El día que Italia llevó al banquillo a 474 mafiosos: la amenaza de uno de los capos y los atentados contra jueces y arrepentidos

Fue el gran juicio contra la “Cosa Nostra” italiana. Casi no tuvo antecedentes y tal vez no haya sentado ningún precedente. Pero para la época, juzgar a cuatrocientos setenta y cuatro miembros de la mafia, entre ellos a sus principales jefes y a sus segundos y hasta a los simples soldados de la calle, sicarios e informantes, fue un juicio excepcional. Es verdad que ciento diecinueve de esos mafiosos, los principales jefes, fueron juzgados en ausencia, entre ellos el capo mafia de la época, Salvatore Riina, pero en el banquillo se sentó su segundo, Luciano Leggio y otras grandes figuras del hampa como Giuseppe “Pino” Caló y Michele Greco, “Il Papa”.

Todo empezó la mañana del 10 de febrero de 1986, hace cuarenta años, en Palermo, Sicilia, donde la mafia había echado raíces en el siglo XIX. Todo era previsión y temor en el poder judicial italiano y en las fuerzas de seguridad. Todo era también audacia y coraje: había que ponerle freno a aquella locura. En los años 80, la llamada “Segunda Guerra” de la mafia había sido tan violente, tan despiadada, que la seguridad de Sicilia y la vida de sus habitantes parecía estar en mano de los mafiosos. En esa guerra murieron cientos de personas luego de que Riina, el capo del clan de los “corleonesi”, atacara al clan rival, liderado por Tomasso Buscetta, un capo que en esa guerra perdió a dos de sus hijos, a un hermano, a un yerno, a un cuñado y a cuatro sobrinos. A los dos hijos de Buscetta les aplicaron lo que en código mafioso se llamó “lupara bianca” (escopeta blanca): desaparecieron sin que haya habido nunca un rastro sobre ellos.

La mafia arrasa con todo

Los crímenes de esa guerra se extendieron a jueces, fiscales y abogados anti mafia, y a figuras de prestigio como el general Carlo Alberto Dalla Chiesa, un luchador contra el terrorismo que había arrestado a los líderes fundadores de las “Brigadas Rojas” y que también combatía a la mafia. Dalla Chiesa era un tipo singular, un militar singular también. En 1974, como comandante de la región militar de Piamonte-Valle de Aosta, había creado una estructura anti terrorista en Turín que le permitió apresar a Renato Curcio y Alberto Francheschini, líderes de “Brigadas Rojas”, una organización terrorista de extrema izquierda.

En 1978, con Curcio en prisión, las Brigadas secuestraron al primer ministro italiano Aldo Moro y exigieron la libertad de Curcio para devolverlo. Las autoridades no cedieron y Moro apareció asesinado en plena calle, en el baúl de un auto y en un sitio simbólico: a mitad de camino entre las sedes de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. En esos trágicos días, le sugirieron a Dalla Chiesa torturar a los detenidos para que confesaran lo que sabían del plan tramado por sus secuaces. Dalla Chiesa dijo entonces: “Italia puede sobrevivir si pierde a Moro. Pero no va a sobrevivir si implanta la tortura”.

El 1 de mayo de 1982, Dalla Chiesa fue nombrado prefecto de Palermo para detener la violencia desatada por la Segunda Guerra de la mafia. El 3 de septiembre fue asesinado por orden de Riina. Uno de sus asesinos, Antonino Madonia, armado con un fusil de asalto AK47, mató al general y a su segunda esposa, Emanuela Setti Carraro. Otro sicario, Giuseppe “Pino” Greco, desde una moto Honda que conducía Giuseppe Lucchese, mató al custodio de Dalla Chiesa, el policía Doménico Russo. Greco fue condenado a perpetua durante el gran juicio de 1986, Madonia también fue condenado en 1989 y Lucchese en 1990

En ese ambiente de pólvora y locura, el Maxi Proceso contra la mafia se abrió en un búnker diseñado para la ocasión, vecino a la cárcel palermitana de Ucciardone. Era un edificio octogonal, construido con hormigón reforzado, capaz de soportar un ataque de misiles aire-tierra. En su interior se habían levantado grandes celdas destinadas a los acusados, divididos según los clanes y los grupos de pertenencia. La custodia estaba a cargo de la policía, armada con ametralladoras y, en el exterior, sobre los techos, un sistema de defensa antiaéreo estaba alistado para contrarrestar un eventual ataque aéreo, o un aterrizaje de helicópteros con “comandos” de la Mafia dispuestos a rescatar a los acusados.

