La protesta pacífica de una multitud indefensa que terminó con 69 muertos por la espalda: así fue la masacre de Sharpeville

“El ambiente era alegre; la gente cantaba y bailaba. Pero, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer más policías y vehículos blindados. Aviones militares sobrevolaban la zona. Luego, sin advertencia, la policía abrió fuego contra la multitud desarmada”. El testimonio de Simon Mkutau, uno de los sobrevivientes del 21 de marzo de 1960, resume el contraste entre el clima con el que se inició la protesta y el horror que vendría después.

Esa mañana, miles de mujeres y hombres, con sus hijos, se reunieron en Sharpeville, al sur de la exprovincia sudafricana de Transvaal, para protestar pacíficamente contra la “Ley de Pases”, la principal herramienta del apartheid que restringía la libertad de movimiento de la población negra. La protesta, organizada por el Congreso Panafricano (PAC) y respaldada por el Congreso Nacional Africano (ANC), buscaba exponer la injusticia de un sistema que convertía derechos básicos en privilegios vigilados por la policía.

Desde 1948, con el ascenso del Partido Nacionalista y la llegada al poder de Daniel François Malan, el país vivía bajo una estructura de segregación legalizada. La mayoría negra quedó relegada a una ciudadanía limitada, sometida a la vigilancia, la pobreza y la exclusión. En ese contexto, las organizaciones opositoras impulsaron campañas pacíficas para enfrentar un régimen que había institucionalizado la violencia y la discriminación.

Pese a ello, nadie en Sharpeville imaginó que esa jornada de lucha por los derechos terminaría en una masacre. En pocos minutos, la policía sudafricana convirtió todo en tragedia: 69 personas murieron y más de 180 resultaron heridas, en su mayoría mujeres y niños.

La antesala del horror

A finales de la década de 1950, Sudáfrica vivía bajo el control del Partido Nacional, una fuerza política ultraconservadora y nacionalista afrikáner que había institucionalizado el apartheid (un sistema legal racista que negaba derechos y libertades a cualquiera que no fuera considerado blanco) para segregar a la mayoría de la población negra. El eje de ese sistema era la Ley de Abolición de Pases y Coordinación de Documentos de 1952, que los obligaba a llevar documentos de identidad para circular por zonas urbanas. Irónicamente se llamaba así pero hizo todo lo contrario: unificó todos los permisos en una sola “libreta de referencia” obligatoria para todos los hombres negros en todo el país (y más tarde para las mujeres), pero el objetivo real de portar este documento no era la identificación civil, sino el control total de la mano de obra y la demografía.

Esta medida no solo restringía el movimiento, sino que despojaba a las personas de su dignidad, separaba familias y permitía a la policía realizar arrestos arbitrarios y deportaciones constantes hacia zonas rurales empobrecidas.

En ese contexto, la tensión política alcanzó un punto crítico en 1959 con la creación del Congreso Panafricanista (PAC), una organización nacionalista negra de orientación radical y anticolonialista que se separó del Congreso Nacional Africano (ANC) al considerar que la lucha avanzaba con demasiada lentitud. Bajo el liderazgo de Robert Sobukwe, el PAC impulsó una estrategia de acción directa y no violenta: miles de personas marcharían hacia las comisarías sin sus pases para entregarse voluntariamente. El objetivo era colapsar el sistema judicial y penitenciario, forzando así la abolición de las leyes raciales mediante la desobediencia civil masiva.

Por su parte, el Congreso Nacional Africano (ANC), de carácter progresista y multirracial, promovía la resistencia al apartheid a través de la movilización popular. Si bien compartía el objetivo final con el PAC, en ese momento apostaba por una estrategia menos confrontativa.

En los días previos al 21 de marzo, el ambiente en Sharpeville era tenso. El hacinamiento y el descontento social acumulado se hacían evidentes. Aunque no era un bastión histórico de militancia, el mensaje del PAC encontró una fuerte resonancia en la comunidad. Del otro lado, la policía sudafricana se encontraba en un estado de extrema alerta, marcada por enfrentamientos previos en otras regiones y por el temor a perder el control.

