El Tribunal Federal de Suiza confirma la condena de 14 años contra ex director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Erwin Sperisen

El Tribunal Federal de Suiza rechazó el recurso de Erwin Sperisen y dejó firme la condena de 14 años de prisión contra el exdirector de la Policía Nacional Civil de Guatemala por complicidad en el asesinato de siete reclusos durante un operativo realizado en 2006 en la Granja Penal Pavón. La decisión cierra la vía judicial interna en el país europeo, aunque su defensa anticipó que volverá a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según información divulgada por EFE.

El exfuncionario, de 56 años y con doble nacionalidad guatemalteca y suiza, dirigió la Policía Nacional Civil entre 2004 y 2007. La acusación lo vinculó con la planificación y ejecución de la operación policial denominada “Pavo Real”, desplegada el 25 de septiembre de 2006 para recuperar el control del penal situado en las afueras de Ciudad de Guatemala.

Durante aquel procedimiento murieron siete presos. La versión oficial sostuvo inicialmente que los reclusos habían fallecido en un enfrentamiento armado con la policía, pero la Justicia de Ginebra concluyó que las muertes fueron ejecuciones.

Las heridas de bala y la versión descartada del enfrentamiento

De acuerdo con EFE, el Tribunal Cantonal de Ginebra determinó en 2024 que los cuerpos presentaban heridas de bala incompatibles con un tiroteo cruzado. Esa valoración fue ratificada por el Tribunal Federal, con sede en Lausana, al desestimar el planteamiento de la defensa sobre la reconstrucción de los hechos.

La apelación de Sperisen se apoyaba en tres argumentos: la presunción de inocencia, la credibilidad de los testigos y una supuesta contaminación de la prueba. La máxima instancia judicial suiza rechazó los tres puntos y consideró que la sentencia dictada el año pasado estuvo “suficientemente motivada” y no incurrió en arbitrariedad.

El exjefe policial también sostuvo que la absolución en Austria de otra persona procesada en relación con el mismo caso debía tener consecuencias favorables para su situación. El tribunal descartó igualmente esa pretensión.

La confirmación de la pena concluye un expediente que atravesó distintas revisiones en los tribunales suizos durante 15 años. El recorrido incluyó una condena inicial a prisión perpetua, una anulación por cuestiones procesales, un segundo juicio y una intervención previa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Una causa con condenas anuladas y nuevos juicios

Un tribunal de Ginebra condenó por primera vez a Sperisen a cadena perpetua en 2014. Sin embargo, el Tribunal Federal anuló esa sentencia al detectar problemas de procedimiento, por lo que el caso debió ser juzgado otra vez.

El nuevo proceso celebrado en Ginebra concluyó en 2018 con una condena de 15 años de prisión. Esa resolución tampoco cerró definitivamente el caso, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró en 2023 que el procedimiento no había sido plenamente imparcial.

La decisión del organismo europeo obligó a devolver el expediente a los tribunales ginebrinos. En la nueva sentencia de 2024, el Tribunal Cantonal de Ginebra redujo en un año la pena anterior al considerar que se había vulnerado el derecho a un procedimiento expedito.

Los jueces calificaron aquella infracción como “moderada” frente a la gravedad de los delitos, la complejidad del expediente y sus implicaciones internacionales. Por ese motivo, mantuvieron una disminución limitada respecto de la condena establecida en el juicio anterior.

La resolución del Tribunal Federal avaló esa evaluación y consolidó la responsabilidad penal de Sperisen por su participación en la muerte de los siete internos de Pavón. Con esa decisión, el exdirector policial ya no dispone de recursos dentro de la jurisdicción suiza.

La defensa planea presentar una nueva demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Sperisen ya había obtenido una decisión favorable de ese organismo en 2023, cuando el tribunal europeo cuestionó la imparcialidad del proceso que derivó en la condena de 2018.