La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, anunció que presentará ante el Parlamento una lista con 232 casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean incluidos en la reciente Ley de Amnistía sancionada por la Asamblea Nacional.
La iniciativa busca evitar que quienes han sufrido vulneraciones de derechos humanos queden excluidos de los beneficios legales aprobados tras el cambio de gobierno.
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que el documento será entregado a la comisión de seguimiento del Parlamento en cuanto la ley se publique en la Gaceta Oficial.
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El escrito, ya redactado, solicita la revisión de los casos, ya que la mayoría de las personas incluidas permanece fuera del alcance de la amnistía establecida por la nueva legislación.
La Ley de Amnistía fue promulgada el jueves por la noche por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Tras la sanción parlamentaria, la norma fue firmada y dispone la revisión inmediata de expedientes vinculados a hechos de confrontación política desde 1999.
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El texto concede amnistía a ciudadanos investigados o condenados por hechos relacionados con manifestaciones, protestas, episodios de violencia y procesos electorales, incluyendo casos posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron detenciones masivas en el país.
La legislación limita su aplicación a trece coyunturas políticas específicas dentro del período comprendido desde 1999, excluyendo arrestos ocurridos en quince de los veintisiete años abarcados por la norma.
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Según estimaciones de Foro Penal, al menos 400 presos políticos podrían seguir encarcelados y excluidos de la amnistía, mientras que cerca de 300 estarían incluidos en la lista de beneficiarios, aunque la cifra depende de la implementación de la ley.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, consideró la amnistía como un logro de los familiares de presos políticos, pero advirtió que persiste la represión estructural.
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Además, resaltó que la amnistía no es un requisito indispensable para las liberaciones y defendió la continuidad del proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero por el gobierno encargado. Hasta el 18 de febrero, Foro Penal verificó la liberación de 448 personas.
Bajo este contexto, la Asamblea Nacional de Venezuela creó una comisión especial para supervisar la aplicación de la nueva ley de amnistía para presos políticos, firmada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
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El diputado Jorge Arreaza, a cargo de la comisión, explicó que el seguimiento se organizará por áreas y buscará informar a la población sobre el proceso.
La ley exige que los beneficiarios se presenten ante las autoridades, aunque quienes están exiliados podrán ser representados por un abogado y no podrán ser detenidos mientras dure el trámite. La medida fue impulsada, tiempo después de la detención del exdictador Nicolás Maduro en Estados Unidos a comienzos de 2026.
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(Con información de EFE)
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