Ese choque de posturas —una población decidida a desafiar su falta de libertad y unas fuerzas de seguridad armadas y cada vez más nerviosas— terminó por preparar el escenario de la fatalidad.

Una lluvia de balas

El 21 de marzo de 1960, unas cinco mil personas se congregaron frente a la comisaría de Sharpeville para desafiar la Ley de Pases. La convocatoria creció rápidamente durante la mañana y llegó a reunir a unas siete mil en total. La jornada comenzó de forma pacífica e incluso festiva: no había armas ni señales de violencia. La protesta era, en su esencia, una muestra masiva de desobediencia civil.

La policía, que inicialmente contaba con un número reducido de agentes, ya había intervenido la noche anterior para dispersar a grupos de activistas congregados en el lugar. Con el avance de la mañana, el operativo se reforzó de manera significativa y pronto unos 300 efectivos, apoyados por vehículos blindados de marca Saracen, fueron desplegados en la zona. Testimonios posteriores describieron a los agentes como nerviosos, agresivos y descontrolados. Algunos llevaban metralletas Sten; otros, fusiles automáticos. La escena resultaba elocuente: un despliegue armado hasta los dientes frente a una población civil completamente indefensa.

La tensión creció con el paso de las horas... Aviones militares comenzaron a sobrevolar la zona a baja altura en un intento de intimidar y dispersar a la multitud. Desde el lado policial, la situación era cada vez más tensa; desde el lado de los manifestantes, la protesta se mantenía firme, aunque comenzaron a producirse avances hacia las vallas y hubo algunos incidentes aislados.

Hacia el mediodía, la multitud comenzó a sentarse en el suelo y a cantar por sus derechos, demostrando que estaban en calma. Pero la furia de la policía aumentaba. Alrededor de las 13:15, se produjo un intento de arresto por parte de los agentes, y la situación se desbordó: la multitud se defendió y, segundos después, la policía abrió fuego sin advertencias.

El tiroteo duró dos minutos, pero fue devastador. Y los disparos continuaron mientras muchas personas corrían... Los sobrevivientes relataron que las balas impactaban principalmente en las espaldas de quienes escapaban del espanto. No hubo intentos claros de dispersión previa ni advertencias. La evidencia posterior confirmó que la mayoría de las víctimas recibió disparos por la espalda. Más tarde, se supo que una mujer fue atravesada por un proyectil mientras tenía a su hijo en brazos.

El caos se apoderó de la escena en cuestión de segundos. Entre los testimonios de sobrevivientes está el de Lydia Mahabuke: “Intenté correr, pero sentí que algo me golpeó en la espalda. Miré atrás y vi a la gente caer. Había sangre en mi pierna. Traté de arrastrarme para llegar a casa”, contó.

Cuando los disparos cesaron, la imagen era devastadora: cuerpos tendidos sobre la tierra rojiza, personas buscando a sus familiares entre los muertos y heridos, y policías aún armados en el lugar. El saldo fue de 69 personas muertas, incluyendo 8 mujeres y 10 niños; y más de 180 heridas, entre ellos 31 mujeres y 19 niños. El hospital local colapsó, y numerosos heridos no recibieron atención a tiempo.

Investigaciones recientes, publicadas en 2024 por los historiadores Nancy Clark y William Worger en su obra Voces de Sharpeville, sugieren que las cifras reales de la tragedia fueron sistemáticamente subestimadas por el régimen del apartheid para minimizar el impacto internacional. Luego de analizar registros hospitalarios y testimonios de sobrevivientes previamente ignorados, los autores elevan el saldo a, al menos, 91 fallecidos y 238 heridos (algunas fuentes indican hasta 281). Esta disparidad se explica porque muchas víctimas huyeron de los centros de salud por temor a ser arrestadas o murieron semanas después debido a la gravedad de las heridas causadas por balas expansivas, sin que sus nombres fueran vinculados oficialmente al evento en los reportes policiales de 1960.

