Fiscal general de Guatemala, García Luna acuerda con Estados Unidos perseguir redes narco y financiamiento ilícito

El fiscal general de Guatemala y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, en conferencia de prensa, confirmó una alianza con Estados Unidos para perseguir al narcotráfico, sus vínculos políticos y el financiamiento ilícito de cara a las elecciones generales de 2027. El acuerdo se formalizó tras la visita simultánea de diez fiscales federales estadounidenses de nueve distritos, una coordinación que también apunta a reforzar las extradiciones y las investigaciones sobre crimen organizado transnacional.

La cooperación involucra a seis agencias del gobierno estadounidense y comenzó en la primera semana de la gestión de García Luna al frente del Ministerio Público de Guatemala. La delegación se reunió con el presidente, Bernardo Arévalo; el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; y las autoridades de la fiscalía.

El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, definió el objetivo de la visita: “Los fiscales que hoy nos acompañan están aquí para fortalecer estos lazos con el Ministerio Público y perseguir a narcotraficantes, sus aliados y quienes les facilitan protección, incluyendo narcopolíticos”.

Diez fiscales de nueve distritos y seis agencias estadounidenses

Los representantes llegaron desde los distritos Sur de California, Arizona, Nuevo México, Oeste de Texas, Norte de Texas, Sur de Texas, Este de Texas, Sur de Florida y Norte de Nueva York. Cinco de los fiscales fueron designados durante la administración del presidente Donald Trump.

La misión también incluyó a funcionarios de la Administración de Control de Drogas, el Buró Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional y la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. García Luna sostuvo que el encuentro consolidó una relación bilateral iniciada poco después de su asunción: “La reunión con los fiscales de Estados Unidos fue muy importante porque fue el espaldarazo a una relación que se inició desde la primer semana con el Ministerio Público”.

El año pasado, Guatemala y Estados Unidos alcanzaron un récord de 34 extradiciones, una cifra que está cerca de ser superada durante el actual período, según informó Andrews ante la delegación estadounidense. La cooperación contempla el intercambio de datos sobre denuncias contra ciudadanos guatemaltecos y eventuales solicitudes de extradición de interés para ambos países.

García Luna no confirmó que Estados Unidos haya entregado una lista formal de políticos guatemaltecos sospechados de vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, señaló que pueden existir investigaciones en territorio estadounidense y datos compartidos que sirvan para abrir o ampliar pesquisas en Guatemala.

El financiamiento electoral bajo investigación para 2027

El Ministerio Público pondrá el foco en la posible penetración de organizaciones narcotraficantes en las actividades partidarias y electorales. García Luna afirmó que el fenómeno “constituye un desafío que debe ser atendido con responsabilidad, capacidad institucional y estricto apego a la ley”.

El fiscal general advirtió que las estructuras criminales ya no se dedican únicamente al transporte y la venta de drogas. Los recursos que producen deben movilizarse, ocultarse e incorporarse a circuitos que aparentan ser legales, una dinámica que adquiere otra dimensión cuando alcanza a la política, la justicia o los comicios.

“Uno de esos ámbitos requiere particular atención ante las próximas elecciones generales del 2027: la posible vinculación del narcotráfico y de estructuras del crimen organizado con actividades políticas y electorales”, sostuvo García Luna. El Ministerio Público investigará esos casos mediante la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos y la Fiscalía de Delitos Electorales.

La coordinación entre esas dependencias buscará identificar grupos criminales, rastrear fondos de origen ilícito y establecer si existieron delitos electorales. García Luna confirmó que hay una investigación abierta sobre el financiamiento ilegal de campañas, aunque evitó revelar nombres para no afectar la estrategia procesal.

El jefe del Ministerio Público señaló que los candidatos que aceptan fondos de narcotraficantes o pandillas asumen obligaciones con esas organizaciones si resultan electos. “Al aceptar ese dinero adquieren compromisos el funcionario que pueda salir electo”, explicó.

Capacitación municipal y presencia reforzada en los comicios

El Ministerio Público inició mesas de trabajo con la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales para preparar la recepción de denuncias durante el proceso de 2027. El secretario general de la institución, Edwin Santiago Chavajay, explicó que la medida responde al aumento habitual de violencia electoral antes de los comicios generales.

Las agencias fiscales municipales tendrán turnos de atención reforzados y sus funcionarios recibirán formación sobre los delitos que suelen configurarse en contextos electorales. Chavajay indicó que, en procesos anteriores, algunas denuncias llegaron a las fiscalías locales sin que se realizaran las primeras diligencias necesarias.

“Muchas veces se ha presentado la situación de que las fiscalías municipales reciben denuncias, pero por no estar capacitados en la especificidad del tipo penal, no realizan las primeras diligencias necesarias”, afirmó. Las jornadas de capacitación comenzarán en las próximas semanas.