A 35 años del crimen de María Soledad Morales: el hijo del poder que fue condenado y los intentos por desviar la investigación

A días del sádico crimen de su hija ocurrido el 8 de septiembre de 1990 en la ciudad de Catamarca, Ada Morales, la madre de María Soledad, no podía más de la angustia y la tristeza que sentía mientras acariciaba con sus humildes manos la foto de La Sole, como la llamaban todos con profundo amor, cuando llegó a su casa nada menos que el por entonces gobernador Ramón Saadi. “Ramoncito”, hijo del histórico caudillo peronista Vicente Leonidas, se presentó y pronunció delante de ella una de las frases más utilizadas por los políticos en la historia: “quédese tranquila que vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

Una promesa más que no se cumplió y que fue la primera de una serie de irregularidades, engaños y patrañas que continuaron con el claro objetivo de que no se pudiera o resultara lo más conflictivo y difícil posible llegar a la verdad.

El que continuó con las maniobras de “distracción” fue el propio jefe de policía de la provincia, Miguel Ángel Ferreyra, quien pese a ser un profesional instruido, se atrevió a hablar de una secta diabólica respecto a los posibles autores, lo que luego se tomó por parte de la justicia como una presunta maniobra para desviar de entrada la investigación. Por entonces a su hijo mayor, de igual nombre que él, se lo señalaba como uno de los participantes de la fiesta que luego finalizó en drama con María Soledad asesinada.

Los intentos por ocultar el crimen

No solo el titular de la fuerza ponía en práctica dicho sutil amedrentamiento contra la familia, también otros jefes, oficiales y suboficiales, le recomendaban a la mamá que sería mejor para hallar a los asesinos que no hablara. Porque si así lo hacía, podrían aparecer detalles del comportamiento de la joven. Entonces hicieron correr la versión de que llevaba una especie de doble vida con la intención de ensuciar el buen nombre de la adolescente.

El operativo de encubrimiento había sido puesto en marcha y hasta allí funcionaba a la perfección. Pese a eso, salían a la luz versiones que luego se terminaban comprobando, como la que decía que el cadáver había sido lavado a manguerazos por los bomberos por “una orden impartida por la cúpula policial” de entonces que se encontraba altamente cuestionada y que comandaba el antes mencionado Miguel Ferreyra.

En tanto, el diputado Ángel Luque, padre de Guillermo, uno de los principales sospechosos junto a Luis Tula, se atrevió a decir ante los medios de comunicación que si su hijo hubiera sido el autor del crimen el cuerpo no hubiese aparecido, lo que provocó que lo expulsaran del Congreso Nacional.

Se agregaba a este conjunto de irregularidades la toma de rastros que fue sospechosamente imperfecta, tanto como que no se realizaron los habituales estudios de toxicología. Si bien se halló semen en el cuerpo, no se logró determinar el ADN de a quién correspondía. A esa altura y de manera constante el entorpecimiento era más que evidente.

Qué sucedió la noche del crimen

El resumen de la historia de lo sucedido y que desde el propio gobierno catamarqueño se intentaba desvirtuar, indicaba que María Soledad, quien cursaba el quinto año del secundario, el viernes 7 de septiembre de 1990 fue a bailar al boliche Le Feu Rouge en el marco de una celebración que se hacía para recaudar dinero con el objetivo de que cada alumno pudiera costearse el ansiado viaje de egresados a Villa Carlos Paz.

De acuerdo con lo que luego se comprobó en el expediente y en el transcurso del debate oral, ella se retiró de la disco a la madrugada, y después de despedirse de una pareja de amigos, subió al Fiat 147 que pertenecía a Ruth Salazar, mujer de Luis Tula, quien pasó a buscarla tal como habían quedado. “El flaco”, como se lo conocía a Tula, que le llevaba once años, se había enamorado a María Soledad. Juntos llegaron a Clivus, otro local bailable, y él allí le presentó a varios hijos de poderosos de la provincia, entre los que se encontraba Guillermo Luque. Se demostró que desde ese lugar fue trasladada al motel Los Álamos, a un kilómetro y medio del centro de la ciudad donde la sometieron.

La habían drogado, violado, quemado con cigarrillos y llegaron a arrancarle casi todos sus dientes, el pelo y las orejas. Además le quebraron en tres partes el maxilar inferior, y continuaron golpeándole violentamente el cráneo hasta matarla y arrojarla en un basural.

Los detalles ventilados en el juicio determinaron que la autopsia estableció que había sufrido un paro cardíaco por consumo de cocaína que le obligaron a tomar. Fue tal la crueldad y la violencia que ejercieron que Elías Morales, su papá, recién logró reconocerla cuando pudo encontrar una mínima cicatriz en una muñeca. Siempre dijo que el dolor que enfrentó en ese momento no pudo borrarlo jamás de su mente.

