El drama del coronel Barcala: la conspiración para anexar Mendoza y San Juan a Chile que terminó en un fusilamiento

Cuando en 1561 Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja, estaba honrando a García Hurtado de Mendoza, un español que había gobernador Chile. El territorio dependía de la Capitanía General de Chile y en 1783 la Intendencia de Mendoza pasó a formar parte de la Intendencia de Córdoba del Tucumán. El Segundo Triunvirato, a fines de 1813, crearía la provincia de Cuyo, integrada por Mendoza, San Juan y San Luis, cuya capital y residencia del gobernador sería la ciudad de Mendoza. Este núcleo se desintegraría en 1820 cuando San Juan y San Juan declararon sus autonomías.

Ya a mediados del 1700, los vinos que se producían en Mendoza no tenían nada que envidiarles a los españoles. La producción vitivinícola y diversas actividades agropecuarias habían dado origen a un importante sector productor, que siempre hicieron lo imposible por mantenerse prescindentes de las pujas políticas y las luchas que se desataron a partir de 1810.

A la inseguridad en las rutas que conducían a la ciudad de Buenos Aires, asoladas por bandidos y por indígenas, que hacían peligrar las carretas cargadas de vinos, aguardiente, aceitunas, aceites y harinas que se enviaban a Buenos Aires, había que sumarles los empréstitos forzosos para recaudar dinero para sostener a un ejército embarcado en la guerra de la independencia, tanto en el norte como en el sitio de Montevideo. Además del dinero, debían entregar alimentos y fundamentalmente caballos y mulas.

Cuando José de San Martín fue nombrado gobernador de la flamante jurisdicción de Cuyo el 29 de noviembre de 1813, enfrentó un panorama económico complicado. Mendoza sufría por la interrupción del comercio con Chile luego de la derrota de Rancagua. San Martín logró armar un consenso para sus planes y, en la búsqueda de fondos para su campaña libertadora, aplicó una amplia reforma tributaria, que gravaba bienes y determinados productos locales.

Pasadas las guerras de la independencia, sobrevinieron las luchas civiles. Las continuas invasiones de caudillos, como fue el caso de Facundo Quiroga o José Félix Aldao fueron sinónimos de muerte, saqueos y destrucción. Y nuevamente los dueños de viñedos fueron obligados a las contribuciones forzosas, a multas injustificadas y a las expropiaciones de sus bienes.

Muchos de ellos no tuvieron más remedio que optar por la vía del exilio, al quedar prácticamente en la ruina, como fue el caso de Tomás Godoy Cruz, quien en 1816 con 25 años había sido uno de los diputados más jóvenes en Tucumán y una de las espadas políticas de San Martín en el congreso que declaró la independencia.

Los que permanecieron en la región no solo padecieron las consecuencias de las luchas intestinas, sino que debieron armar una milicia para hacer frente a los saqueos y desmanes de los Pincheira, una media docena de hermanos -cuatro varones y dos mujeres- que eran españoles monárquicos al frente de una banda de bandidos que asolaron el sur mendocino y chileno entre 1817 y 1832, asesinando y robando ganado y todo lo que pudieran, que vendían del otro lado de la cordillera.

Nadie sabía cómo frenar el desesperante declive de la actividad vitivinícola, en una provincia que desde marzo de 1831 había caído en poder del rosismo.

Y fue cuando miraron hacia Chile.

El país trasandino era gobernado por José Joaquín Prieto. Terminada la guerra civil, cuando los conservadores ascendieron al poder, se inició una etapa de construcción de un estado republicano y en 1833 tendría una Constitución. A partir de 1830 resultó clave en el gobierno la influencia de uno de sus ministros, Diego Portales Portezuelos.

La nación vecina daba garantías que aseguraban la libertad de los proscriptos argentinos. Era un país de oportunidades, ya que algunas actividades económicas estaban en pleno crecimiento, como era el caso de la minería. Santiago, Valparaíso y Copiapó eran las ciudades más elegidas por los argentinos que escapaban del régimen rosista.

La propuesta que recibió Portales de los cuyanos a comienzos de 1835 fue que Mendoza y San Juan volviesen al status jurisdiccional de 1561, cuando pertenecían a la Capitanía General de Chile. El plan incluía asesinar a Aldao, un excura dominico que había sido capellán del Ejército de los Andes y que en 1817 había colgado los hábitos y había elegido la carrera de las armas y de la política. Era conocido como el fraile Aldao y se había transformado en un caudillo rosista duro y severo, que se había hecho fuerte en la provincia.