Reacción oficial y consecuencias inmediatas

Tras la masacre, el gobierno del Partido Nacional reaccionó con una respuesta contundente para recuperar el control. El 30 de marzo de 1960 se declaró el estado de emergencia, lo que otorgó a las fuerzas de seguridad poderes extraordinarios para detener a cualquier sospechoso sin juicio previo. En pocas semanas, más de 11.000 personas fueron arrestadas, entre ellas líderes políticos, activistas y sindicalistas. La represión no se limitó solamente al plano físico sino desde lo legal: el 8 de abril se sancionó la Ley de Organizaciones Ilegales, que prohibió formalmente al Congreso Nacional Africano (ANC) y al Congreso Panafricanista (PAC), obligando a la oposición a operar desde la clandestinidad o el exilio.

Este cierre total de los canales legales de protesta abrió un debate profundo dentro de los movimientos de liberación. Durante años, el ANC —bajo la influencia de figuras como el jefe zulú Albert Luthuli— había sostenido una postura de resistencia no violenta. Sin embargo, la brutalidad de Sharpeville llevó a una nueva generación de militantes a concluir que el régimen no cedería el poder por la vía pacífica. Nelson Mandela fue una de las voces clave en este cambio, al sostener que no era posible responder con paz a un Estado que atacaba a civiles desarmados. Para entonces, Mandela ya era una figura prominente y un líder clave de la resistencia negra en Sudáfrica.

En 1961, la tensión existente derivó en la creación de Umkhonto we Sizwe (MK), “La Lanza de la Nación”, el brazo armado del ANC. Liderada por Mandela, esta organización marcó el fin de la resistencia exclusivamente pacífica y el inicio de una campaña de sabotaje contra infraestructuras gubernamentales, militares y de comunicaciones. Aunque el objetivo inicial era evitar la pérdida de vidas humanas y concentrarse en el daño económico, el paso a la lucha armada representó un cambio decisivo en la estrategia de liberación que se mantendría durante décadas.

En el plano internacional, la masacre sacó al apartheid de la categoría de “asunto interno”. Por primera vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervino directamente con la Resolución 134, que condenó las políticas del régimen y vinculó el sistema de segregación con los hechos de Sharpeville. Sudáfrica comenzó a ser percibida como un estado paria, cuestionado por la comunidad internacional y señalado como una amenaza para la paz mundial.

La presión externa se tradujo en un aislamiento diplomático y económico cada vez más marcado. Se extendieron los llamados al boicot, instando a consumidores y empresas a dejar de comprar productos sudafricanos o retirar inversiones. En el ámbito deportivo, el rechazo también se hizo visible: Sudáfrica fue excluida de los Juegos Olímpicos de 1964, y su participación en competencias internacionales de rugby y cricket se volvió cada vez más limitada debido a las protestas en el exterior.

Símbolo de los derechos humanos

El impacto de Sharpeville trascendió las fronteras de Sudáfrica y se convirtió en un símbolo universal de la lucha contra el racismo institucionalizado. La masacre no solo modificó la estrategia del Congreso Nacional Africano (ANC) y de sus líderes, sino que también erosionó la legitimidad del apartheid ante el mundo e inició un proceso largo y complejo que culminaría décadas después, con las elecciones democráticas de 1994.

Antes, en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La decisión buscaba no solo honrar la memoria de las víctimas, sino también instar a la comunidad internacional a reflexionar sobre sus propias formas de exclusión, convirtiendo una tragedia local en un recordatorio de que el racismo representa una amenaza para la paz y la dignidad humana.

Con la llegada de la democracia en Sudáfrica en 1994, el nuevo gobierno liderado por Nelson Mandela otorgó a esa fecha un lugar central en el calendario civil, rebautizándola como el Día de los Derechos Humanos. La medida tuvo un fuerte valor simbólico: transformó el recuerdo de una masacre perpetrada por el Estado en una celebración de las libertades conquistadas y en la reafirmación de los derechos garantizados por la nueva Constitución. Sharpeville dejó de ser únicamente un espacio de duelo para convertirse en un pilar moral de la nueva nación, recordando que esos derechos fueron conquistados con un alto costo humano.

En la actualidad, el lugar de la masacre alberga un memorial y un jardín conmemorativo que funcionan como espacios de reflexión y educación para las nuevas generaciones. El sitio preserva los nombres de las 69 víctimas y fue consolidado como un espacio de memoria e investigación, donde estudios como los de Clark y Worger continúan recuperando las historias de quienes no siempre fueron visibilizados.