Entre los pasillos de la zona comercial a cielo abierto llamada Mesa Redonda y las calles del centro de Lima, la noche del 29 de diciembre de 2001 quedaría marcada por la devastación y el dolor, cuando una explosión de artefactos pirotécnicos desencadenó un incendio que arrasó galerías, cobró centenares de vidas humanas y alteró para siempre la historia de la ciudad.
A pesar del paso de los años, tanto el recuerdo de las víctimas como las secuelas físicas y sociales del desastre persisten, mientras los familiares enfrentan obstáculos legales y administrativos, y la zona comercial continúa siendo escenario de nuevos riesgos.
El fuego, iniciado a las 19:15 de aquel sábado, se originó cuando un vendedor informal detonó un artefacto conocido como “chocolates”, lo que provocó una reacción en cadena entre las aproximadamente 900 toneladas de productos pirotécnicos almacenados en la zona.
La detonación se produjo en el cruce de los jirones (pequeñas avenidas) Andahuaylas y Cusco, extendiéndose de manera feroz por cinco galerías comerciales y abarcando cuatro manzanas del centro limeño. El desastre dejó 277 víctimas mortales, según cifras oficiales, aunque las autoridades reconocieron en 2021 que el número real de fallecidos podría superar los 400, incluyendo personas nunca identificadas, a las que se denominó “NN”. Hubo 18 bomberos heridos y un estimado de casi 250 heridos. Entre ellos hubo quienes sufrieron quemaduras, otros resultaron asfixiados y otros más padecieron lesiones múltiples. Además, 189 personas fueron reportadas como desaparecidas en medio del caos. Entre ellas hubo 28 niñas y niños. Como consecuencia de la tragedia quedaron 73 menores en situación de orfandad.
El testimonio del entonces comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Tulio Nicolini da cuenta de la magnitud de la tragedia: “Mucha gente quedó atrapada y solo se les reconoció por el pelo”. El operativo de emergencia movilizó a más de 2.000 policías y 250 bomberos de 14 compañías, que combatieron las llamas durante dos días. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la presencia de comerciantes y ambulantes, quienes, preocupados por proteger su mercadería, bloquearon el acceso de los equipos de socorro, mientras varios se refugiaron en sus locales, perdiendo la vida en el intento. El fuego avanzó impulsado por una bola ígnea que, según estimaciones, alcanzó 800 °C y arrasó con personas y vehículos, mientras en el epicentro del incendio las temperaturas llegaron a los 1.200 °C, carbonizando a las víctimas.
El impacto social y emocional se reflejó en la declaración de dos días de duelo nacional por parte del entonces presidente Alejandro Toledo, quien interrumpió sus vacaciones en Tumbes y acudió al lugar en la madrugada siguiente al siniestro. En ese contexto, se anunció la prohibición de producción y comercialización de productos pirotécnicos en todo el territorio peruano.
La identificación de las víctimas se tornó una tarea compleja y prolongada. Muchos cuerpos quedaron en estado irreconocible debido a las altas temperaturas, lo que obligó a recurrir a pruebas de ADN y muestras dentales. El proceso para determinar la identidad de algunos fallecidos se extendió por hasta un año y ocho meses. En tanto otras 83 personas, no pudieron ser identificadas y fueron sepultadas bajo la inscripción “NN” en el cementerio El Ángel de Lima, un camposanto que alberga los restos de más de 600.000 personas.
En el pabellón San Francisco, dentro de El Ángel, reposan tanto víctimas identificadas como desconocidas. Las tumbas con inscripciones como “NN 4585-01” marcan el lugar donde descansan quienes nunca recuperaron su nombre, mientras visitantes anónimos y familiares dejan flores como muestra de respeto y duelo.
El impacto del incendio no se limitó al número de víctimas y la destrucción material. Tras el desastre, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) recibió la facultad de ceder terrenos para ayudar a los familiares de los fallecidos a recuperar su sustento. Sin embargo, la entrega de esos espacios se materializó tres años después, cuando la Municipalidad de Lima ocupó uno de los predios cedidos.
La lucha por la reparación y la justicia se prolongó en el tiempo, con Félix Horna, abogado de las familias afectadas, ha dicho que “la justicia no ha logrado alcanzar a los verdaderos responsables: la Municipalidad de Lima, el Ministerio del Interior y el empresario Ricardo Wong”, este último señalado por haber ordenado el almacenamiento de más de 100 toneladas de pirotecnia en los locales de Mesa Redonda.
A pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos por compensar a los familiares, las comisiones creadas con ese fin no cumplieron sus objetivos. La Asociación de Deudos, encabezada por Rubén Pajua Huaccachi, mantuvo durante más de 20 años la ocupación de un predio entre los jirones Miró Quesada y Andahuaylas hasta que el Ministerio de Cultura modificó la calificación de monumento histórico y se obtuvo una zonificación comercial. Sin embargo, la asociación solo logró ocupación efectiva, no propiedad legal, y actualmente denuncia intentos de desalojo por parte de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Lima.
La búsqueda de justicia trascendió el ámbito nacional cuando, el 1 de abril de 2010, los familiares de las víctimas llevaron su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al Estado peruano de violar derechos fundamentales como la vida, la integridad física y el debido proceso. Denunciaron la falta de prevención de incendios en la zona, así como la ausencia de identificación adecuada de las víctimas. La CIDH admitió la demanda nueve años después de su presentación, mientras que dos procesos penales culminaron con la imposición de un pago de reparación civil de 200.000 soles (aprox. USD 53.000) por cada fallecido y 30.000 soles (aprox. USD 8.000) por cada persona lesionada, sin que hasta ese momento se haya cumplido con estas compensaciones.
La zona de Mesa Redonda sigue representando un riesgo considerable para comerciantes y visitantes. Según explicó a Infobae, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Lima: “Los jirones Puno cuadra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son lugares muy estrechos. Hemos solicitado a los bomberos que realicen simulacros de forma constante en esa zona. Además, hemos llevado a cabo simulacros contra incendios y se han impartido capacitaciones”. Casaretto añadió que los incidentes son diarios y no solo se vinculan a la venta de pirotecnia, sino a diversas situaciones peligrosas que continúan poniendo en riesgo la integridad de las personas. De hecho, la semana pasada, cuando se acercaba la Navidad, se produjeron detenciones en Mesa Redonda, por la tenencia de pirotecnia que ponía en riesgo a la comunidad.
A pesar de las prohibiciones y de los múltiples esfuerzos institucionales, la comercialización de artefactos pirotécnicos persiste en las calles de Lima, y la obstrucción de vías por vendedores ambulantes sigue dificultando el acceso de servicios de emergencia. Las prácticas negligentes y el crecimiento desordenado de la actividad comercial han generado nuevos episodios de alarma e inquietud en la comunidad.
Las consecuencias del incendio de 2001 continúan reflejándose en la vida cotidiana de quienes perdieron familiares, en las luchas legales que mantienen por la reparación y el reconocimiento, y en la persistente vulnerabilidad de la zona comercial que, 24 años después, sigue enfrentando los mismos desafíos estructurales y de seguridad.
Los familiares, que siguen esperando justicia, se reúnen todos los 29 de diciembre para que no se olvide lo sucedido hace casi un cuarto de siglo.
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