La custodia del juicio a la mafia italiana

Era la guerra. Tanto, que el juez del tribunal, Alfonso Giordano estaba flanqueado por dos de sus pares: uno de ellos. Piero Grasso, había sido designado “sustituto” de Giordano para asegurar la continuidad del juicio en un caso de fuerza mayor. Por ejemplo, que lo asesinara la mafia. El fiscal era Giuseppe Ayala, amenazado de muerte.

¿Cómo había llegado la justicia italiana a enjuiciar a casi quinientos miembros de la Mafia? La organización criminal había pervivido a lo largo de más de un siglo con tres métodos que consideraba infalibles: el soborno a figuras claves de la justicia, la política y los gobiernos; el asesinato de quienes entorpecieran sus andanzas, jueces, abogados, políticos, militares, testigos o incluso a quienes de entre sus filas se volvieran en contra de la organización o fuesen sospechosos de haberlo hecho.

En 1980 un político comunista, Pio La Torre impulsó una ley, contundente, que proponía que el simple hecho de pertenecer a la mafia fuese considerado un delito en sí mismo. La Torre, que había nacido en 1927 en Palermo, había adherido de joven al comunismo y en 1960, como miembro de la Confederación General Italiana del Trabajo, fue miembro del Comité Central del PCI y secretario regional de Sicilia. El 30 de abril de 1982, cuando llegaba en su auto a la sede del partido junto a Rosario Di Salvo, fue asesinado por dos hombres que le dispararon desde el asiento trasero de dos motos de alta cilindrada. La Ley La Torre entró en vigencia recién en 1982, después de largos y tediosos debates, de postergaciones y enmiendas en el Congreso italiano, donde muchos de sus legisladores habían pagado parte de sus campañas con dinero de la mafia.

Con la ley en la mano y la capacidad de juzgar como delincuente a todo aquel que dijera, o fuese demostrado, que era miembro de la mafia, se creó en Sicilia un llamado “Pool Antimafia de Palermo”, que presidió en su momento el juez Rocco Chinnici. Era un equipo judicial que trabajó con intensidad en la recolección de pruebas, en la búsqueda de testigos, en quitarle el polvo a viejas causas judiciales “enfriadas” y archivadas, para llevar a juicio a los principales criminales de Sicilia. Al juez Chinnici lo acompañaban sus pares Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Gioacchino Natoli, Giuseppe Di Lello y Leonardo Guarnotta. Ellos serían los encargados de sentar las bases judiciales para el Maxi Proceso contra la mafia.

Ataque a los jueces

El 29 de julio de 1983, cuando Chinnici, de cincuenta y ocho años, salió de su casa de la vía Pipitone, en el centro de Palermo, al volante de su auto para ir al Palacio de Justicia. A los pocos metros de su garaje, un Fiat 126, verde oliva, cargado con setenta y cinco kilos de trotyl y operado a distancia, estalló al paso del auto del juez y lo mató en el acto, junto a otras tres personas. Las investigaciones determinaron que quien había hecho estallar el Fiat, desde un furgón robado estacionado cerca de la casa del juez, había sido el conocido sicario de la banda de Toto Riina, Antonino Madonia, el asesino de general Dalla Chiesa. A su lado estaba Giovanni Battista Ferrante, un mafioso de San Lorenzo y, en otro auto que patrullaba la zona viajaban Giuseppe Gambino y Raffaele Ganci.

El Pool Antimafia quedó entonces a cargo del juez Falcone, que trabajó durísimo junto al juez Borsellino: ambos eran amigos desde los días de infancia y habían seguido lado a lado los estudios universitarios y la carrera judicial. Falcone era la cabeza pensante y también la energía y el atrevimiento, el ardor y el empeño detrás de aquella gigantesca acusación colectiva que pugnaba, y logró, acusar a los miembros de la mafia en pleno ya no por delitos individuales, sino como miembros de una organización delictiva responsable a lo largo de décadas de múltiples crímenes y otros delitos graves como el narcotráfico, la extorsión y, ahora, de una nueva figura delictiva: “asociación mafiosa”.

