La reciente decisión del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras de otorgar una prórroga de transición, eximiendo temporalmente a los migrantes en tránsito del pago de multas superiores a 250 dólares (aproximadamente 5 mil 789 lempiras con 76 centavos), ha traído alivio a miles de personas en medio de un contexto de creciente presión migratoria y demandas humanitarias.
Esta medida, según explicó el director del INM, Carlos Cordero, mantiene el control biométrico y el registro obligatorio, pero impide la imposición de sanciones económicas hasta que el Congreso Nacional resuelva la posible extensión de la amnistía migratoria.
En declaraciones recientes, Cordero aclaró que “la prórroga de transición no es una extensión de la amnistía migratoria, ya que esa acción corresponde al Congreso Nacional, pero cumple el mismo objetivo: eximir del pago de la multa a los migrantes en tránsito”.
En consecuencia, durante este periodo de gracia, ningún migrante que cruce Honduras de manera irregular será penalizado económicamente, aunque deberá someterse a procedimientos de registro ante la autoridad migratoria.
Según datos oficiales del INM, durante 2025 transitaron de forma irregular 39 mil 384 migrantes por Honduras. Este flujo evidencia la posición estratégica del país en la ruta centroamericana hacia México, Estados Unidos y otros destinos. La amnistía vigente desde agosto de 2022, prorrogada en al menos seis ocasiones, ha eliminado para los migrantes el pago de una multa de 236 dólares por persona adulta (equivalentes a 5 mil 957 lempiras con 63 centavos al cambio actual), permitiéndoles permanecer en el país hasta cinco días—un plazo que casi nunca agotan, dada la naturaleza de Honduras como territorio de paso.
El riesgo de que miles de migrantes debiesen afrontar pagos conforme al artículo 104 de la Ley de Migración y Extranjería motivó la reacción de organismos humanitarios, quienes alertaron sobre el impacto de tales sanciones para personas vulnerables.
Distintas organizaciones han advertido que la falta de pago fuerza a los migrantes a quedarse en Honduras en condiciones precarias, incrementando su exposición a riesgos y explotación.
Mientras el Congreso Nacional estudia la aprobación de una nueva amnistía, la prórroga de transición evita el vacío legal y protege a los migrantes de cargas económicas inmediatas.
Aunque no modifica la normativa vigente, garantiza la continuidad de los controles migratorios y la ausencia de multas. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó la convocatoria a una sesión plenaria para discutir varias exoneraciones, incluida la posible extensión de la amnistía migratoria, lo que augura una pronta definición del marco legal.
El debate actual, enmarcado en el incremento de la migración regional por factores económicos y de seguridad, apunta a encontrar soluciones efectivas y humanitarias. Autoridades y organizaciones humanitarias destacan la importancia de evitar medidas que profundicen la precariedad de los migrantes, señalando que flexibilizar las sanciones por tránsito irregular contribuye a reducir riesgos y vulnerabilidades.
En resumen, la medida adoptada por el INM asegura que los migrantes en tránsito por Honduras permanezcan exentos del pago de multas superiores a 250 dólares, siempre cumpliendo con el registro biométrico. Este mecanismo transitorio representa un respiro tanto para los migrantes como para quienes los acompañan, mientras la atención se centra en las próximas definiciones legislativas que determinarán el futuro de la política migratoria hondureña.
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