La exintegrante de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, María Juana Elías, obtuvo el sobreseimiento de la causa penal por su participación en las manifestaciones de octubre de 2023 contra la entonces fiscal general Consuelo Porras. El Juzgado Tercero Penal concluyó que no existían indicios de una conducta delictiva y cerró el proceso, que también involucró a autoridades de la Alcaldía Indígena de Sololá.
El fallo dejó sin efectos la persecución contra la última persona señalada en el expediente, después de que otros exlíderes de ambas organizaciones indígenas fueran liberados el 11 de septiembre. La resolución también ordenó una disculpa pública del Estado de Guatemala por la criminalización de autoridades que ejercieron su derecho a manifestar.
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La falta de pruebas y el cierre definitivo de la causa
Elías compareció ante el juez Mynor Moto para resolver su situación jurídica, luego de que el Ministerio Público solicitara la falta de mérito a su favor. La Fiscalía sostuvo que no había elementos que permitieran suponer que hubiera cometido un acto criminal durante las protestas.
La defensa pidió, además de la falta de mérito, el cierre total del caso porque ya no había más personas vinculadas y no se habían acreditado delitos. Moto aceptó ambas solicitudes y decretó el sobreseimiento.
El juez señaló que la investigación no permitió atribuirle una actuación ilegal a la exintegrante de los 48 Cantones. “No hay evidencia de que usted haya realizado una conducta personal que sea de naturaleza criminal”, afirmó durante la audiencia.
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Moto descartó que existieran bases para procesarla por sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. La falta de mérito fue dictada con base en el artículo 172 del Código Procesal Penal.
La decisión también se apoyó en el artículo 328 de esa norma, debido a que no quedaban otros elementos por incorporar a la causa. Una vez firme, la resolución tendrá carácter de cosa juzgada y Elías quedará sin medidas de coerción legal, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
El magistrado sostuvo que la acusación había intentado presentar a los 48 Cantones y a su junta directiva como una organización criminal orientada a actos delictivos. Sin embargo, indicó que las pruebas, los análisis de descargo y las actas de distintas juntas directivas acreditaron que se trata de una institución ancestral.
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También afirmó que sus integrantes actuaron dentro de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en el artículo 66 de la Constitución y de su derecho a la manifestación. Elías deberá ser incluida en el acto de disculpa pública que la Procuraduría General de la Nación debe realizar a favor de los líderes indígenas.
El reclamo de reconocimiento para una organización ancestral
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, celebró el cierre de la causa contra Elías y describió la persecución contra las autoridades indígenas como “uno de los capítulos más oscuros de la justicia en Guatemala”.
“La persecución contra autoridades indígenas por defender la democracia nunca debió ocurrir. Nunca debieron ser criminalizadas por alzar la voz y defender al pueblo”, publicó el mandatario en sus redes sociales. Arévalo recordó que antes habían sido liberados Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc.
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Eduardo Tax, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, afirmó que la resolución confirma que la organización no es criminal, sino una estructura comunitaria ancestral que busca la paz social. También señaló que coordinarán la disculpa pública ordenada por el juzgado.
Tax sostuvo que la prioridad era lograr que los líderes quedaran fuera de prisión y de la persecución penal, además del reconocimiento de la organización como una institución comunitaria. A su juicio, la causa fortaleció la unidad de los 48 Cantones.
La junta directiva del período 2026 inició sus gestiones en enero, tras la captura de Basilio Puac, y luego dio seguimiento a los casos de Pacheco y Chaclán. Con la resolución a favor de Elías, el expediente quedó cerrado para todas las autoridades indígenas que habían sido procesadas.
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