La Corte de Constitucionalidad analizará amparos sobre relevo en la Fiscalía General de Guatemala

El futuro del Ministerio Público en Guatemala se juega este martes 12 de mayo, cuando la Corte de Constitucionalidad analizará una serie de amparos clave que buscan frenar o revertir la designación de Gabriel Estuardo García Luna como jefe del organismo, nombramiento impulsado por el presidente Bernardo Arévalo.

Las resoluciones que adopte el pleno tendrán impacto directo en la transición de poder prevista para el domingo 17 de mayo y mantienen en suspenso la estabilidad jurídica e institucional del país, según publica la agenda replicada por diversos medios nacionales.

La Corte enfrenta catorce expedientes: la mayoría centrados en la sucesión del Ministerio Público

Cinco de los catorce expedientes programados para la sesión del martes están vinculados expresamente al cuestionamiento del proceso de renovación de la cúpula del Ministerio Público, detallan los medios guatemaltecos.

Las acciones legales incluyen el amparo de Raúl Amílcar Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dirigido contra el presidente Arévalo y la Comisión de Postulación.

Falla critica la composición de la lista de seis finalistas, señalando que se excluyó a postulantes con mayores puntajes en las evaluaciones, entre ellos a María Consuelo Porras, actual fiscal general, quien lideró la tabla de calificaciones pero quedó fuera de la nómina definitiva.

Uno de los recursos registrados advierte sobre una amenaza “cierta e inminente” a los principios de alternancia y legalidad institucional, con presuntas infracciones a la Constitución en la integración de la terna y la elección de García Luna.

Otro expediente apunta que la selección del sexteto final omitió a candidatos con probada idoneidad y trayectoria ética. Los accionantes recalcan que la exclusión de aspirantes mejor calificados deslegitima el proceso.

Este bloque de recursos suma las firmas de figuras como Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la FCT, y David Alberto Juárez. Además, diputados oficialistas han pedido medidas para preservar la información y los bienes del Ministerio Público en el contexto del inminente cierre de la gestión de Porras.

Divisiones internas y antecedentes: una Corte fraccionada decide la transición

Desde la instalación de la nueva magistratura en abril, la Corte de Constitucionalidad exhibe fricciones internas.

Según detallan medios locales, se distinguen dos bloques principales: un grupo de tres magistrados liderado por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, y una minoría encabezada por la presidenta Anabella Morfín y la magistrada Astrid Lemus. Estas diferencias han quedado reflejadas en resoluciones previas y añaden incertidumbre sobre la ruta que tomará la sesión.

La más reciente de las acciones legales provino de un grupo de diputados encabezados por José Alberto Chic Cardona, de la bancada VOS, quien, tras la oficialización de la designación, declaró en sus redes sociales que algunos expedientes “ya perdieron materia”. También han intervenido exfuncionarios como el abogado y exdiputado Fernando Linares Beltranena, así como excandidatos y otros abogados particulares.

Cierre de la gestión Porras: ocho años marcados por sanciones y pérdida de confianza

El periodo que culmina María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público se extiende por ocho años signados por sanciones y cuestionamientos internacionales.

Durante su mandato, la Fiscalía fue señalada por prácticas de persecución contra jueces, fiscales y periodistas implicados en investigaciones por corrupción, de acuerdo con medios guatemaltecos. Esas acciones contribuyeron al debilitamiento del organismo y a una progresiva erosión de la confianza pública.

La Corte recibirá en su sesión expedientes legalmente desfasados, mientras analiza los recursos que buscan modificar el rumbo de la transición.

Analistas y actores sociales sostienen que un fallo que suspenda o impugne la designación tendría efectos inmediatos, generando una nueva fase de incertidumbre jurídica y trastornos en la institucionalidad.

El desenlace dependerá de si la Corte de Constitucionalidad valida el procedimiento seguido por la Comisión de Postulación, que respaldó la lista de seis finalistas y condujo a la selección de García Luna, o si opta por una revisión de fondo, posibilidad que podría alterar el calendario y el resultado de la sucesión al frente del Ministerio Público.