
Guatemala presentó una hoja de ruta de cuatro años para reducir las muertes y lesiones graves en las carreteras, después de identificar que cinco corredores concentran el 79% de la siniestralidad vial reportada en el país.
La estrategia fue expuesta durante el Sexto Congreso Internacional de Seguridad Vial, que reunió a autoridades, empresas, académicos y organizaciones civiles.
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Los tramos priorizados son CA-01 Occidente, CA-09 Sur, CA-02 Occidente, CA-09 Norte y CA-01 Oriente, de acuerdo con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA).
La concentración de hechos de tránsito en esas rutas orientará las medidas de corto, mediano y largo plazo previstas por el plan.
El encuentro, organizado por Automóvil Club Guatemala, FUNDESA y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham Guatemala, llevó el lema “Del diagnóstico a la ruta: hacia un sistema seguro de movilidad en Guatemala”.
La directora ejecutiva de AmCham Guatemala, Waleska Sterkel de Ortiz, y la directora de FUNDESA, Lorena Toriello, plantearon la necesidad de coordinar respuestas frente a la siniestralidad vial.
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La iniciativa también incluyó el lanzamiento de la Mesa de Seguridad Vial, un espacio destinado a fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas en la prevención, la atención y la reducción de los riesgos en las vías.

Un sistema vial diseñado para admitir errores humanos
El director de Seguridad Vial de Automóvil Club Guatemala, Juan Carlos Botrán, presentó junto al experto colombiano Ricardo Gaviria el diagnóstico que sirvió como base para definir las prioridades. El enfoque parte de que los errores humanos son posibles, pero el sistema debe impedir que esos errores deriven en consecuencias fatales o lesiones graves.
Botrán explicó que el modelo se apoya en cuatro principios: la falibilidad humana, la vulnerabilidad del cuerpo ante los impactos, la responsabilidad compartida y la redundancia de las medidas de seguridad. Este último criterio busca evitar que varios factores de riesgo coincidan en un mismo siniestro.
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El especialista resumió el cambio de perspectiva con una frase dirigida a las instituciones y a la sociedad: “Dejemos de preguntar quién se equivocó y empecemos a preguntar qué falló en el sistema vial”.
Gaviria evaluó la capacidad institucional de Guatemala a partir de cuatro dimensiones: capacidad formal, implementación sostenida, prueba de protección y aprendizaje sistémico.
Esa línea de base vincula la estructura de las instituciones con el alcance de las medidas aplicadas y la capacidad de tomar decisiones para cerrar brechas.
La hoja de ruta prevé medir los avances del sistema durante los próximos años. El objetivo es determinar qué acciones requieren prioridad y cómo deben articularse los organismos públicos, los gobiernos locales, el sector privado, las gremiales, la academia y la sociedad civil.
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La coordinación estatal y el costo de los siniestros
El asesor del Ministerio de Gobernación, Manuel Valiente, presentó el compromiso de esa cartera para avanzar con la ejecución de la estrategia. Señaló que el proceso exige la participación articulada del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los gobiernos locales y las distintas entidades vinculadas con la movilidad.
El viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Fernando Suriano Buezo, intervino de forma virtual y expuso el compromiso de su dependencia. El funcionario planteó la necesidad de integrar regulación, infraestructura, supervisión, prevención, información y atención posterior a los hechos de tránsito en un modelo coordinado.
La experiencia regional estuvo representada por el gerente del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, Roy Rojas, quien sostuvo que la seguridad vial no puede tratarse como un problema aislado. La movilidad, indicó, está atravesada por factores políticos, económicos, tecnológicos y sociales, además de la urbanización desordenada, las pautas culturales de conducción y el envejecimiento de la población.
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El jefe del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, Haroldo Reyes, presentó una radiografía de la siniestralidad vial para identificar patrones, causas y zonas que requieren intervención. La información busca que los incidentes dejen de analizarse como episodios independientes y se vinculen con las condiciones que permiten su ocurrencia.
El presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, José Adolfo Flamenco Jau, abordó las consecuencias de los hechos de tránsito para las familias, las empresas y el sistema de seguridad social. La respuesta integral incluye atención médica, rehabilitación, apoyo legal y psicológico, procesos judiciales, pérdida de productividad y discapacidad de largo plazo.
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En la capital, el gerente general de EMETRA de la Municipalidad de Guatemala, Héctor Flores, señaló que la movilidad segura debe contemplar la convergencia de municipios y sistemas de transporte. El planteamiento integra planificación urbana, infraestructura, gestión del tránsito y protección para peatones, ciclistas y motociclistas.
El cierre del congreso incluyó la entrega pública de un estudio técnico sobre la curva El Chilero, situada en la CA-1 Oriente. Salvador Morales presentó el análisis de ese tramo, que evaluó infraestructura, velocidad, señalización y comportamiento vial para definir medidas que reduzcan la coincidencia de factores de riesgo.
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