Fue el antirrosista José Lisandro Calle quien sugirió por carta a Portales que para Chile no sería difícil apoderarse de Mendoza y de San Juan, y “que las admitiese en la asociación política de este país”, decía. “La población de aquella provincia (Mendoza) simpatiza con la de Chile más bien que con la de ninguna de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Salta…”, argumentó.

Para los mendocinos, Chile se presentaba como la opción ideal, ya que por sus puertos sobre el Pacífico sus productos tendrían salida al mundo. Calle -que terminaría exiliado en ese país- le adelantó que en la capital trasandina había un grupo de cuyanos dispuestos a continuar las negociaciones.

Era un grupo multifacético, formado por civiles y militares, como el que fuera oficial de Granaderos, coronel Casimiro Recuero; había otras personalidades locales, como Juan Gualberto Godoy, Pedro Nolasco Videla y Joaquín Godoy, entre otros.

En la intriga, que incluía la deposición de las autoridades rosistas de la provincia, aparecía Francisco Domingo de Oro, ministro de Gobierno de San Juan, una persona multifacética que invariablemente parecía estar justo en el momento adecuado y en el bando indicado.

Sin embargo, Chile, que ya se preparaba para la guerra que lo enfrentaría con la Confederación Perú-Boliviana, sabía que necesitaría de la ayuda de Juan Manuel de Rosas, gobernador todopoderoso que, a su vez, no dejaba de mirarlos con recelo.

Portales se negó tajantemente a ese plan, y puso sobre aviso a Rosas lo que se tramaba. Este se quejó ante el gobernador Pedro Molina quien, para hacer buena letra, quiso congraciarse con un escarmiento ejemplar contra los unitarios que le conspiraban frente a sus narices.

El que terminó atrapado en esta trama fue el coronel Lorenzo Barcala. Había nacido en Mendoza en 1795 y, si bien era hijo de esclavos, él nunca lo fue. Educado por el escribano del Cabildo de Mendoza, Cristóbal Barcala, de joven aprendió el oficio de sastre y en 1815 fue reclutado por San Martín, quien lo incorporó como soldado al Regimiento de Cívicos Pardos. Su brillante desempeño le haría ganar ascensos y fue muy elogiado por su valor en la guerra del Brasil, donde sería tomado prisionero y luego canjeado. Se identificó con el bando unitario y cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento luego de la derrota en la batalla de La Ciudadela, Facundo Quiroga le preguntó qué haría si estuviera en su lugar. “Lo fusilaría”, respondió Barcala. Y el temible riojano, de reacciones imprevisibles, le perdonó la vida y lo hizo su edecán.

Barcala tenía dotes de organizador y era escuchado por los más postergados. Además, sabía leer y escribir y hacía gala de la educación que le había impartido el escribano Barcala.

Cuando se conoció la conspiración, estaba en San Juan. Se cuenta que Francisco Domingo de Oro, para salvarse, habría sido quien delató su participación en la conspiración. El gobernador mendocino Pedro Molina le solicitó a San Juan que lo enviase engrillado.

Había salido a la luz una carta del veterano soldado de San Martín a su amigo del Regimiento de Cívicos Pardos, también afroamericano, el capitán José María Molina, que lo comprometía en las maniobras antrirrosistas.

Los complotados terminaron denunciados y detenidos, otros cruzaron la cordillera. Hasta cayó un sastre de 21 años, Gabriel Ferreira, que Barcala en alguna oportunidad lo había usado de mensajero.

Sufrió la soledad del que cae en desgracia. En la parodia de juicio que se armó, nadie quiso asumir el papel de abogado defensor. Se negaron los militares Ruiz Huidobro y Eugenio Corvalán y también Nolasco Ortiz, y cuando José María Reina aceptó, el gobernador Molina se lo prohibió.

En la Plaza Nueva, en Mendoza, donde los lunes, los miércoles y los viernes se entrenaban las milicias para estar listas en caso de tener que defender la ciudad, sería fusilado a las 11 de la mañana del 1 de agosto de 1835, acusado de conspirar para asesinar a las autoridades federales de la provincia y de participar del plan de anexar Mendoza y San Juan a Chile.

Como un gesto de congraciarse con Rosas, el gobernador Molina ordenó su ejecución. Fue en lo que hoy es la Plaza Sarmiento, en la capital mendocina. El gobernador bonaerense alabó la medida “como digno de imitación por todos los gobiernos de provincia en bien de la tranquilidad pública”, felicitación que mandó publicar en La Gaceta Mercantil.

De esta manera, al hijo de esclavos le arrancaron la vida en tiempos en que el país se desangró por las luchas entre unitarios y federales.