Falcone usó una estrategia particular: confió en los arrepentidos de la mafia, los “pentitos”. Era una apuesta muy fuerte porque si algo había distinguido, y distingue, a los mafiosos, es el respeto riguroso a la “omertá”, la ley del silencio que obliga a callarlo todo para evitar dañar a la organización, o cada familia mafiosa. Pero la Segunda Guerra de la mafia lo había cambiado todo. O casi todo. Falcone logró el testimonio de Tomasso Buscetta, aquel capo que había perdido a varios miembros de su clan en las calles de Sicilia, atacados todos por los hombres de Riina.

El mafioso arrepentido

Lo que Buscetta reveló a los jueces permitió a Falcone y a Borsellino comprender el entramado de la estructura y del funcionamiento de la mafia y de sus órganos de poder, en particular la “Cupola”, la “Comisión”, el organismo máximo, la suprema corte de los criminales. Falcone y Borsellino argumentaron entonces que la mafia, o la Cosa Nostra, era en realidad una estructura jerárquica unificada y dirigida por la “Comisión”; sus líderes, que por lo general no bajaban al barro del crimen y no se ensuciaban las manos con sangre, podían y debían ser acusados como responsables de las acciones criminales que se cometían para beneficio de la organización. El planteo se conoce como “Teorema Buscetta”. Fue decisiva para que en 1992, la justicia confirmara la sentencia dictada en el Maxi Proceso, en diciembre de 1987.

La historia de Buscetta es un capítulo aparte. Su aporte a la justicia italiana le valió para poder vivir los años finales de su vida en Estados Unidos, bajo una nueva identidad y dentro del programa de protección de testigos. Dos historias breves: en 1993 el mafioso Salvatore Cancemi le confesó, lo hizo también en un juicio, que él había estrangulado a sus dos hijos. Buscetta dijo que lo perdonaba porque sabía que había sido incapaz de negarse a ejecutar una orden. Las venganzas de la mafia contra el delator no cesaron: en 1995 fue asesinado a balazos su sobrino, Doménico. Buscetta murió de cáncer en 2000, a los setenta y un años.

El largo Mega Proceso no pudo eludir ciertos números de circo que encarnaron algunos de los acusados. En general, casi todos se “nefregaban” un poco bastante en el proceso y en el sistema judicial italiano: jamás vieron en aquellos jueces a los representantes de un sistema que preveía un castigo para sus crímenes, ni siquiera como intérpretes de un imperio legal y moral capaz de condenarlos. Sólo obedecían a los código de la mafia. Uno de ellos selló sus labios con los ganchos de una abrochadora, para dejar en claro que iba a respetar la “omertá”. A otro le colocaron un chaleco de fuerza por sus gritos y sus constantes peleas con el resto de los acusados; otro intentó cortarse la lengua.

A casi dos años de iniciado el juicio, el 16 de diciembre de 1987, hablaron los jueces. De los cuatrocientos setenta y cinco acusados, trescientos sesenta fueron condenados a penas que sumaban dos mil seiscientos sesenta y cinco años de cárcel, sin incluir las cadenas perpetuas que cayeron sobre diecinueve líderes y sicarios de la mafia. Entre esos figuraban Michele Greco, Giuseppe Marchese, Giovanni Pullara y, en ausencia, Salvatore Riina y Giuseppe Lucchese entre otros. Varios de los condenados en ausencia habían muerto durante el juicio sin que los jueces lo supieran, entre ellos el temido Giuseppe “Pino” Greco y otro sicario, Mario Prestifilippo, asesinado en la calle mientras era juzgado.

Ciento catorce acusados fueron absueltos, entre ellos Luciano Leggio, a quien juzgaban por el asesinato de un magistrado, Cesare Terranova, que lo había investigado en 1970, y por manejar el clan de los “corleonesi” desde la cárcel: el jurado no encontró pruebas suficientes, o dijo que no había encontrado pruebas suficientes. Leggio, con prisión perpetua por una condena anterior, murió en la cárcel en 1993. Dieciocho de los ciento catorce absueltos en el Mega Proceso, fueron asesinados por la mafia en días y años siguientes. Uno de ellos, Antonio Ciulla, no pudo gozar demasiado de su absolución: fue asesinado una hora después de dejar los tribunales, cuando iba a su casa para festejar su libertad.

