La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Honduras realizó la detención de un abogado de 34 años y su pareja de 20, ambos residentes de la capital, como presuntos responsables de la violación y agresión sexual a una menor de catorce años. El material clave del caso está en los teléfonos celulares decomisados a los sospechosos, pues se sospecha que las grabaciones realizadas durante el acto constituirán una prueba concluyente en el inminente proceso penal.
El Ministerio Público procesó rápidamente a los detenidos, quienes enfrentan cargos según el artículo 249 del Código Penal (violación) y el artículo 175 del Código Procesal Penal (agresiones sexuales y aseguramiento de pruebas), lo que asegura un proceso riguroso y sanciones graves en caso de resultar culpables.
Desde el momento del arresto, la víctima permanece protegida y bajo la atención constante de especialistas que buscan restablecer su bienestar emocional. De acuerdo con el expediente policial, la investigación demostró que el delito fue planificado: la mujer atrajo a la adolescente bajo el pretexto de una “pijamada” en plenas celebraciones de San Valentín, para luego concretar la agresión junto a su pareja.
La DPI llevó a cabo el operativo tras recibir una denuncia formal que derivó en la rápida emisión de la orden de captura por parte de la Fiscalía de Turno de Tegucigalpa. La localización y seguimiento técnico permitieron identificar ubicaciones estratégicas donde los sospechosos se movilizaban: el bulevar Juan Pablo II y el barrio Los Dolores, ambos en el Distrito Central.
La participación del abogado entre los implicados causó indignación pública, dado que se espera de los profesionales del derecho un mayor respeto por la ley y el bienestar de los ciudadanos. A partir del análisis del expediente, las autoridades señalaron que la mujer de veinte años aprovechó su parentesco con la menor para obtener acceso al domicilio, alegando la realización de una actividad social inocente.
El abogado llegó a la vivienda y, junto con su pareja, intentaron manipular y coaccionar a la adolescente para participar en actos sexuales. Ante la negativa de la víctima, los implicados emplearon la fuerza y la intimidación. El elemento agravante surgió de la presunta grabación del delito, lo que aumenta la gravedad de los hechos investigados.
Durante el arresto se decomisaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en la Unidad de Extracción de Información y Análisis de la DPI. Se espera que las investigaciones forenses confirmen la existencia de imágenes o videos que respalden la denuncia presentada.
La fiscalía solicitará la detención judicial de ambos imputados para impedir cualquier intento de huida o de presión sobre la víctima o posibles testigos. Las pruebas recabadas y el contexto de parentesco servirán como sustento principal en la audiencia inicial y los siguientes pasos del proceso.
El Ministerio Público de Honduras está a cargo de la acusación y de asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho. La normativa penal hondureña tipifica este tipo de delitos con especial severidad cuando hay uso de fuerza o intimidación, y trata con máxima protección los casos en que la víctima es menor de edad.
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