tomar acciones contundentes en ingresos fiscales, gasto público, ordenamiento financiero y gestión administrativa, todas de carácter extraordinario, excepcional y temporal.
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Por decisión del Poder Ejecutivo, se podrán suprimir, fusionar o reducir organismos estatales, con la consiguiente disminución de servicios o personal, ya sea por nombramiento o contrato, siempre bajo criterios de eficiencia organizacional y ahorro económico. Está previsto que a quienes sean separados se les pague indemnización, con la condición de que dicho pago extinguirá cualquier otra obligación ante los tribunales.
En caso de negativa a recibir la indemnización, la suma podrá ser consignada ante una autoridad judicial o administrativa para evitar que aumente el monto a pagar. Las alcaldías y los entes descentralizados también podrán aplicar medidas similares dentro de sus respectivas competencias.
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La normativa determina que, al existir embargos producto de sentencias judiciales firmes, los jueces deben notificar tanto a la Tesorería General de la República como al órgano condenado, para que los pagos se realicen según la disponibilidad presupuestaria, evitando comprometer la prestación de otros servicios públicos. Además, las órdenes tienen que emitirse como máximo cinco días hábiles después de dictada la sentencia.
La Procuraduría General de la República (PGR) recibe nuevas competencias para concretar conciliaciones judiciales, arbitrajes, demandas y litigios, tanto en instancias nacionales como internacionales, con el objetivo de prevenir daños económicos mayores para el Estado. Todos los acuerdos extrajudiciales requieren el visto bueno de la Secretaría de Finanzas y la homologación judicial, y solo podrán llevarse a cabo si superan los cinco millones de lempiras y cuentan con dictamen favorable de una comisión congresal.
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La Secretaría de Finanzas queda autorizada para ajustar recursos entre los rubros de gasto capital y corrientes dentro de cada entidad, salvo en los otros dos poderes del Estado y órganos constitucionales. Además, todas las instituciones deben efectuar un diagnóstico de los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la ley.
Una enmienda de la bancada del partido Liberal asegura la protección de servidores públicos que ingresaron por concurso de oposición, aunque deja fuera a quienes recibieron nombramientos en las semanas finales de la anterior administración.
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La sesión final estuvo marcada por la confrontación. El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, acusó al partido Liberal de avalar una “masacre laboral”, dirigiendo críticas además a Rolando Contreras del Pinu, quien calificó de ofensivas esas palabras. El liberal Jorge Cálix, jefe de bancada, mencionó los despidos que ocurrieron en el gobierno previo: “En el gobierno pasado despidieron a más de 15 mil empleados del programa guía de familia, así como a trabajadores del Congreso Nacional, los cuales volvieron a trabajar en la actual administración.”
La ley recibió apoyo de las bancadas del Partido Nacional, Liberal, Pinu y Democracia Cristiana, mientras la oposición provino de Libre.
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El diputado Hugo Noé Pino manifestó su preocupación, señaló que la ley “abre la posibilidad a acciones de funcionarios que pueden generar mayores males al Estado”, aludiendo a la facultad que tendrá la PGR para pactar pagos previos en litigios. Los representantes liberales Jorge Cálix y Yury Sabas sostuvieron la defensa de su partido, negando las acusaciones de Sandoval y el partido Libr
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