Marcha atrás en el juicio

En pocos tiempo, las condenas del Mega Proceso fueron anuladas por el Tribunal de Casación, en especial por una de las salas del tribunal que presidía el juez Corrado Carnevale, a quien luego se lo acusaría de lazos con la mafia., aunque finalmente fue absuelto después de un largo proceso. A Carnevale sus detractores, que los tenía y muchos, lo llamaban “Il ammazza sentenze – El mata sentencias”, y se lo vinculó al político de la Democracia Cristiana Salvatore “Salvo” Lima, asociado a la mafia y, según Buscetta, asesinado por ella el 12 de marzo de 1992.

En 1989, de todos los condenados en el Mega Proceso de 1986, solo sesenta acusados estaban en la cárcel, muchos de ellos en hospitales penitenciarios, bajo enfermedades simuladas. Los jueces Falcone y Borsellino presentaron apelaciones sobre la cancelación de varias condenas de primera instancia, pero fueron rechazadas. Algunas voces de la mafia dijeron entonces que la organización había “tolerado” el proceso judicial porque asumían que los condenados serían liberados, en silencio, cuando las aguas se hubiesen calmado. De hecho, eso fue lo que sucedió.

En enero de 1992, Falcone y Borsellino tomaron entre sus manos la tarea de pedir la revisión de las absoluciones decretadas en 1989. Consiguieron que muchas de ellas fuesen anuladas y que varios de los mafiosos en libertad volvieran a la cárcel, algunos por el resto de sus vidas. Salvatore Riina fue capturado en 1993, al igual que Giovanni Brusca, el asesino que había detonado la bomba contra el juez Falcone; los analistas aseguraron entonces que Salvatore “Salvo” Lima también hubiese sido encarcelado, pero había sido asesinado por los suyos en 1992.

Falcone y Borsellino, convertidos en jueces “antimafia”, denunciaron con vehemencia el aislamiento al que el poder político condenaba a los magistrados que investigaban al crimen organizado, y criticaron también cierta falta de voluntad del Estado para respaldar el combate contra la mafia. En 1991, Falcone había sido trasladado a Roma para dirigir el Departamento de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia donde siguió con su tarea antimafia, rodeado de una fuerte custodia.

Los atentados contra los jueces del juicio

El 23 de mayo de 1992, cuando visitaba su tierra natal, Sicilia, una carga de quinientos kilos de TNT y nitrato de amonio colocada bajo la autopista que lleva al aeropuerto de Palermo, estalló al paso del auto del juez y de su custodia. Falcone, su mujer y tres policías murieron en el acto; la escena del crimen parecía la de un campo de batalla. Las sospechas apuntaron a Salvatore Riina, condenado a cadena perpetua en el Maxi Proceso. Riina, apodado “La Bestia”, murió de cáncer en prisión, en Parma, el 17 de noviembre de 2017

Dos meses después del asesinato de Falcone, el 19 de julio de 1992, cuando el juez Borsellino iba a visitar a su madre en la vía D’Amelio de la capital siciliana, un auto cargado con ciento diez kilos de TNT estalló frente a la vivienda y lo mató junto a cinco escoltas.

Alguien recordó entonces que aquel día histórico de diciembre de 1987, el de la sentencia a los cuatrocientos setenta y cuatro miembros de la mafia, uno de los condenados se acercó al micrófono para hablarle a los jueces. Era Michele Greco, “Il Papa”, jefe máximo de la mafia siciliana, cabeza visible de la “Comisión”, que sería encarcelado de por vida por ordenar decenas de asesinatos y que moriría en prisión en febrero de 2008. Aquel asesino temible miró fijo a los miembros del tribunal y les dijo: “Señorías, les deseo la paz, pues sólo con la paz se puede juzgar. No son palabras mías, sino las del Señor a Moisés”.

Aquello no era una plegaria. Aquello era otra sentencia.