“Ley Megan”: el crimen de una niña de siete años que impulsó la creación del registro de delincuentes sexuales en los Estados Unidos

A mediados de la década de los ’90, la comunidad de Hamilton Township, en Nueva Jersey, era un lugar realmente tranquilo. El delito casi no existía y los chicos jugaban en la calle sin que los adultos se preocuparan por vigilarlos. Vivían seguros en un barrio donde no pasaba nada. Fue así hasta la tarde del 29 de julio de 1994 cuando un crimen brutal cambió la historia para siempre. Ese día, alrededor de las seis, Megan Kanka, de siete años, salió a la encontrarse con sus amigos del barrio y a dar un paseo en bicicleta. Casi siempre lo hacía en compañía de sus hermanos, de 12 y 9 años, pero esa vez fue sola. Sus padres, Richard y Maureen, la saludaron con las manos cuando la vieron montarse a la bici en la vereda.

El padre se fue a hacer unas diligencias y la madre se tiró un rato a descansar en la cama. Cuando se hizo de noche y Megan no regresaba, Maureen empezó a preocuparse. Salió a la calle y les preguntó a varios vecinos si la habían visto. Muchos le dijeron que sí, pero hacía rato. Uno de ellos, el vecino de enfrente, Jesse Timmendequas, de 36 años, un hombre casado y con hijos, fue un poco más preciso: le dijo a Maureen que habían charlado brevemente con Megan y su amiga Courtney a eso de las seis y media, cuando las chicas estaban mirando con curiosidad su nuevo barco en el jardín delantero de su casa, pero que después las había perdido de vista.

Maureen no esperó un minuto más y llamó a la policía, que de inmediato envió un patrullero a su casa. Los agentes llegaron exactamente a las 8.49 de la noche, le tomaron la denuncia por desaparición y de inmediato iniciaron un operativo de búsqueda e interrogaron a los vecinos en busca de pistas o detalles que les permitieran encontrar a la nena perdida. Por entonces se pensaba más en un accidente que en cualquier otra posibilidad.

La pareja de agentes que interrogó a Jesse Timmendequas notó que el hombre transpiraba mucho y respondía con nerviosismo a sus preguntas. Además, la versión que dio no coincidía con lo que le había contado a la madre de Megan. A los policías les dijo que había visto a la nena por última vez a las dos y media de la tarde, cuatro horas más temprano que la hora que le había dado a Maureen. Pidieron y consiguieron una orden judicial que les permitió registrar la casa, el auto y la lancha de Timmendequas.

En la vivienda y el vehículo no encontraron nada, salvo una caja de juguetes en el baúl del auto que el hombre aseguró que pertenecía a sus hijos. En cambio, los policías que registraron la lancha hicieron un descubrimiento que convirtió a Timmendequas en sospechoso: una cuerda, un cinturón que los padres reconocieron como de Megan, cabellos y manchas de sangre. No hizo falta más para que le leyeran sus derechos y lo llevaran a la comisaría para tomarle declaración.

Un violador y asesino confeso

Mientras dos policías comenzaban a interrogar a Timmendequas, otros rastrearon su nombre en el registro de criminales con antecedentes. No tardaron en descubrir que tenía dos condenas previas por agresión sexual a menores. En 1979, se había declarado culpable del intento de agresión sexual agravada contra una niña de cinco años en Piscataway Township, Nueva Jersey, lo que le valió una sentencia suspendida y la obligación de hacer un tratamiento psicológico. Como no fue a las sesiones de terapia, volvieron a detenerlo y cumplió nueve meses de prisión en el Centro Correccional para Adultos de Middlesex. Cuando salió en libertad no duró mucho en la calle. En 1981 volvió a declararse culpable de la violación de una nena de siete años y debió cumplir seis de cárcel en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Adultos de Avenel, Nueva Jersey.

Según los informes de los profesionales del Centro, durante su detención, Timmendequas había participado poco y nada en el programa de tratamiento. Uno de los terapeutas que lo trató lo describía como un “quejoso” que se pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo y no colaboraba en nada. Otro de los psiquiatras dejó constancia en su informe de que existía la posibilidad de que, una vez liberado, el paciente perpetrara otra agresión sexual.