Si bien a los padres las autoridades políticas y de seguridad de la provincia le dieron la espalda, quienes salieron a la calle a exigir justicia fueron sus conciudadanos, encabezados por la hermana Martha Pelloni, directora del Colegio del Carmen y San José, donde estudiaba María Soledad, pieza clave junto a las compañeras del colegio de la adolescente en el reclamo de justicia en las tantas multitudinarias y conmovedoras Marchas del Silencio realizadas.

La intervención de Catamarca

Lo que siguió fueron más hechos sospechosos e incomprensibles. Era tal el desconcierto en la provincia de Catamarca que en 1991, el por entonces presidente Carlos Menem ordenó la intervención de los tres poderes y destituyó al gobernador Ramón Saadi, justicialista como él. Nombró como interventor a Luis Prol y al subcomisario Luis Patti -luego condenado en 2011 por crímenes de lesa humanidad- para ir a fondo con el caso. Pero su participación terminó en un papelón sospechado de intentar favorecer a los autores del crimen. Fue tal el escándalo que generó que el propio Menem le ordenó que regresara porque su tarea resultó un verdadero fiasco.

Casi seis años después de ocurrido el homicidio pudo comenzar el debate oral que terminó en otro escándalo de proporciones porque debió ser suspendido. Luego de un par de decenas de audiencias el presidente del tribunal, Alejandro Ortiz Iramaín, renunció con un escrito que provocó mayor caos aún. Allí denunció haber sufrido presiones de parte del mismísimo gobernador Arnoldo Castillo. Habló literalmente de “un poder corrupto que pretende obligar a los jueces que obran en el juicio por la muerte de María Soledad Morales a dictar un fallo condenatorio en contra de uno de los imputados en la causa para con ello pretender al menos una falsa legitimación en el mismo”. De inmediato los otros jueces del tribunal María Alejandra Azar y Juan Carlos Sampayo terminaron recusados por el abogado de la familia de María Soledad, Luis Segura.

Lo que causó más incertidumbre y sospechas fue que durante la transmisión del juicio fue tomado en primer plano un gesto entre estos dos magistrados mencionados a través de las cámaras de Canal 13. Allí quedó en evidencia que ambos intercambiaron señas en el momento crucial de definir si una testigo, Evangelina Sosa, debía ir presa por falso testimonio, porque llegó a decir que había visto a Guillermo Luque en el boliche Clivus junto a María Soledad cuando no era así. La joven adujo que había atestiguado de esa manera por temor, lo que sumó más incongruencias al sinnúmero de despropósitos que ya se habían producido intencionadamente.

En 1997, un año más tarde, dio comienzo un nuevo juicio oral con Guillermo Luque y Luis Tula como imputados excluyentes pese a que ambos se proclamaron inocentes. Cada uno dio sus argumentos de defensa que resultaron poco creíbles. La coartada de Luque fue asegurar que el fin de semana del crimen había estado en Buenos Aires para trabajar en el puesto que ejercía en la Biblioteca del Congreso y aparte estudiar para la carrera de Derecho que se encontraba cursando. El tema fue que dos testigos, empleados de la disco Clivus, Jesús Muro y Rita Furlán, declararon que Luque junto a “hijos del poder”, como los describieron en el debate, estuvieron allí, aportando también que Tula fue nada menos que el entregador. Hecho que éste siempre negó hasta el día de hoy, más allá de haberse recibido de abogado en prisión y jurar su compromiso como letrado de siempre ir en búsqueda de la verdad, algo permanentemente ausente en el homicidio María Soledad.

Juicio y castigo a los culpables

Además de los mencionados Luque y Tula, declararon en el juicio Eduardo “El Loco” Méndez y Hugo “Hueso” Ibáñez, íntimos de Guillermo, quienes de arranque estuvieron bajo la lupa como sospechosos de ser coautores de la violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes. Llegaron hasta estar procesados y detenidos, pero por “falta de pruebas” terminaron sobreseídos.

Hubo que esperar hasta febrero del 98 para que Guillermo Luque fuera sentenciado a 21 años de cárcel por ser coautor del delito de “violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes”. Ya el 11 de abril de 2010 logró salir en libertad condicional “por buena conducta”. Luis Tula también fue condenado, pero a 9 años como “partícipe secundario”. Y pudo salir libre bastante antes, el 22 de abril de 2003.

Quien no pudo cumplir sus anhelos de niña soñadora fue María Soledad Morales. Ella siempre les mencionaba a sus padres, Ada Rizzardo y Elías Morales –fallecido en 2016 a causa de un ACV– que quería ser primero maestra jardinera y luego mamá. La violencia despiadada de un grupo de delincuentes se lo impidió con la colaboración imperdonable de “pseudo autoridades policiales y políticas” que provocaron todas las irregularidades posibles para que no se conociera toda la verdad.