ppEl Gobierno de Honduras impulsa un ambicioso paquete de reformas anticorrupción que incluye una Ley Antisoborno de alto estándar y la transformación del sistema de compras estatales, una apuesta que busca fortalecer la confianza ciudadana y frenar el impacto económico de los litigios judiciales contra el Estado.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, subrayó que la agenda anticorrupción incorpora la digitalización de los procesos de compras públicas, una medida que apunta a reducir riesgos de manipulación y discrecionalidad. El Gobierno también ha iniciado investigaciones sobre jurisdicciones judiciales catalogadas de alto riesgo, debido al volumen y la naturaleza de demandas que han producido embargos y obligaciones sustanciales para el erario público.
La presión fiscal derivada de sentencias y embargos ha provocado preocupación en el Ejecutivo, que busca racionalizar el gasto y proteger los recursos destinados a programas sociales. Tras reunirse con la Corte Suprema de Justicia, Aspra informó que las autoridades judiciales demostraron profesionalismo para abordar estos desafíos e iniciaron una supervisión para investigar la gestión de los jueces en ciudades clave como Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa y La Ceiba.
Según el esquema oficial, la combinación de una reforma estructural del sistema de compras estatales y una revisión de los procesos judiciales vinculados a litigios permitirá reforzar los controles y elevar la transparencia. El Gobierno está a la espera de los resultados de las investigaciones y confía en que el Ministerio Público avanzará conforme a las irregularidades identificadas en esas jurisdicciones.
Aspra precisó que la propuesta fue desarrollada conjuntamente por la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Finanzas. El diseño se inspiró en modelos recientes de Chile y República Dominicana, donde reformas profundas optimizaron la transparencia y el control sobre el gasto público.
Uno de los ejes centrales es la creación de la Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE), que reemplazará a la actual oficina normativa y dependerá de la Secretaría de Finanzas. Mediante un esquema de compras electrónicas respaldadas por un portal interactivo en tiempo real, el proyecto asegura mayor visibilidad sobre las adquisiciones estatales y la reducción de la intervención humana, con el objetivo de disminuir riesgos de corrupción.
El sistema requerirá la certificación obligatoria de compradores y proveedores, la introducción de un catálogo estandarizado de productos y un registro centralizado de adquisiciones. El procurador detalló el propósito: “Garantizar certeza jurídica y trazabilidad en cada etapa de los contratos estatales”.
La propuesta legal elevará los requisitos para quienes aspiren a contratar con el Estado hondureño. Aspra adelantó que la Ley de Cumplimiento Antisoborno, lista para ser enviada al Congreso, obligará a empresas y proveedores a certificar sus sistemas de gestión antisoborno, en línea con la norma ISO 37001.
Solo los oferentes que acrediten este requisito podrán ser contratistas del Estado. Además, los nuevos mecanismos de control harán posible identificar posibles conflictos de interés, vínculos con personas políticamente expuestas o antecedentes de negociación incompatible.
El Gobierno busca blindar la contratación pública exigiendo que todos los actores clave cuenten con un sistema reconocido internacionalmente para prevenir sobornos, alineando así el esquema local con las mejores prácticas de América Latina.
El trámite de la Ley Antisoborno y la creación de ARCE constituye un momento decisivo para la agenda del Ejecutivo. Los diputados deberán examinar el alcance de la propuesta, su impacto sobre empresas privadas y la coherencia con la normativa vigente.
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