El presidente Santiago Peña promulgó recientemente el acuerdo SOFA entre Paraguay y Estados Unidos que regula la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense en el país. Para el oficialismo, se trata de una “obligación estratégica” necesaria para enfrentar al crimen organizado y otras amenazas transnacionales.
El tratado, firmado en diciembre en Washington por el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Rubén Ramírez Lezcano, fue ratificado por el Congreso con 53 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones. La iniciativa fue defendida por el diputado Juan Manuel Añazco, del Partido Colorado, quien destacó que el acuerdo no implica la creación de bases militares ni la cesión de territorio a Estados Unidos. Según Añazco, el SOFA simplemente establece reglas claras para la cooperación en actividades de entrenamiento, asistencia técnica y ejercicios conjuntos, permitiendo la entrada temporal de personal militar, buques y aeronaves estadounidenses.
El acuerdo SOFA otorga a los empleados del Departamento de Defensa y a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos privilegios, exenciones e inmunidades comparables a los que reciben los diplomáticos, según la Convención de Viena de 1961. Esto implica que podrán ingresar y permanecer en Paraguay con documentación estadounidense, portar armas, vestir uniforme y no pagar impuestos locales. Además, podrán introducir equipos tecnológicos sin pasar por inspecciones exhaustivas y operar sistemas de telecomunicaciones propios, sin costo por el uso del espectro radioeléctrico.
Uno de los puntos clave del acuerdo es la jurisdicción penal: los delitos cometidos por personal estadounidense en territorio paraguayo serán juzgados en Estados Unidos y no por la justicia local.
El gobierno de Estados Unidos calificó el SOFA como un “acuerdo histórico” y un “estándar de oro” en materia de cooperación militar, mientras que el canciller paraguayo afirmó que la principal meta es fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Especialistas como Gregory Ross y Juan Battaleme explicaron a BBC que el pacto forma parte de una tendencia de acercamiento bilateral sin precedentes, impulsada en el contexto de crecientes amenazas de actores externos y organizaciones criminales transnacionales en la región. Para José Amarilla, experto en seguridad, el SOFA responde a necesidades estratégicas de Paraguay ante déficits internos en el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
El acuerdo permite que las aeronaves, buques y vehículos del Departamento de Defensa estadounidense ingresen y se desplacen libremente por el territorio paraguayo en el marco de ejercicios militares, entrenamientos y asistencia humanitaria. El tratado, sin embargo, no autoriza la instalación de bases permanentes ni la cesión de recursos físicos del país.
La aprobación del SOFA se produce en un contexto de creciente cooperación entre Paraguay y Estados Unidos en materia de defensa y seguridad, en el que Washington busca ampliar su influencia en América Latina bajo la actual administración estadounidense. Además de Paraguay, existen acuerdos similares con otros países de la región, aunque sólo algunos alcanzan el nivel de protección jurídica y operativa que establece este tratado.
El Congreso paraguayo se mantuvo dividido hasta el final, con posiciones encontradas sobre los beneficios y riesgos de la alianza estratégica con Estados Unidos. Mientras el oficialismo sostiene que la cooperación internacional es imprescindible frente a amenazas complejas, la oposición y parte de la sociedad civil continúan expresando reservas sobre el alcance real del acuerdo y sus implicancias en la soberanía y la justicia nacional.
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