No hizo falta que los policías lo confrontaran con sus antecedentes para que Timmendequas confesara este nuevo crimen. Lo contó con lujo de detalles sin ninguna presión. Relató que había atraído a Megan a su casa, donde la violó y luego la estranguló con un cinturón por temor a que la nena les contara a sus padres el abuso. Incluso les mostró la marca de una mordedura reciente en su brazo que los peritos encontraron coincidente con la dentadura de la víctima. Contó también que, después de matarla, metió el cuerpo en el baúl del auto y lo enterró en un lugar poco transitado del Parque del Condado de Mercer. Al día siguiente llevó a los detectives hasta el lugar donde había abandonado el cadáver. La autopsia de Megan encontró marcas de ligaduras que coincidían con el cinturón de Jesse, moretones en su colon y riñón, señales de penetración forzada, y “traumatismos contundentes” en sus ojos y cabeza.

En el juicio que inició el año siguiente, el violador y asesino fue declarado culpable de ocho cargos, incluidos asesinato intencional, secuestro con agravantes, agresión sexual con agravantes y asesinato con el agravante de causar una muerte en el curso de un delito grave. El 30 de mayo de 1997 el Tribunal lo sentenció a muerte y la pena fue confirmada, luego de una apelación de la defensa, por la Corte Suprema de Nueva Jersey. El congresista Dick Zimmer celebró el hecho con una declaración contundente: “Creo que es exactamente el tipo de depredador que la legislatura tenía en mente cuando promulgó la pena de muerte”, dijo.

Jesse Timmendequas permaneció en el corredor de la muerte en Nueva Jersey hasta el 17 de diciembre de 2007, cuando la Legislatura abolió la pena capital en el Estado. Con la nueva legislación, le conmutaron la pena por una de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La Ley Megan

La violación y el asesinato de Megan Kanka dio lugar a un cambio en la legislación para proteger mejor a los niños de los depredadores sexuales. Sus primeros impulsores fueron Maureen y Richard, los padres de la niña. En declaraciones públicas, Maureen aseguró que si hubiera sabido que tenía como vecino a un violador reincidente habría tomado medidas para proteger a su hija e insistió en que el anonimato de los agresores sexuales fue la principal razón por la que Megan terminó siendo una víctima.

En la Asamblea General de Nueva Jersey tomó la iniciativa el representante republicano Paul Kramer, que presentó un proyecto para la creación de un registro público de delincuentes sexuales, con una base de datos gestionada por el estado, la notificación a la comunidad de los delincuentes sexuales registrados que se mudaran a un vecindario y, posteriormente, cadena perpetua para los reincidentes. La ley fue aprobada ese mismo año y especifica que la información al alcance del público debe incluir el nombre, la foto, la dirección, el día de encarcelamiento y la naturaleza del delito cometido por el delincuente sexual.

Una vez aprobada, la Ley Megan —como se la llamó— allanó el camino para una iniciativa nacional impulsada por el entonces presidente Bill Clinton para la creación de un registro nacional de delincuentes sexuales. En 1994 el Congreso aprobó la Ley Megan como parte de un proyecto contra el crimen, que exigía a todos los estados desarrollar mecanismos para informar a las comunidades cuando un delincuente sexual se mudara a su territorio.

La norma federal, conocida como Ley Wetterling, no fue aprobada sin que se desataran polémicas. Sus opositores argumentaron que la vigilancia constante de los delincuentes sexuales que ya habían recibido tratamiento en instituciones especializadas constituía una violación de sus derechos civiles. Fue entonces cuando el presidente le dio un apoyo que resultó decisivo: “No hay derecho más importante que el derecho de un padre a criar a un hijo en un entorno seguro y lleno de amor”, les respondió a los detractores.

Con los años, la eficacia de la Ley Megan comenzó a ser cuestionada. Un estudio realizado en 2008, titulado Megan’s Law: Assessing the Practical and Monetary Efficacy, concluyó que el registro creado por ella no tuvo ningún efecto sobre la tendencia de la comunidad, no produjo una reducción de la reincidencia de delitos sexuales ni en el número de víctimas, y que esa falta de resultados no justifica el alto costo económico que tiene para los estados y para el Gobierno federal.