El gobierno de Honduras anunció que el Presupuesto General para 2026 se situará en aproximadamente 430 mil millones de lempiras, lo que representa una reducción respecto al monto aprobado por la administración anterior. El anuncio fue realizado por José Argueta, secretario de prensa, quien presentó un conjunto de iniciativas orientadas a la modernización del Estado y a la contención del gasto, según informó el medio original.
La proyección de 430 mil millones de lempiras implica un recorte respecto a los 469 mil millones acordados en septiembre de 2025 durante el Consejo de Ministros del gobierno anterior. Argueta confirmó que esta reducción se basó en una revisión completa de las finanzas públicas. Como resultado, las nuevas directrices permitirán un ahorro mensual estimado en 600 millones de lempiras, lo que representa 7 mil 500 millones de lempiras al año que serán reasignados a prioridades estratégicas.
El funcionario resaltó el hallazgo de un incremento considerable en el gasto en salarios. Durante la gestión previa, la administración central aumentó en 20 mil millones de lempiras anuales su desembolso en planilla. Al ampliar el análisis al conjunto del sector público, el aumento total alcanzó 33 mil millones de lempiras anuales. Ante esta situación, el gobierno actual instruyó a todos los secretarios de Estado a presentar informes detallados sobre sus dependencias, abarcando estructura organizativa, personal, contratos y proyectos vigentes. El objetivo es identificar duplicidades, ineficiencias y gastos innecesarios, y así ajustar la estructura estatal.
Como parte del proceso de ajuste, la administración emprenderá una fusión de instituciones con funciones superpuestas. Entre las dependencias incluidas figuran la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), la Secretaría de Planificación y la Secretaría de la Presidencia. Argueta señaló que el enfoque no es eliminar servicios esenciales, sino eliminar redundancias administrativas y dotar de mayor eficiencia operativa al Estado.
El análisis alcanza áreas específicas como la Secretaría de Estrategia, la cual, de acuerdo con el informe oficial, tenía asignado un gasto cercano a 1.500 millones de lempiras y más de 500 empleados vinculados a uno de los canales estatales. Estas acciones buscan dejar de financiar estructuras cuyo costo no se justifica por sus resultados.
Entre las medidas inmediatas, el gobierno dispuso la supresión de prácticas calificadas como onerosas. Argueta detalló: “No más carros alquilados; solo en prados blindadas se iban 1 mil 200 millones de lempiras al año. También se bajará el consumo de combustible y el alquiler de edificios innecesarios.” Estas acciones buscan reforzar la austeridad y transparencia en el manejo de recursos públicos.
En materia de seguridad, la administración enviará al Congreso Nacional de Honduras un proyecto de ley antiextorsión orientado a fortalecer el combate a este delito, que afecta especialmente a pequeños y medianos empresarios, transportistas y comerciantes. El fortalecimiento jurídico estará acompañado de programas de simplificación administrativa y gobierno digital, cuyo propósito es reducir la discrecionalidad de los servidores públicos y limitar oportunidades para la corrupción.
Argueta informó que la modernización administrativa incluirá la digitalización de trámites y procesos, asegurando una mayor transparencia y acceso ciudadano a la información. Un ejemplo concreto será la nueva plataforma en la Secretaría de Infraestructura, donde la ciudadanía podrá consultar en tiempo real la ubicación y el costo de los proyectos públicos, lo que permitirá un mayor escrutinio social sobre la gestión de fondos.
La infraestructura es otro eje clave del plan. Entre las primeras disposiciones, el Consejo de Ministros ordenó la reparación urgente del Muelle de Henecán, infraestructura portuaria considerada estratégica para el comercio y la movilidad en la zona sur. Argueta precisó que el muelle enfrenta riesgo de colapso y su rehabilitación resulta fundamental para dinamizar el tráfico marítimo.
Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, el gobierno ejecutará la reparación de 2.700 kilómetros de carreteras para mejorar la conectividad y reducir accidentes en un período de alto flujo vehicular hacia zonas turísticas y áreas rurales
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